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Interior localiza pruebas del desvío de fondos reservados para espiar a Bárcenas

Hallados los originales de los recibís firmados por el chófer del extesorero tras recibir los pagos de mano de Villarejo

Luis Bárcenas llega a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en octubre de 2016.
Luis Bárcenas llega a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en octubre de 2016.

El Ministerio del Interior ha localizado en sus archivos las primeras pruebas documentales del supuesto desvío de fondos reservados para financiar la Operación Kitchen, con la que se espió sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se trata de los originales de los recibís que el chófer de Bárcenas firmó entre 2013 y 2014 tras cobrar todos los meses 2.000 euros por su labor de confidente. En algunos de estos documentos aparece manuscrito el nombre del comisario José Manuel Villarejo, como responsable de las entregas.

El juez Diego de Egea, que investiga la trama de corrupción encabezada por el comisario Villarejo, abrió hace un mes una pieza secreta sobre un supuesto operativo policial —la Operación Kitchen— puesto en marcha en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia. De Egea inició las pesquisas tras recibir un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía que destacaba el papel activo que tuvo Villarejo en aquellos seguimientos a Bárcenas sin autorización judicial.

Kitchen es la séptima pieza del macrosumario del caso Villarejo, que mantiene al comisario en prisión provisional por los delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho, pero la primera en la que se investigan las actividades de la llamada policía patriótica, surgida en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior para investigar a rivales políticos del PP.

La Operación Kitchen sirvió para espiar tanto a Bárcenas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid) —estuvo encarcelado de manera provisional entre junio de 2013 y enero de 2015— como a su familia, amigos y, sobre todo, a su esposa, Rosalía Iglesias, después condenada en el caso Gürtel. El objetivo de la trama policial era recuperar documentación comprometedora sobre la caja b del PP cuyos documentos desveló EL PAÍS en enero de 2013.

Los papeles que encontró la Guardia Civil

El chófer del extesorero informó en 2014 a su controlador en la Policía que la mujer de Bárcenas había acudido al domicilio del que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, actualmente imputado en el caso Púnica por la supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. El confidente apuntó la posibilidad de que en esta vivienda el extesorero ocultase documentación y bienes. No consta que la Policía hiciera ninguna gestión para comprobar la veracidad de lo que contaba su confidente.
Sin embargo, en febrero de 2016 la Guardia Civil —que desconocía esta información— descubrió que era cierto. Durante el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) realizó en casa del exdirigente del PP madrileño por orden del entonces juez instructor del caso Púnica, hallaron dos archivadores y dos pequeñas cajas con abundante documentación de Bárcenas y su esposa. Había facturas, recibos de pago y certificados de autenticidad de joyas. Tras levantarse el secreto de sumario un año después, el juez De la Mata, instructor del caso de los papeles de Bárcenas, pidió a su compañero copia de ello.

Los agentes de Asuntos Internos descubrieron este operativo ilegal tras analizar la documentación intervenida en noviembre de 2017 en el domicilio y el despacho del comisario. En aquellos registros aparecieron fotocopias de los recibís que supuestamente había firmado el chófer del extesorero, Sergio Ríos, por los pagos recibidos por su colaboración. En total, 48.000 euros, además del supuesto compromiso de los responsables de los altos mandos policiales de conseguir que aprobara la oposición para entrar en la Policía Nacional, como finalmente ocurrió en julio de 2015.

Al trascender el inicio de la investigación, otro de los imputados en el caso Villarejo, el también comisario Enrique García Castaño, pidió al magistrado que solicitara al Gobierno autorización para declarar sobre estos pagos sin vulnerar la ley de secretos oficiales. El juez De Egea planteó esa petición al Gobierno poco después. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ya anunció la pasada semana que el Consejo de Ministros lo hará este próximo viernes. El juez también llamó a declarar como testigos a Bárcenas y a su esposa. Otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha pedido a Interior los informes que conserve sobre la Operación Kitchen, así como la identidad de los responsables que la pusieron en marcha.

Rastreo manual

La solicitud de información de los dos magistrados llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de la Policía. Esta inició un rastreo de sus archivos que, según detallan las fuentes consultadas, “ha sido complejo”. Al teclear en las bases de datos el nombre de la Operación Kitchen, el sistema informático no arrojó ningún resultado. La localización de los recibís ha tenido que ser realizada de manera “manual”, añaden estas fuentes.

Tras repasar una por una las entregas de fondos reservados en el periodo en el que el chófer trabajó para la familia Bárcenas —principios de 2013 y finales de 2014— aparecieron los recibís originales de los pagos. Todos ellos, firmados presuntamente por Sergio Ríos. En algunos, además, aparecía anotado a mano el nombre del comisario Villarejo, como el supuesto encargado de hacer las entregas de dinero.

Los investigadores no descartan encontrar otras entregas de fondos reservados ya que, además del chófer, el operativo contó con otros seis confidentes, entre ellos un preso de origen sudamericano que coincidió en prisión con el extesorero del PP. Fuentes policiales detallan que, en un primer momento, el objetivo de la Operación Kitchen era lograr información sobre el paradero del botín que Bárcenas pudiera tener oculto en el extranjero para facilitarla a los policías encargados del caso Gürtel. Sin embargo, los esfuerzos se terminaron centrando en descubrir la documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que pudiera guardar el extesorero. La trama logró, gracias a la colaboración del chófer, hacer fotocopias de facturas, notas y agendas de Bárcenas. Nada de ello se incorporó a ningún sumario.

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