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El Gobierno del PP no cesó a Villarejo pese a las peticiones de sus superiores

Responsables de Interior congelaron la petición y esta no se materializó por las presiones del comisario

El Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP no destituyó al comisario José Manuel Villarejo pese a que la Subdirección General de Recursos Humanos de la Policía solicitó oficialmente el cese inmediato de sus actividades años antes de que fuera detenido e ingresara en prisión el pasado noviembre. Los responsables de Interior congelaron la petición de cese y esta no se materializó por las presiones del comisario, según distintas fuentes consultadas por EL PAÍS. Este no fue el único intento de relevar al agente encubierto. Antes, sus superiores lo habían reclamado otra vez sin éxito.

caso villarejo
El comisario jubilado José Villarejo, en una imagen de archivo.

La petición de destituir al agente encubierto de su puesto en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), donde estaba destinado en comisión de servicios, partió de Antonio Rodríguez, entonces responsable de la Subdirección General de Recursos Humanos, que informó a Ignacio Cosidó, en aquel momento director general de la Policía con el Gobierno del Partido Popular.

El jefe de Recursos Humanos planteó su cese e informó al Director General de la Policía, pero la orden no se firmó

El intento fallido de relevar a Villarejo se produjo cuando las oscuras actividades del policía salieron a la luz en el marco de la denominada policía patriótica, se denunciaron sus actividades privadas y el agente hizo público su enfrentamiento con el general Félix Sanz Roldán, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Finalmente, la salida de Villarejo del cuerpo se produjo solo en agosto de 2016 cuando este pidió por iniciativa propia su retiro anticipado a los 65 años, una solicitud que posteriormente retiró cuando ya se había tramitado su jubilación anticipada. “Se echó atrás y pidió agotar el plazo que le restaba, pero administrativamente ya no se podía paralizar”, afirma un exresponsable de Interior.

La petición formal de cese de Villarejo debía firmarla Ignacio Cosidó, hoy senador del PP y su portavoz en el Senado, que entonces ostentaba la Dirección General de la Policía, pero no se llevó a cabo. “El subdirector general de Recursos Humanos de la Policía planteó su cese, se propuso a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), a la que pertenecía el comisario en comisión de servicios, pero no se llegó a formalizar. Luego, el propio Villarejo pidió su retiro. Se consumó el cese con un retiro anticipado”, señala un alto cargo de la Policía de aquella época que fue informado de la propuesta.

¿Alguien intercedió por Villarejo para que no se le destituyera? Fuentes cercanas a Cosidó niegan que se intercediera por Villarejo ante el entonces director general de la Policía, pero ignoran si se hizo ante otras autoridades del Ministerio del Interior. Otras dos fuentes policiales consultadas afirman que el comisario “pidió ayuda” en Interior y logró paralizar su cese. Al frente del ministerio estaba, entonces, Jorge Fernández Díaz, uno de los declarados valedores del agente encubierto. “Con el Gobierno del PP Villarejo hasta pretendió mandar en la dirección y maniobró para desacreditar a algunos mandos. En realidad, parecía depender de una estructura diferente”, relata una fuente de Interior.

Este no fue el único intento fallido de destitución de Villarejo, hoy en prisión preventiva acusado de gestionar una empresa dedicada a la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario. Antes, el comisario Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) y número dos de la Policía, pidió también su cese sin éxito. La iniciativa del DAO, del que dependía el comisario, tuvo lugar tras el enfrentamiento que mantuvo el agente encubierto con el comisario Marcelino Martin Blas, responsable de Asuntos Internos, la unidad que comenzó a investigarle en el marco del caso de El Pequeño Nicolás. Las continuas quejas de ambos a Pino, el enfrentamiento público de los dos policías, y las revelaciones de este diario en marzo de 2015 sobre las 12 sociedades que manejaba Villarejo con 16 millones de capital, influyeron en esa decisión, según señalan fuentes policiales.

