El ‘caso Villarejo’ amenaza con atascar la Audiencia Nacional
La investigación prevé la apertura de decenas de nuevas piezas judiciales tras el análisis de 400 carpetas halladas en los discos duros del comisario
La red de extorsión y tráfico de información ilegal al servicio de empresarios pilotada por el comisario jubilado José Villarejo Pérez amenaza con atascar la Audiencia Nacional, donde se investigan las principales tramas de narcotráfico, corrupción y terrorismo de España. Las grabaciones a magistrados, fiscales, políticos y empresarios que Villarejo registró durante 25 años con un micrófono espía conducirán en los próximos meses a la apertura de decenas de nuevas líneas de investigación, según fuentes próximas a las pesquisas. Los 32 terabytes intervenidos al policía alojan 400 carpetas informáticas.
Para asumir la ingente carga de trabajo, el instructor del caso tándem, el magistrado Diego de Egea, baraja pedir que se repartan las nuevas líneas de investigación en los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. "El juez no podrá con todo lo que se le viene encima. Es difícil procesar la información por la sensibilidad y volumen del material”, indican fuentes próximas a la causa.
De Egea ocupa la plaza de juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Llegó en agosto del pasado año para descargar de trabajo al magistrado titular, Manuel García Castellón, que investiga las tramas corruptas Púnica y Lezo.
Pero la operación tándem, que se saldó el pasado noviembre con la detención de siete personas, entre ellas el comisario Villarejo; su socio, Rafael Redondo; y el exjefe policial del Aeropuerto de Barajas (Madrid) Carlos Salamanca, augura un alud de pesquisas en el juzgado.
Los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional han descubierto nuevos detalles en los discos duros con 32 terabytes incautados a la trama de Villarejo el pasado noviembre. Los investigadores se llevaron estos dispositivos junto con cajas rebosantes de microcintas del domicilio de Villarejo en el municipio madrileño de Boadilla del Monte y de las oficinas de la novena planta de Torre Picasso. Un despacho donde el policía ofrecía a sus clientes la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario a través de su conglomerado Cenyt. Por cada servicio, facturaba más de cinco millones de euros.
400 carpetas
Los agentes han detectado que Villarejo organizó la información sobre magistrados, fiscales, empresarios y políticos en 400 carpetas informáticas. Y que indexó cada directorio con el nombre de una persona o empresa y una fecha. Los investigadores dan por supuesto que estas carpetas contienen indicios delictivos. Una circunstancia que obligará a abrir decenas de piezas judiciales nuevas. “El trabajo al que nos enfrentamos va a ser de una extraordinaria complejidad”, afirma una fuente próxima a la causa.
Para concretar el contenido de las carpetas, el juez deberá esperar al descifrado de los archivos. Villarejo protegió sus discos duros con un potente algoritmo. Y se ha negado a facilitar al magistrado las claves para liberar su dinamita informativa. Una munición que contempla trabajos para la seguridad del Estado, negocios para millonarios clientes en apuros y episodios sobre la vida privada de víctimas y colaboradores.
Semanas clave para la investigación
La investigación del caso Villarejo encara semanas clave. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará en los próximos días sobre los recursos de la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo provisional de tres de las siete piezas de la causa.
El Ministerio Público cargó contra el carpetazo de la imputación del comisario y exjefe de seguridad del Aeropuerto de Barajas (Madrid) Carlos Salamanca. La investigación sobre este policía, acusado de recibir regalos como un Porsche del empresario Francisco Menéndez a cambio de dejar entrar por el aeródromo a ecuatoguineanos sin visado, dio lugar a la primera pieza de la causa. Anticorrupción arremete ahora con nuevas pruebas contra el exjefe policial de Barajas. El juez Diego de Egea sobreseyó provisionalmente su imputación al entender que los regalos que recibió se enmarcaron en una amistad. La Fiscalía estima que el cierre de esta línea de investigación se adoptó “sin acabar las pesquisas”.
