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El juez imputará al ex ‘número dos’ de Interior del PP por espiar a Bárcenas

Anticorrupción pide una fianza de 50.000 euros para el comisario Pino por la utilización de los fondos reservados para hacer seguimientos sin control judicial al extesorero del PP

Francisco Martínez, en su toma de posesión en 2012. A la izquierda, Jorge Fernández Díaz.
Francisco Martínez, en su toma de posesión en 2012. A la izquierda, Jorge Fernández Díaz.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, prepara la imputación del ex número dos de Interior con el PP Francisco Martínez en la investigación del espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas. El magistrado tomó este martes declaración a dos altos mandos de la Policía Nacional investigados en la causa, los comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, para que ratificaran las declaraciones que ya hicieron en el juzgado sobre el uso de fondos reservados en los seguimientos a Bárcenas. Ambos apuntaron ya entonces contra el hombre de confianza del ministro Jorge Fernández Díaz.

El magistrado interrogó en primer lugar al comisario Pino, que fue el número dos de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. El alto mando policial ya había acudido como imputado a declarar en dos ocasiones a la Audiencia Nacional en la pieza separada del sumario del caso Villarejo en el que se investiga el espionaje Barcenas, que sigue siendo secreta, aunque solo en la segunda, el pasado enero, lo pudo hacer. Entonces, Pino admitió que hubo un operativo de seguimiento del extesorero y su entorno que se inició en 2013, tras estallar el escándalo de los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban una caja b en el PP, aunque negó que hubiera sido bautizado como Operación Kitchen, como reflejaba su subordinado el comisario José Manuel Villarejo en sus notas.

Pese a que aquel operativo policial nunca tuvo cobertura legal —el juez que instruía la causa contra el extesorero, José de la Mata, ni lo autorizó ni fue informado del mismo— el comisario lo defendió al considerar que entraba dentro de las labores de investigación para recabar información sobre el escondite del dinero que se sospechaba que atesoraba Bárcenas. También intentó justificar el uso de fondos reservados, una partida económica con la que habitualmente se paga a confidentes.

El comisario Pino —procesado por un juez de Madrid en otra causa por el intento de introducir irregularmente un pendrive con información robada de las cuentas de la familia de Jordi Pujol en el sumario en el que se investiga al expresidente de la Generalitat— ya detalló entonces que entre los pagos con fondos reservados que se hicieron en ese operativo estaba la entrega mensual de 2.000 euros al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también imputado en la causa, por informar a la policía de los pasos del extesorero y su familia.

Este martes, el magistrado volvió a preguntar al comisario Pino para que detallara de nuevo el procedimiento que se seguía en Interior mientras él fue el número dos de la Policía para autorizar la disposición de estos fondos y, en concreto, de aquellos que se emplearon en el operativo de seguimiento a Bárcenas. Pino —señalado también como el presunto muñidor de la llamada brigada patriótica— volvió a afirmar que los pagos con esta partida, tras pasar por él, eran finalmente validados por Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos del ministro Jorge Fernández. Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que endureciera las medidas cautelares que ya pesan sobre Pino y que le impusiera una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión provisional. En enero ya le había retirado el pasaporte y prohibido salir de España. El magistrado tomará una decisión en las próximas horas.

El segundo comisario citado este martes, García Castaño, conocido como El Gordo, también fue preguntado sobre el uso de estos fondos y, más en concreto, sobre la compra de un ordenador portátil utilizado en el operativo. Este alto mando policial —que está imputado en cinco piezas de la macrocausa en que se ha convertido el caso Villarejo— ratificó lo que ya contó hace unos meses en la causa: que adquirió un ordenador con dicha partida para volcar en él la información que habían obtenido de manera irregular de los teléfonos del extesorero y su mujer gracias a la supuesta colaboración del chófer de la pareja. El comisario se reafirmó en que este equipo informático, y toda la información que se grabó en su memoria, tenía como supuesto destinatario a Francisco Martínez.

García Castaño, detenido en julio de 2018 como presunto integrante de la trama de Villarejo, fue quien pidió al juez que solicitara al Gobierno autorización para poder aportar información sobre estos pagos. Esgrimía que si hablaba sobre los fondos reservados sin permiso cometería un delito, al estar sometida esta partida a la ley de secretos oficiales de 1968 y la ley de gastos reservados de 1995. El juez así lo hizo y en noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros levantó el secreto. Poco después remitía al juzgado abundante documentación contable sobre los pagos efectuados con esta partida para espiar a Bárcenas en los que aparecía la firma del ex alto cargo de Interior como la persona que los autorizaba.

Martínez, que siempre ha negado irregularidades mientras estuvo al frente de la secretaría de Estado, fue elegido diputado por el PP en las elecciones de 2016 tras su salida del ministerio. Tras conocerse que su nombre había sido citado por varios imputados en la Operación Kitchen, el PP lo apartó de las listas para las elecciones generales del pasado 28 de abril. Actualmente, no es aforado.

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