La solicitud salomónica del DAO de pedir el cese de Villarejo y también de Martin Blas tampoco se consumó. Eugenio Pino no tenía capacidad para cesar a ninguno de los dos, solamente para pedir su salida. Cosidó era el único que podía firmarla. Villarejo pasó momentáneamente a disposición de personal y Martin Blas al denominado Consejo Asesor de la Policía, un organismo no operativo donde se aparca a algunos comisarios a los que se releva en sus funciones. Pero poco tiempo después comunicaron a Pino que el cese no era posible desautorizando la orden. “Alguien diría que no se le tocara. Estuvo varios meses sin venir hasta que reapareció”, afirma una fuente policial.

‘Electrón libre’

Dos fuentes policiales consultadas afirman que el comisario “pidió ayuda” en Interior y logró paralizar su cese

Villarejo estaba adscrito en comisión de servicios a la Dirección Operativa de la Policía desde hacía varios años y su puesto era “de pasillo”, según señalan varias fuentes. Tenía un nivel 28, ganaba un sueldo de unos 2.800 euros al mes, más 9.000 anuales de complemento, no tenía despacho, coche oficial ni subordinados. Era un electrón libre que despachaba con el DAO correspondiente cuando ofrecía o se le encomendaba una misión. Y compaginaba ese trabajo con sus negocios privados para empresas del IBEX 35 y clientes en apuros.

Sus tres últimos jefes vivos, Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino han firmado varias cartas dirigidas al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que instruye el caso tándem, en las que afirman que en ocasiones puso a disposición de la Policía su red de sociedades en Uruguay y Panamá y reconocen su actividad de agente encubierto.

Cuando este periódico reveló en 2015 los negocios de Villarejo, sus sociedades ocultas en paraísos fiscales y denunció la existencia de una denominada “policía patriótica”, el entonces comisario recibió el apoyo expreso del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. “Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento”, afirmó el exministro desde Estrasburgo.

El juez estudia pedir al Consejo de Ministros que un comisario pueda revelar secretos

J. M. I.

El juez Diego de Egea, instructor del caso tándem, estudia pedir al Consejo de Ministros que se pronuncie sobre la solicitud del comisario Enrique García Castaño, uno de los investigados, para revelar ante el magistrado "datos sensibles de operaciones policiales, fuentes, información y el uso de los fondos reservados" protegidos por la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Gastos Reservados.

El magistrado se pronunciará en los próximos días sobre esta petición y baraja aceptar el requerimiento de este policía, según señalan fuentes de la investigación a este periodico.

La defensa de García Castaño, El Gordo, que fue detenido y posteriormente puesto en libertad, presentó el pasado día 10 un escrito al juez de Egea en el que afirma que su cliente está amordazado por estas dos leyes que afectan a una parte importante de las grabaciones que Villarejo realizó a magistrados, fiscales, políticos, empresario y a policías, entre los que figura el propio agente investigado.

El levantamiento de este secreto garantizaría que el agente investigado pueda "desplegar en toda su extensión su derecho de defensa" y "colaborar con la justicia". "El comisario García Castaño se encuentra legalmente impedido de ofrecer detalles sobre muchos de los temas que se tratan en esas grabaciones, hasta que no sea autorizado para ello por el Consejo de Ministros", señala el escrito de la defensa que dirige el exjuez Baltasar Garzón.

Los agentes de Asuntos Internos que examinan los 32 terabytes intervenidos a Villarejo y al abogado Rafael Redondo recogen decenas de conversaciones entre el comisario jubilado y García Castaño. Según la defensa de este último en estos audios "se hacen constantes referencias a operaciones policiales, a fuentes de la unidad de información en la que trabajaba, al uso y partidas de fondos reservados, a operaciones de antiterrorismo o de lucha contra el narcotráfico, materias que según la legislación vigente serían secreto". El comisario García Castaño alega que si revelara información relativa a estos asuntos sin el permiso del Consejo de Ministros incurriría en responsabilidades penales o administrativas.

La defensa de este comisario argumenta que la explicación de los pormenores de estas grabaciones "acreditaría que se trataba de legítimas operaciones policiales". Los fiscales anticorrupción acusan a García Castaño de facilitar a Villarejo información confidencial de la Policía para sus clientes. El comisario está acusado en la actualidad de organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y cohecho.

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