POLICÍA PATRIÓTICA

Un email compromete la versión de la policía patriótica del PP sobre el pendrive fantasma del ‘caso Pujol’

El comisario Pino, supuesto muñidor del grupo, insiste en que la memoria informática apenas estuvo en sus manos y nunca supo qué datos contenía

El comisario Eugenio Pino, este martes al inicio del juicio por el caso conocido como 'pendrive de Pujol' en la Audiencia Provincial de Madrid.
El comisario Eugenio Pino, este martes al inicio del juicio por el caso conocido como 'pendrive de Pujol' en la Audiencia Provincial de Madrid.Chema Moya / EFE

El juicio contra la llamada policía patriótica del PP por intentar incorporar al sumario del caso Pujol un pendrive con documentos supuestamente robados a la agencia de detectives barcelonesa Método 3 se inició este martes en la Audiencia Provincial de Madrid. En la primera sesión de la vista oral se conoció la existencia de un correo electrónico que compromete la versión de los dos acusados, el comisario Eugenio Pino, exnúmero dos de la Policía, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, para quien las acusaciones particulares solicitan entre dos y diez años de prisión por delitos de revelación de secreto, estafa procesal y falso testimonio.

Se trata de un mensaje que un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) envió a Díez Sevillano después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata descubriera la maniobra policial para perjudicar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a sus hijos en la investigación contra ellos por delitos fiscales y blanqueo de capitales. El correo apunta que el inspector jefe llevó el dispositivo de memoria electrónica a los investigadores del caso Pujol por orden de su superior Pino, aunque ambos lo negaron al tribunal. La fiscalía solicita la absolución de los dos antiguos mandos policiales.

En su declaración como acusado, el comisario Pino, director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016, negó haber dado instrucciones para que el contenido la memoria informática fuera utilizado en los informes que la UDEF elaboraba dentro de la investigación sobre el expresident y su familia. Pino aseguró al tribunal que la memoria se la había entregado en 2013 o 2014 el también comisario Marcelino Martín Blas, entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, sin que le especificase su origen. El que fuera número dos de la Policía recalcó que el dispositivo estuvo en sus manos poco tiempo y que nunca lo abrió, por lo que nunca supo qué datos contenía.

El alto mando policial añadió que devolvió el pendrive a Martín Blas para que se lo diera “al CNI, a la Comisaría General de Información [responsable de la lucha antiterrorista] y a la Policía Judicial” y analizaran su contenido por si tenía información de utilidad. El comisario Pino añadió que no volvió a tener noticia sobre el pendrive hasta que, en una comida con otros policías, le comentaron que había malestar en la Audiencia Nacional por la documentación usada en uno de los informes del caso Pujol. Pino destituyó a Martín Blas por sus enfrentamientos con el comisario José Manuel Villarejo, uno de los máximos exponentes de la policía patriótica del PP, en prisión desde noviembre de 2017.

El segundo acusado, Díez Sevillano, que en aquellos años estaba a las órdenes de Pino, negó que llevara el dispositivo electrónico a la UDEF, como declararon durante la instrucción otros mandos policiales y como sugiere el correo electrónico conocido este martes. El inspector jefe recalcó que, si hubiera sido así, hubiera quedado constancia documental, ya que la entrega de cualquier documentación a una unidad policial queda registrada. Sobre si llegó a conocer el contenido de la memoria informática, aseguró que en una ocasión el entonces jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez, le mostró en la pantalla de su ordenador los archivos que albergaba. “Ese es todo el conocimiento que puedo tener del supuesto pendrive”, añadió.

Sin embargo, la versión de ambos –que solo respondieron a las preguntas del fiscal y sus defensas– mostró sus lagunas con las declaraciones de los primeros testigos. Uno de ellos, el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna, destinado en la UDEF y quien encontró en 2017 en un cajón el pendrive, aseguró que a él se lo entregó el entonces jefe de la unidad, el comisario Vázquez, y que fue este quien le comentó que lo había llevado Díez Sevillano por orden de Pino. Tras él declararon otros dos mandos policiales de la UDEF. Uno de ellos, el inspector jefe Daniel Gallego, fue quien envió, en mayo de 2016, el email que compromete la versión de los dos inculpados. El segundo, el comisario José Manuel García Catalán, figuraba en copia del mensaje al ser en aquel momento el jefe accidental de la UDEF.

El primero aseguró que con aquel mensaje intentaba conocer el origen del pendrive por orden del juez De la Mata, pero no supo explicar por qué se le envió a Díez Sevillano, cuando este no participaba en la investigación del caso Pujol, ni por qué puso en el asunto “Método 3”, el nombre de la agencia de detectives de la que supuestamente se extrajo irregularmente la información que contenía la memoria. Se limitó a decir que se lo ordenó “la superioridad”. Por su parte, el comisario García Catalán, que fue quien llevó el pendrive a la Audiencia Nacional cuando apareció, afirmó no recodar ese mensaje.

Para este martes también estaba previsto que declarase como testigo el comisario Vázquez, pero problemas técnicos para que lo hiciera por videoconferencia desde A Coruña ha obligado al tribunal a posponerlo hasta el jueves. Cuando declaró ante el juez instructor, el comisario Vázquez ya desmontó parte de la versión de los dos inculpados. Entonces aseguró que el dispositivo había llegado a sus manos a través de Díez Sevillano. También dijo que él consideró desde el primer momento que su contenido era “material para investigar” y que la decisión de incorporarlo a la causa no fue inducida por el comisario Pino, sino que fue una decisión de los agentes de su unidad que estaban al frente de las pesquisas.

Antes que él, declararán este miércoles el comisario Villarejo -cuyo testimonio fue tildado por el juez instructor de poco fiable- y dos detectives de la agencia barcelonesa Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, así como el dueño de la misma, Francisco Marco.

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