La cúpula policial compró equipos de espionaje telefónico sin autorización

Altos cargos compraron presuntamente esos equipos meses antes de que se produjeran grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña

Jorge Fernández Díaz, junto a Ignacio Cosidó (izquierda) y Eugenio Pino en 2013.
Jorge Fernández Díaz, junto a Ignacio Cosidó (izquierda) y Eugenio Pino en 2013.Juan Herrero (EFE)

La cúpula policial en tiempos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz disponía de la tecnología suficiente para poder interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos sin autorización judicial. El director adjunto operativo, Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Fuentes Gago, compraron presuntamente esos equipos de forma clandestina a la empresa israelí Raizone Group meses antes de que se produjeran las grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, así como una reunión entre policías y miembros del CNI.

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El que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional y responsable de la comisión judicial de los casos Nicolay y Villarejo, Marcelino Martín Blas, presentó el viernes pasado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, en el que adjuntaba pruebas de la citada compra de material de espionaje telefónico, que vinculaba con las dos citadas grabaciones ilegales. La primera se investigó sin que se llegará a conclusiones fehacientes, y la segunda sigue abierta en una pieza separada en la que figura como investigado por revelación de secretos el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Junto al escrito, el abogado de Martín Blas presenta documentación acreditativa de que Pino y Fuentes Gago adquirieron de forma oculta el citado material a Raizone Group en el verano de 2014. Las pruebas presentadas fueron remitidas al comisario ya retirado por un policía de Asuntos Internos, al que apodan Lionel, los días 16 y 18 de octubre pasados. Entre estos documentos están dos cartas con membrete de Eugenio Pino Sánchez (director adjunto operativo hasta hace unos meses), en las que figuran la propuesta económica de la compra y un informe sobre correos electrónicos remitidos el 31 de julio de 2014.

Adquisición clandestina

De esas pruebas se deduce que Pino y Fuentes Gago realizaron presuntamente la compra del citado material de forma oculta durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014 a la empresa israelí Rayzone Group LTD. Se trata de tecnología de última generación destinada a interceptar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. En los correos electrónicos, los policías explican a los proveedores que la mercancía debería ser introducida de forma subrepticia en España a través del aeropuerto de Barajas, en Madrid.

En concreto, las cartas del 31 de julio de 2014, redactadas en inglés, iban destinadas al señor Matan Caspy de Rayzone Group, en la ciudad de Tel Aviv (Israel). Eugenio Pino les invitaba a “realizar demostraciones y pruebas de campo en vivo durante diez días acerca de las tecnologías inter app sistems y tactical pasive GSM system capabilities”, proponiéndose como fecha para las pruebas el 11 de agosto de 2014. En un correo posterior, se concretaban el precio y las condiciones de pago, a realizarse en septiembre.

La compra de estos sofisticados equipos se realizó sin que existiera registro oficial o concurso alguno, según se deduce de la amplia documentación presentada en el juzgado, que incluye todas las compras y concursos oficiales para material tecnológico del Ministerio del Interior en 2014. Además, la entrega del material se produjo pocas semanas antes de que se produjeran varias grabaciones ilegales, cuyas interceptaciones telefónicas no han dejado rastro de su metodología, a pesar de haber sido investigadas oficialmente.

Las primeras se realizaron en el despacho del por entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, los días 2 y 16 de octubre de ese año. Se trata de conversaciones del ministro con el que era jefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, Daniel de Alfonso. Esa grabación fue posteriormente filtrada a la prensa, causando un gran escándalo, por cuanto se deducía que ambos habían conspirado para actuar en contra de políticos nacionalistas catalanes, en connivencia con la propia fiscalía anticorrupción.

Esta grabación motivó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la posible utilización partidista del Ministerio del Interior, así como la elaboración de varios informes técnicos sobre el método de grabación, que se cerraron sin conclusiones fidedignas. Según el escrito presentado el viernes en el juzgado, “con la documentación que aquí se aporta podría darse explicación a dichos graves hechos delictivos de descubrimiento y revelación de secretos”. Daniel de Alfonso declaró en la citada comisión de investigación que José Fuentes Gago (involucrado presuntamente en la compra de los equipos de grabación) fue el artífice de la reunión.

La segunda grabación se realizó el 20 de octubre de 2014 en un despacho oficial de la Policía en el que se celebraba una reunión entre miembros de la Unidad de Asuntos Internos y componentes del Centro Nacional de Inteligencia. Esa grabación fue manipulada y filtrada a varios diarios digitales con intención de anular el procedimiento contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, según consta en los informes de la comisión judicial.

Por esa actuación se inició una pieza separada en el caso y se imputó al comisario José Manuel Villarejo, a su actual esposa, Gemma Alcalá (directora del digital Información Sensible, que distribuyó la grabación) y al periodista Carlos Mier, que por entonces trabajaba en ese medio. Según la comisión judicial, fue Mier el que activó el sistema de grabación, que había sido instalado con anterioridad en el teléfono de Martín Blas. En el escrito presentado el viernes, se vincula esta grabación a los equipos adquiridos un mes antes por Pino y Fuentes Gago.

Por todo ello, el abogado de Martín Blas solicita la declaración como investigados de Eugenio Pino y José Fuentes Gago. Asimismo, se pide que declaren como testigos el propio denunciante, así como el policía apodado Lionel y el que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Por último, se solicita una comisión rogatoria a EE UU para obtener información sobre la dirección IP utilizada para las gestiones de la compra de ese material, así como la investigación de las cuentas de e-mail de Pino y Fuentes Gago.

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