El juez acredita ya que el espionaje policial a Bárcenas costó más de 53.000 euros en fondos reservados

El Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz destinó al menos 53.266 euros de los fondos reservados para la llamada Operación Kitchen, el entramado parapolicial de seguimiento al extesorero del PP Luis Bárcenas puesto en marcha con el objetivo de arrebatarle información comprometedora para el partido que pudiera guardar durante la investigación judicial de la caja b. En una resolución del pasado 16 de abril, incluida en el sumario del caso Bárcenas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata detalla que “han quedado acreditados 25 abonos entre julio de 2013 y septiembre de 2015” en la Operación Kitchen, que estuvo coordinada por la Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando de la Policía, y que contó con la participación como agente encubierto de Sergio Ríos Esgueva, que fue chófer de Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias.

De esta cantidad, relata el juez, 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios, a razón de 2.000 euros mensuales –algunos meses algo más–, y el resto a gastos de comida (2.574 euros), transporte (496 euros) y abonos de otra naturaleza (195 euros). Las entregas de dinero fueron efectuadas, señala el magistrado, por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, cabecilla de la trama policial corrupta y en prisión desde noviembre de 2017, y su compañero Andrés Gómez Gordo. También participó en la ejecución del plan Enrique García Castaño, El Gordo, máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo, la división policial encargada de operaciones encubiertas de obtención de información contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Los fondos, afirma el juez, procedían de la Dirección Adjunta Operativa, que estaba dirigida por Eugenio Pino.

La investigación sobre este entramado parapolicial, que se sigue en dos juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional –el Central 5, que lleva el caso de la caja b del PP, y el Central 6, que lleva el macrosumario sobre los negocios de Villarejo– ha dejado constancia de que el extesorero Bárcenas y su esposa fueron objeto de seguimientos entre el 25 de julio y el 11 de noviembre de 2013 y entre el 23 de enero y el 12 de febrero de 2014.

Además, según la investigación, hubo un gasto de fondos reservados de 700 euros para comprar una pistola a Sergio Ríos, que tras la Operación Kitchen ingresó supuestamente enchufado en la Policía Nacional como funcionario, y un ordenador portátil de 1.905 euros con el que descargar la información arrebatada a los Bárcenas y entregársela supuestamente al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en la pieza Kitchen del Juzgado Central 6.

Para encubrir el verdadero objeto de la operación, que no era otro, según el juez, que detectar el lugar donde Bárcenas guardaba los documentos sensibles para el PP y conseguir su incautación, García Castaño hizo creer a los investigadores bajo su mando que lo que se buscaba era el posible patrimonio oculto del extesorero y su esposa, e identificar a las personas que colaboraban con ellos para camuflarlo. El comisario recibiría personalmente la información para trasladársela posteriormente a las unidades policiales de la UDEF, que investigaba el caso de la caja b del PP entonces a las órdenes del juez Pablo Ruz.

En los informes de seguimiento, que en realidad buscaban boicotear la investigación judicial, se hace hincapié en los tipos de bolsos que portan las personas vigiladas, aquellas con las que se relacionan y las posibles entregas de documentos efectuadas. “Se utilizaron recursos humanos, técnicos y económicos asignados a la Policía Nacional (…) y se llevó a cabo el control de las actuaciones por los órganos superiores de las unidades intervinientes”, afirma el juez.

“Los resultados obtenidos cumplieron con los objetivos marcados mediante el apoderamiento de documentación integrada por al menos los documentos manuscritos por Rosalía Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de Sergio Ríos en unión de Andrés Gómez Gordo”, comisario de policía de la máxima confianza de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, cuya imputación solicita la Fiscalía en la causa abierta en el Juzgado Central 6 junto con su esposo, Ignacio López del Hierro, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.