Las carpetas de los discos duros que se han podido analizar al no estar encriptadas contenían ocho "proyectos" —eufemismo para definir sus campañas de desprestigio— que el policía facturó a sus clientes entre 2013 y 2017. La información propició la apertura de las siete piezas judiciales del caso tándem. Tres de estas líneas de investigación han sido archivadas provisionalmente.
Desentrañar qué contienen los discos duros de Villarejo se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de los investigadores. Frente a las reticencias iniciales, los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional han confiado el desencriptado de "archivos muy concretos" al Centro Criptológico Nacional, un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la institución que dirige el general Félix Sanz Roldán. Villarejo ha mantenido desde 2016 un fuego cruzado de acusaciones y denuncias con el jefe de este organismo de espionaje.
Por este motivo, el juez decidió inicialmente buscar un plan B y enviar los discos duros del comisario jubilado al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), un organismo radicado en León que depende del Ministerio de Economía y Empresa.
Modus operandi
Los audios de Villarejo han arrojado luz sobre el modus operandi de la red y los países elegidos para blanquear sus fondos. Una conversación entre Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, apuntó a que la madeja societaria del policía movió hasta 15 millones de euros en Uruguay y 600.000 en Panamá. Unas cifras que contrastan con las sumas “modestas” descubiertas a la trama en España.
El Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga la causa, está pendiente de que Uruguay responda a una petición de auxilio judicial, pero las autoridades de este país donde el comisario jubilado controla el hotel Don Pepe en Punta del Este (actualmente Saint-Pierre) han requerido más información. “La respuesta de los movimientos bancarios de Villarejo y su socio en ese país es trascendental para atar la investigación”, reconoce una fuente próxima a la causa.
El hombre que desde 1986 trabajó como agente encubierto para gobiernos de PP y PSOE ocultó su patrimonio en Uruguay y Panamá mediante un entramado societario de testaferros. No consta, en cambio, que Villarejo utilizara las identidades falsas que usó como agente especial para constituir sociedades para la red. Su nombre y el de su socio Redondo no figuran en el registro de sociedades de Panamá. El país sudamericano ha respondido a una comisión rogatoria —petición de auxilio judicial entre Estados— del instructor del caso tándem.
Villarejo se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. El juez, que le ha afeado su falta de colaboración, denegó la pasada semana su libertad. Su socio Redondo fue excarcelado el pasado septiembre tras abonar una fianza de 100.000 euros.
Montañas de documentos que equivalen a un edificio
Si se imprimieran los archivos de los 32 terabytes con documentos recopilados durante 25 años por el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez se llenaría un edificio equivalente a la sede de la Audiencia Nacional de la calle García Gutiérrez de Madrid. Un informático próximo a la investigación del caso tándem esboza así el ingente volumen de información que atesoró el agente encubierto Villarejo. Ni siquiera su mano derecha y socio, el abogado Rafael Redondo, se libró de la grabadora espía del jefe. Un hecho desconocido hasta el momento.
Los archivos secretos del comisario incluyen documentos de texto, como actas de constitución de sociedades, y decenas de audios. Las grabaciones salpican a amigos de Villarejo que, hasta su detención el pasado noviembre, se consideraban íntimos del presunto cerebro del caso tándem. Es el caso del comisario y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, El Gordo. Y del exjefe del Aeropuerto de Barajas (Madrid), Carlos Salamanca.
La grabadora espía de Villarejo no paraba nunca. El viejo comisario, incluso, registraba conversaciones cotidianas. Estampas sonoras de un hombre que, meses antes de la operación policial que culminó con su detención y envío a prisión, se sentía víctima de una conspiración diseñada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Cualquier día vendrán a detenerme”, confesó a sus íntimos. Villarejo atribuyó al director del organismo de espionaje, el general Sanz Roldán, su caída.
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