El Gobierno levantará el secreto sobre documentos de la operación policial que espió a Bárcenas

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros que la próxima semana se levantará el secreto que pesa sobre los fondos reservados que la policía patriótica utilizó en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. La decisión se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea reclamara esa información dentro de la investigación que sigue sobre las actividades del comisario José Villarejo.

El magistrado De Egea, que dirige la Operación Tándem que desmanteló la trama policial presuntamente encabezada por el policía jubilado, quiere conocer si el dinero entregado por Villarejo a Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas y su familia, procede de esta partida de carácter reservado y uso discrecional que se utiliza para pagar confidentes y otros gastos de difícil justificación. Los investigadores sospechan que el comisario —al que se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales— pagó al chófer a cambio de que, tras la entrada en prisión provisional de extesorero por el caso Gürtel, facilitara información sobre los movimientos de su esposa, Rosalía Iglesias. La trama policial sospechaba que el político escondía documentación comprometedora sobre la caja b del PP que corroboraba los apuntes contables que fueron desvelados entonces por EL PAÍS.

El chófer fue uno de los confidentes supuestamente utilizados por la brigada patriótica —el grupo de policías que en la etapa del Gobierno del PP investigó a rivales políticos del partido— para recabar información sin ningún control judicial en un dispositivo que fue bautizado como Operación Kitchen. Sus entonces responsables policiales nunca judicializaron estas pesquisas ni hay constancia de que la información recabada se incorporara a ningún sumario.

Otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye precisamente la causa de los llamados papeles de Bárcenas, también ha reclamado recientemente al Ministerio del Interior información sobre este operativo. En su caso, para localizar los informes que detallan las pesquisas y aquellos documentos supuestamente sustraídos al extesorero. Entre estos últimos hay facturas y agendas.

La investigación del juez De Egea sobre la Operación Kitchen se inició tras intervenir la Unidad de Asuntos Internos de la policía en el domicilio de Villarejo recibís por un valor de 48.000 euros supuestamente firmados por el chófer del extesorero del PP. Cuando se conoció la existencia de estos documentos y que el magistrado había abierto a partir de ellos una pieza separada dentro del caso Tándem, el comisario Enrique García Castaño, detenido el 11 de julio como presunto integrante de la trama de Villarejo, pidió por escrito al juez que solicitara al Gobierno autorización para que él pudiera aportar información sobre estos pagos. Esgrimía que si hablaba sobre los fondos reservados sin permiso cometería un delito, al estar sometida esta partida a la ley de secretos oficiales de 1968 y la ley de gastos reservados de 1995.

El comisario García Castaño aseguraba en aquella petición que su intención era “informar con todo detalle al órgano judicial de las condiciones en que se produjeron esos hechos y, con ello, poder acreditar su absoluta falta de responsabilidad penal” en el uso que se dio a este dinero, según anunció entonces en un comunicado su abogado defensor, Baltasar Garzón.

Mientras la documentación llega al juzgado, el magistrado ha citado a declarar el próximo 12 de diciembre a Bárcenas —que permanece encarcelado tras ser condenado por el caso Gürtel— y su esposa. Ambos acuden en calidad de testigos como perjudicados por el supuesto espionaje y el robo de documentación, por lo que tendrán obligación de declarar.