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Un juez procesa por primera vez a dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP

El comisario Pino, ex 'número 2' de la Policía Nacional, y un inspector jefe están acusados de intentar incorporar irregularmente documentos en el sumario del 'caso Pujol'

El comisario Eugenio Pino, tras comparecer en la Audiencia Nacional.
El comisario Eugenio Pino, tras comparecer en la Audiencia Nacional.

Un juez de Madrid dictó el 2 de noviembre un auto por el que procesa al comisario Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía Nacional, y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano por intentar incorporar al caso Pujol un pendrive con documentos de origen ilícito. Ambos se convierten así en los primeros policías de la “brigada patriótica” que actuó contra rivales políticos del PP con Jorge Fernández Díaz en Interior que están a un paso del banquillo de los acusados.

La investigación sobre el pendrive fantasma fue abierta por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —instructor de la causa por corrupción contra el expresidente de la Generalitat, su mujer y sus hijos— tras recibir en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se hacía referencia a unos documentos de Jordi Pujol Ferrusola desconocidos hasta entonces y cuya procedencia el documento policial no detallaba.

Tras recibir la pequeña memoria informática que los contenía en febrero del año siguiente y constatar que ningún mando policial de los que llamó a declarar aclaraba cómo se habían conseguido los 869 documentos que contenía, el juez De la Mata acordó que no se incorporaran al sumario para evitar que contaminasen su investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat y provocaran su nulidad. Además, dio traslado a los juzgados de Madrid de las pesquisas realizadas sobre el pendrive al considerar que en la actuación del comisario Pino y su subordinado había indicios de delito.

La investigación la asumió el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, quien a lo largo de más de un año tomó declaración como imputados a los dos agentes y a un tercero —sobre el que finalmente ha sobreseído la causa—. También llamó como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el también comisario Marcelino Martín-Blas. En el auto por el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral— el magistrado concluye que Pino y su subordinado se concertaron “para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola”. Por ello, los acusa de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secreto

Explicaciones vagas

El juez destaca que los dos mandos ocultaron intencionadamente la procedencia ilícita de la información y que, cuando fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y, más tarde, por el juez de Madrid, alegaron “vagas y genéricas referencias a su origen”. Por ello, el magistrado que ahora los ha procesado concluye que mintieron incluso cuando acudieron como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad.

Sobre el comisario Pino —premiado con una medalla pensionada por el Gobierno del PP cuando se jubiló en 2016— el auto destaca que cayó en múltiples contradicciones tanto en sus declaraciones ante el juez De la Mata como en las que prestó posteriormente en los Juzgados de Plaza Castilla. También con lo que afirmaron los testigos que declararon y las pruebas practicadas, entre ellas el análisis de los dos ordenadores que tuvo en su despacho oficial.

Del inspector jefe Díaz Sevillano —también condecorado con una medalla pensionada y al que el PP premió con un destino en la Embajada de México tras estallar el escándalo de la brigada patriótica—, el juez Juan Javier Pérez también destaca las contradicciones en las diferentes versiones que dio sobre su participación en los hechos. El juez considera probado que fue él quien recibió del comisario Pino el pendrive fantasma y quien lo llevó en mano a la UDEF. La investigación no ha podido desvelar cómo consiguieron Pino y Díez Sevillano la información que contenía.

La poca fiabilidad del testigo Villarejo

El comisario jubilado José Manuel Villarejo compareció como testigo el 16 de octubre de 2017 ante el juez Juan Javier Pérez por el caso del pendrive fantasma del caso Pujol. En el auto en el que el magistrado da por concluida la instrucción de la causa destaca que aquel testimonio tuvo poca credibilidad. “No se le puede conferir una alta fiabilidad”, escribe Juan Javier Pérez en referencia al relato del comisario jubilado, actualmente en la cárcel acusado de liderar una trama policial desmantelada en la llamada Operación Tándem.

Durante 25 minutos, y vestido con zapatos marrones, camisa blanca y pantalón y americana beige, Villarejo dijo que no tenía “demasiada relación, prácticamente ninguna” con el comisario Eugenio Pino y con el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, los dos procesados en la causa. Además, el comisario negó que ofreciera a Pino venderle una memoria con información sobre Jordi Pujol Ferrusola por una cantidad que rondaba entre los 200.000 y los 500.000 euros, tal y como Pino había asegurado en septiembre de 2017 ante el mismo juzgado de Madrid. "No es exactamente así. Don Eugenio tenía una memoria en la que en ocasiones le bailaban los números. Lo que sí le dije, en una reunión en la que primero estuve con él y después estuve con Marcelino [Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos], fue que una fuente en Barcelona nos había ofrecido un pendrive que podía contener información interesante sobre corrupción de partidos políticos en general y, probablemente, referida al clan Pujol".

La reunión a la que se refiere Villarejo se produjo en la primavera de 2014, cuando estaba en activo y adscrito a la Dirección Adjunta de la Policía. "Yo realizaba trabajos en Cataluña sobre tema inteligencia, hablando con fuentes, con personas para convencerlas de que pusieran a disposición de la justicia toda la información que tenían, que denunciaran, etc. Y en una ocasión una persona me llamó y me dijo: 'Hay un pendrive interesante con muchísima información que debe de ser muy importante porque alguien ha ofrecido 250.000 o 500.000 euros, pero que por 50.000 euros se puede conseguir”. ¿Quién era esa persona?, le preguntó el juez. "Se me identificó como Robin o algo así. Me dijo que era una persona que tenía información y me dio datos de que era fehaciente. Pero le dije: 'Yo voy a comprobarlo, a ver si es cierto o no. Obviamente, si aceptan pagarte algo por esa cantidad, primero se verificará”.

¿Tiene algún dato más de este Robin, porque el teléfono sí lo debe tener?, le insistió el juez. Villarejo le dio entonces los supuestos números de móvil desde los que recibió la llamada, pero aseguró no saber quién era Robin. Según él, la llamada fue una “encerrona” del comisario Marcelino Martín-Blas, con el que se encontraba enfrentado desde que este último citó en un informe de la Operación Emperador contra la mafia china al hijo de Villarejo. “Marcelino dijo: ‘bueno, tú ya sabes que esos son los teléfonos de Rubén [en referencia a un supuesto subordinado de Martín Blas que se haría pasar por Robin]. Y le digo que no, que me ha llamado un señor que se llama Robin y me ha pedido ese dinero. Y les digo que eso es una encerrona para quedar yo mal. Y digo. ‘Bueno, por lo menos me dejaréis una copia de ese pendrive’. Y, entonces, Marcelino dijo delante de mí: ‘Por encima de mi cadáver”.

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