El juez desoye a la fiscalía y mantiene el archivo parcial de dos causas del ‘caso Villarejo’

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido ratificar el archivo parcial de dos de las seis piezas de que consta el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado José Villarejo, las llamadas Iron y Land. El magistrado instructor desoye así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que le había pedido que levantara el sobreseimiento parcial sobre esas dos causas, que consideraba que habían sido cerradas precipitadamente. El ministerio público adujo que en la investigación se habían hallado nuevos indicios de delito que aconsejaban volver a poner la lupa judicial sobre los investigados. La decisión final sobre estas piezas quedará en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

De Egea también ha rechazado este miércoles la petición de la fiscalía de volver a investigar al comisario Carlos Salamanca, antiguo jefe de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas. Este policía, imputado inicialmente en la primera de las piezas del sumario —la denominada King sobre los negocios de Villarejo con los jerarcas de Guinea Ecuatorial—, fue detenido junto con Villarejo en noviembre y pasó cinco meses en prisión. El pasado 18 de julio, el juez archivó provisionalmente la causa sobre él.

Según el sumario, Salamanca facilitó la entrada en España de personas de nacionalidad guineana, a los que incluso dotó de escolta policial, en el aeropuerto de Barajas, sin someterlos a los controles obligatorios a cambio de diferentes sumas de dinero y regalos diversos. Salamanca estaba supuestamente asociado con Villarejo, quien estaba elaborando un informe para desprestigiar al ministro ecuatoguineano de Minas e Hidrocarburos, Gabriel Mbega Lima, Gabry, hijo del presidente Teodoro Obiang, enfrentado a su hermano Teodorín en la sucesión de su padre.

A principios de octubre, Anticorrupción presentó sendos informes en la Audiencia Nacional para solicitar la reapertura "íntegra" de las piezas separadas Iron y Land del sumario del caso Villarejo, archivadas el 30 de julio por el juez De Egea. El ministerio público basó su petición en la aparición de “nuevos indicios incriminatorios” tras analizar papeles y grabaciones incautados a Villarejo durante los registros practicados el pasado noviembre, cuando el comisario y sus principales socios fueron detenidos en la Operación Tándem.

En la pieza Iron se investigaba el encargo al comisario por parte del despacho de abogados Herrero y Asociados de un informe de seguimiento de los socios de un bufete de la competencia, que habían trabajado antes con ellos y de los que sospechaban que se habían apropiado de información sobre clientes para captarlos.

La resolución que confirma el archivo parcial de esta pieza —respecto de Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno— explica que los extractos de conversaciones que cita la policía y por los que la fiscalía reclama la reapertura del caso no tienen en cuenta el contexto en que se dijeron ni el conjunto de la conversación

El juez destaca que el trabajo que se autoencomendó Villarejo fue el del análisis de las llamadas que se habían hecho desde la centralita de Herrero y Asociados, por medio de un sistema que este poseía, “siendo estas conversaciones los únicos elementos de imputación por los que el ministerio fiscal pretende reabrir la causa”, sin que queden ratificados por ningún otro indicio objetivo de criminalidad.

En la pieza Land se investigaba la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de la urbanización de lujo La Finca. En ella estuvieron imputadas tres personas, Francisco Lorenzo, David Fernández y Susana García Cereceda. En este caso, la crítica del juez a los fiscales es más dura, acusándoles de especular. Según el magistrado, no se han encontrado nuevos indicios incriminatorios objetivos y racionales de imputación sobre los investigados “manteniéndose solamente las proyecciones especulativas sobre los hechos, a las que se alude en el escrito de los representantes del ministerio público”.