Un juez procesa por primera vez a dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP

Un juez de Madrid dictó el 2 de noviembre un auto por el que procesa al comisario Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía Nacional, y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano por intentar incorporar al caso Pujol un pendrive con documentos de origen ilícito. Ambos se convierten así en los primeros policías de la “brigada patriótica” que actuó contra rivales políticos del PP con Jorge Fernández Díaz en Interior que están a un paso del banquillo de los acusados.

La investigación sobre el pendrive fantasma fue abierta por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —instructor de la causa por corrupción contra el expresidente de la Generalitat, su mujer y sus hijos— tras recibir en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se hacía referencia a unos documentos de Jordi Pujol Ferrusola desconocidos hasta entonces y cuya procedencia el documento policial no detallaba.

Tras recibir la pequeña memoria informática que los contenía en febrero del año siguiente y constatar que ningún mando policial de los que llamó a declarar aclaraba cómo se habían conseguido los 869 documentos que contenía, el juez De la Mata acordó que no se incorporaran al sumario para evitar que contaminasen su investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat y provocaran su nulidad. Además, dio traslado a los juzgados de Madrid de las pesquisas realizadas sobre el pendrive al considerar que en la actuación del comisario Pino y su subordinado había indicios de delito.

La investigación la asumió el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, quien a lo largo de más de un año tomó declaración como imputados a los dos agentes y a un tercero —sobre el que finalmente ha sobreseído la causa—. También llamó como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el también comisario Marcelino Martín-Blas. En el auto por el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral— el magistrado concluye que Pino y su subordinado se concertaron “para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola”. Por ello, los acusa de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secreto

Explicaciones vagas

El juez destaca que los dos mandos ocultaron intencionadamente la procedencia ilícita de la información y que, cuando fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y, más tarde, por el juez de Madrid, alegaron “vagas y genéricas referencias a su origen”. Por ello, el magistrado que ahora los ha procesado concluye que mintieron incluso cuando acudieron como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad.

Sobre el comisario Pino —premiado con una medalla pensionada por el Gobierno del PP cuando se jubiló en 2016— el auto destaca que cayó en múltiples contradicciones tanto en sus declaraciones ante el juez De la Mata como en las que prestó posteriormente en los Juzgados de Plaza Castilla. También con lo que afirmaron los testigos que declararon y las pruebas practicadas, entre ellas el análisis de los dos ordenadores que tuvo en su despacho oficial.

Del inspector jefe Díaz Sevillano —también condecorado con una medalla pensionada y al que el PP premió con un destino en la Embajada de México tras estallar el escándalo de la brigada patriótica—, el juez Juan Javier Pérez también destaca las contradicciones en las diferentes versiones que dio sobre su participación en los hechos. El juez considera probado que fue él quien recibió del comisario Pino el pendrive fantasma y quien lo llevó en mano a la UDEF. La investigación no ha podido desvelar cómo consiguieron Pino y Díez Sevillano la información que contenía.