El socio de Villarejo cerró sociedades en Miami al quedar en libertad
El juez De Egea decretó la salida de prisión de Salamanca el pasado mes de julio
El dúo José Manuel Villarejo y Rafael Redondo sigue actuando. Una semana después de que el juez instructor del caso Tándem en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ordenara la libertad de Redondo, el socio y abogado del comisario encarcelado cursó a Miami la orden de cerrar una sociedad del grupo, denominadas Stuart. En ella figuran como directores Villarejo y Redondo.
Rafael Redondo Rodríguez fue detenido en noviembre de 2017 junto con Villarejo y el que fue comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, los tres imputados en la Operación Tándem por blanqueo de capitales.
El juez De Egea dejó en libertad el pasado julio a Salamanca, acusado de tramitar visados irregulares para facilitar la entrada en España de ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Para Redondo fijó primero una fianza de un millón de euros y más tarde la rebajó a 100.000. Finalmente, el 21 de septiembre pasado, Redondo —socio de Villarejo en la firma Stuart McKenzie, con sede en Torre Picasso (Madrid)—, recobró su libertad.
Villarejo había ordenado disolver en 2016 dos sociedades en Panamá de un total de 46 que tenía registradas en ese país, Uruguay, Reino Unido y Estados Unidos con un patrimonio de 14 millones de euros. Pero, según información reciente a la que ha tenido acceso EL PAÍS, él y su socio Redondo Rodríguez abrieron a primeros de 2017 un nueva sociedad en Miami (Estados Unidos): Stuart McKenzie Inc.
Cuando Redondo pidió la libertad provisional, la Fiscalía Anticorrupción se opuso. El ministerio público alegó que había “riesgo de destrucción, ocultación o alteración de fuentes de pruebas cuya obtención por medio de nuevas diligencias de investigación ya acordadas y que se encuentran pendientes de ejecución pueden ser impedidas, perturbadas u obstaculizadas por el investigado en caso de quedar en libertad”.
Al decretar su libertad, el juez De Egea, en respuesta a la fiscalía, respondió entre otras cosas que en la actualidad no existía “capacidad del investigado para acceder por sí solo o por terceros a las fuentes de prueba existentes en la causa”. Pero la orden de cerrar Stuart McKenzie, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, puede indicar que Rafael Redondo sí tenía capacidad de acceso a determinado material probatorio que constituiría indicios de delito, aunque fuesen diferentes a los que existían en la causa.
El abogado Redondo, socio del excomisario en sus proyectos empresariales, digitales y judiciales, ha estado en el comienzo de las denuncias sobre los negocios de Jordi Pujol y su familia. El letrado ha colaborado activamente con el financiero convicto Javier de la Rosa, con quien ha mantenido estrecho contacto Villarejo. Fue Redondo Rodríguez quien se encargó de conducir a María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, a la sede de la Comisaría General de la Policía Judicial, en el madrileño barrio de Canillas, para que lo denunciara.
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