La ‘policía patriótica’ ya espera su primera sentencia

La bautizada como brigada patriótica, ese grupo de agentes urdido en la cúpula de la Policía Nacional durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) al frente del Ministerio del Interior, ya aguarda su primera sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado este viernes por concluido el juicio que ha sentado en el banquillo al comisario Eugenio Pino, supuesto muñidor de la trama de agentes e investigado también en el caso Villarejo; y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. A ambos se les acusa de haber tratado de incorporar al caso Pujol un pendrive con documentos de origen presuntamente ilícito y se pide para ellos una pena de hasta seis años y medio de cárcel. La Fiscalía y las defensas solicitan, en cambio, la absolución.

Tras cuatro jornadas de sesiones, la presidenta del tribunal ha dado por cerrada la vista oral este viernes. “Queda visto para sentencia”, ha dicho la magistrada, después de que todas las partes plantearan sus conclusiones finales sobre unas pesquisas que han acorralado por primera vez a Pino, director adjunto operativo de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, y que nacen en la Audiencia Nacional.

El juez José de la Mata —que investigaba a la familia Pujol por el supuesto origen ilícito de su patrimonio— recibió en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con referencias a documentos de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, desconocidos hasta entonces y cuya procedencia la policía no detallaba. Unos meses después, en febrero de 2017, se aportaría una memoria informática con ellos, pero ningún mando del Cuerpo aclaraba cómo se habían conseguido.

Ante el temor de que se hubieran obtenido de forma ilícita y provocaran la nulidad del proceso, De la Mata decidió no incorporarlos al sumario y envió el caso a los juzgados de Madrid al apreciar indicios de delito. Entonces, el juez instructor que asumió las pesquisas concluyó que Pino y Díez Sevillano se habían aliado “para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola”. Unas acusaciones que ambos niegan.

“Parece ahora que este es el pendrive más importante de la historia”, insistió este viernes una de las abogadas de los acusados. Las defensas recalcan que “nadie podía sospechar del origen ilícito del USB porque nadie vio su contenido”. Y la Fiscalía, que también pide la absolución, considera que la tesis de la acusación solo se basa en “sospechas”. En opinión del ministerio público, no ha quedado demostrado que la memoria informática que recibiese Pino en 2012 fuese la misma que acabó en la Audiencia Nacional, ni que los archivos bajo sospecha procediesen del ordenador de Pujol Ferrusola.

Las acusaciones, por supuesto, niegan esa argumentación. El abogado del primogénito del expresident, Cristóbal Martell, ha detallado que el pendrive aportado contenía “la vida universal de un individuo del año 97 al 2002: viajes, con quién viaja, los regalos de navidad que él hacía a terceros, los pésames que libraba, cartas de todo orden…”. “Engañan desde el minuto uno [sobre su procedencia]”, ha apostillado el letrado, que pide dos años y medio de cárcel para cada uno de los antiguos agentes de la Policía Nacional. Podemos, personado como acusación popular, solicita seis años y medio para Pino, y cinco para Díez Sevillano.

“El origen [del pendrive] solo puede ser ilícito”, ha añadido Alejandro Gámez, abogado de la formación de izquierdas, este viernes. De hecho, en la sesión del jueves, el jefe de UDEF en aquella época, el comisario ya jubilado Manuel Vázquez, relató que fue Díez Sevillano quien le entregó el USB, aunque este lo había negado. La Audiencia Provincial deberá ahora valorar y dictar sentencia sobre una supuesta operación atribuida a estos presuntos miembros de la policía patriótica, a la que se le atribuye toda una batería de maniobras contra los rivales políticos del PP.