Cinco policías tienen autorización del Gobierno para dar detalles secretos del espionaje a Bárcenas

Cinco policías imputados en el caso Villarejo por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas tienen autorización expresa del Gobierno para facilitar al juez Manuel García-Castellón detalles secretos de aquel operativo. Entre los autorizados destacan el propio comisario José Manuel Villarejo, epicentro de la macrotrama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional, y Eugenio Pino, número dos de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) y supuesto muñidor de la llamada brigada política. Completan la lista los también comisarios Enrique García Castaño, conocido como El Gordo; Andrés Gómez Gordo, y el policía Sergio Ríos Esgueva, antiguo chófer del extesorero popular.

El acuerdo del Consejo de Ministros que les exime del “deber de secreto”, fechado el 7 de diciembre de 2018, se ha conocido al levantarse el secreto de sumario de parte de la llamada pieza Kitchen. Esta línea del macrosumario del caso Villarejo investiga la supuesta operación urdida en la cúpula de Interior tras estallar el escándalo de los llamados papeles de Bárcenas. El juez levantó el secreto después de que el secretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, imputado también en la causa, se negase a finales de enero a declarar hasta conocer el contenido del sumario. A pesar de no ser policía, el antiguo alto cargo también ha solicitado que el Ejecutivo le exonere de la obligación de guardar silencio sobre los hechos confidenciales que hubiera conocido durante su etapa como número dos del ministro Jorge Fernández Díaz. Martínez es sospechoso de autorizar el uso de fondos reservados en los seguimientos a Bárcenas.

Aunque aún se desconoce la respuesta del Gobierno sobre la petición de Martínez, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya autorizó a los cinco policías a declarar después de que el entonces juez instructor, Diego de Egea, solicitara el 22 de noviembre de 2018 la desclasificación de aquellos documentos de los fondos reservados que tuvieran alguna relación con los seguimientos sin control judicial al extesorero del PP y su entorno. El magistrado detallaba que la investigación había surgido tras localizar en el domicilio de Villarejo un pendrive con varios archivos de audio “que vendrían a demostrar que dicho operativo excedería del marco legalmente establecido”.

Supuestamente, la llamada brigada política —el grupo de agentes creado en la etapa de Fernández Díaz en Interior para espiar a rivales políticos del PP— pretendía hacerse con documentos y archivos de audio en poder de Bárcenas “que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular”. En ese mismo escrito, el juez De Egea pedía al Gobierno que “relevase del deber de secreto” a los cinco policías para que pudieran “voluntariamente declarar” sobre aquellos hechos.

El comisario García Castaño, uno de los policías señalados, fue quien pidió al juez que solicitara al Gobierno que le exonerara del deber de guardar silencio. Esgrimió que, si hablaba sin autorización sobre los fondos reservados que se utilizaron, cometería un delito. De hecho, desde que recibió la autorización ya ha declarado varias veces y ha aportado información sobre esta partida. En octubre de 2019, detalló cómo adquirió un ordenador con esos fondos para volcar en él la información que habían obtenido de manera irregular de los teléfonos del extesorero y su mujer gracias a la supuesta colaboración del chófer de la pareja, Sergio Ríos. El comisario se reafirmó en que este equipo informático, y toda la información que se grabó en su memoria, tenía como supuesto destinatario a Francisco Martínez.

También Eugenio Pino ha aportado información. En una declaración ante el juez admitió que hubo un operativo de seguimiento a Barcenas, aunque negó que se bautizara como Operación Kitchen, como reflejaba su subordinado el comisario Villarejo en sus notas. En otra comparecencia, también confirmó que se utilizaron fondos reservados para pagar 2.000 euros mensuales al entonces chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, a cambio de que informara de los pasos de Bárcenas y su familia.

¿Quién es quién?

Eugenio Pino. Con un contundente “la operación Kitchen no existe”, el director adjunto de la Policía con Jorge Fernández Díaz rechazó en 2019 que hubiera encabezado una actuación contra Bárcenas al margen de la ley. El supuesto muñidor de la brigada política, que se sentó este junio en el banquillo acusado de incorporar al caso Pujol un pendrive con documentos de origen presuntamente ilícito, defendió ante el magistrado que simplemente habían puesto en marcha una investigación para recabar información sobre el dinero que se sospechaba que el extesorero del PP tenía escondido. Pero de nada de eso informaron al juez que llevaba la instrucción en la Audiencia Nacional. Y, es más, García-Castellón le preguntó directamente a Pino por la relación del exministro Fernández Díaz con el espionaje a Bárcenas.

José Manuel Villarejo. Epicentro de la macrotrama de corrupción que se investiga en el caso Villarejo, se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017 y la Fiscalía ya ha pedido que se le condene a más de 100 años de prisión por varias de las causas que tiene abiertas. Su relación con las altas esferas del poder era habitual, según detalló al juez su jefe, Eugenio Pino, que aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy llegó incluso a interceder a su favor. Según la versión del antiguo número dos de la Policía, Fernández Díaz se quejó en nombre del presidente Mariano Rajoy del mal trato al comisario Villarejo. “No obedecía mis órdenes”, insistió Pino, que apostilló: “Respondía a otras estructuras”.

Enrique García Castaño. Uno de los primeros en señalar a Francisco Martínez fue el comisario jubilado García Castaño, antiguo jefe de Información de la Policía Nacional. Él le contó al juez que le entregó al exsecretario de Estado de Seguridad un pendrive con información extraída de los móviles del extesorero popular gracias a su chófer, confidente policial. Dijo, además, que lo hizo por orden de Eugenio Pino. Además de en Kitchen, El Gordo se encuentra imputado en, al menos, otras cuatro piezas de esta macrocausa. Y, solo por dos de ellas, la Fiscalía ya le pide una pena de 82 años y 10 meses de cárcel.

Sergio Javier Ríos. El chófer de Bárcenas se mostró en un primer momento renuente ante el juez, negándose a declarar, pero finalmente confesó ante el juez que el Gobierno del PP le pagó con fondos reservados por espiar al extesorero y a su entorno. El propio Bárcenas sospecha que fue él quien le sustrajo en 2013 hasta 27 documentos comprometedores para el PP de Rajoy. El primer juez instructor de la causa ya señaló en un auto que este operativo ilegal conocido como Kitchen tenía por objeto “la localización de documentos y archivos de audio [en poder de Bárcenas] que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del PP”. Según añadió el magistrado, el operativo tuvo un “resultado positivo”.

Andrés Gómez Gordo. A este comisario se le sitúa en la brigada patriótica cuando aún era asesor de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también secretaria general del PP. Ríos lo señaló como la persona que lo captó como confidente de la Operación Kitchen. García Castaño también le atribuye la autoría del informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán financió a Podemos y que acabó publicado en varios medios de comunicación.