Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Villarejo y Cía, una mafia para controlar a políticos, jueces y periodistas

El comisario jubilado montó “un clan mafioso de alto riesgo”, según la Fiscalía Anticorrupción

Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla.
Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla.

José Manuel Villarejo dirigió durante años un clan policial mafioso que manejó información sensible sobre las actividades de los principales poderes del Estado. Animado por su desmedido afán de lucro, Villarejo se dotó de una compleja infraestructura empresarial especializada en el chantaje para rentabilizar sus delitos. Su principal objetivo fue controlar a los poderes que mueven el mundo: el político, el empresarial, el mediático y el judicial. El veterano policía pensó que así se garantizaba su impunidad.

La Fiscalía Anticorrupción expone de esta manera tan cruda lo que significa la trama montada por Villarejo: “Este clan policial mafioso tendría como finalidad primordial la obtención continuada de beneficios económicos, la obtención de influencia en el marco de la política nacional de seguridad, o influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñan su función en la esfera política, en los medios de comunicación social o en el ámbito de la administración de justicia, que utilizan con la finalidad de obtener la impunidad de su actuación delictiva”.

Villarejo ejerció durante los últimos 20 años como agente encubierto de la policía contra el terrorismo, la corrupción o la independencia de Cataluña. A la vez, trabajó de investigador privado en todo tipo de asuntos turbios; de confidente de periodistas para filtrar informaciones interesadas; o de solucionador de crisis para empresarios a cambio de importantes cantidades de dinero. Durante todo este tiempo grabó a compañeros, amigos, enemigos, empresarios, clientes, políticos, periodistas, jueces y fiscales. Se trata de un material de “alto riesgo” que Villarejo almacenó para utilizarlo a conveniencia y que ahora ha caído en manos de la Audiencia Nacional.

El policía metido a empresario enredó en sus negocios a dos comisarios veteranos: Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), experto en trabajos de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado; y Carlos Salamanca, comisario jefe de Barajas, amigo de políticos (alguno, como Francisco Granados, acabó encarcelado por corrupto) y de algún juez. García Castaño proporcionaba a Villarejo el tráfico de llamadas telefónicas de determinadas personas y otras informaciones delicadas con las que el comisario jubilado podría chantajear a los adversarios de sus clientes. A cambio de estos servicios, la esposa y la hija del policía disfrutaron de sendos coches de lujo pagados por Villarejo, según Anticorrupción.

El otro comisario colaborador, Carlos Salamanca, conseguía clientes para los negocios privados de Villarejo y le ayudaba, según la Fiscalía, en operaciones de blanqueo de capitales. Uno de los mejores clientes que Salamanca acercó a Villarejo, el empresario Francisco Menéndez, acabó con el tinglado ilegal del comisario a través de una confesión a los fiscales en dos entregas. Aquella confesión desencadenó la operación judicial que acabó con los tres comisarios amigos imputados por distintos delitos: organización criminal, revelación de secretos, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho…

Villarejo era un agente fuera de control: sus intereses privados estaban por encima de las estrategias públicas marcadas por sus jefes políticos. Y pese a ese inconveniente, la cúpula del Ministerio del Interior le protegió. Cuando EL PAÍS destapó hace cuatro años su entramado empresarial y la Unidad de Asuntos Internos de la policía lo denunció ante el juez, los principales jefes del Ministerio protegieron a Villarejo con un informe exculpatorio de sus actividades privadas.

Para sus manejos, se buscó a un abogado, Rafael Redondo, experto en montar estructuras societarias. Como responsable de la Asociación Transparencia y Justicia, Redondo se personaba como acusación popular en casos de gran impacto político y social. Si Villarejo no podía tener acceso a información relevante a través de sus contactos dentro de la Policía, la conseguía a través de los sumarios donde estaba personado su socio a través Transparencia y Justicia. Todas las causas por las que se interesó giraban en torno al poder político:

Caso Campeón contra José Blanco (PSOE). Instruido por el Supremo para investigar el supuesto cobro de mordidas por parte del entonces ministro de Fomento, José Blanco. El Tribunal terminó archivando la causa cuando el dirigente socialista estaba a punto de ser procesado. La asociación vinculada a Villarejo hizo todo lo posible para que el exministro de Fomento acabara en el banquillo de los acusados.

Caso de desobediencia contra Esperanza Aguirre (PP). En la investigación judicial abierta a la expresidenta madrileña por desobedecer a la policía municipal tras aparcar con su vehículo privado en el carril bus de Gran Vía, la Asociación Transparencia y Justicia se retiró en el último momento y decidió no recurrir el archivo, lo que libró del banquillo a la dirigente del PP.

Caso Podemos. Transparencia y Justicia se personó en la causa abierta contra dos concejales de Podemos que investigaron y denunciaron supuestas irregularidades en el Máster de Tenis que se celebra cada año en Madrid.

Con las grabaciones indiscriminadas de Villarejo durante al menos dos décadas se puede escribir una enciclopedia general sobre los escándalos políticos, empresariales y judiciales de la reciente etapa democrática en España. Algunos, de especial trascendencia:

Enredos a cuenta del Rey. Juan Carlos I abdicó en 2014 arañado por algunos escándalos que afectaban directamente a su honorabilidad. Un año después, Villarejo se reunió con la amiga íntima del monarca, Corinna Zu Sayn Wittgenstein, a la que grabó algunas confesiones sobre supuestos negocios irregulares del rey. Tres años después, Villarejo puso en el mercado esa grabación cuando ya estaba en la cárcel acusado de múltiples delitos.

Contra la independencia de Cataluña. La crisis provocada por el desafío inconstitucional de los independentistas desencadenó una vasta operación policial basada en desacreditar por corruptos a sus principales líderes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, era el principal impulsor de esa estrategia. Villarejo protagonizó algunos episodios de aquella batalla, en la que se difundieron informaciones exageradas o directamente falsas amplificadas por determinados medios de comunicación. Villarejo llegó a escribir en alguna de sus notas informativas que los Pujol tenían en Andorra 500 millones de euros. El dinero encontrado en aquellas cuentas nunca se acercó a esa cantidad, ni a la décima parte.

Otras informaciones de la misma hornada fueron especialmente graves y por lo conocido, falsas. Villarejo y otros policías difundieron informes sin sello en el que acusaban a Artur Mas, expresidente catalán, de cobrar mordidas multimillonarias en cuentas suizas; o sugerían que los directores de los periódicos catalanes afines a la independencia blanqueaban capitales en Suiza; o que el juez instructor del caso Palau estaba comprado por el Gobierno catalán de CiU.

Lo que Villarejo esconde en algunas de sus grabaciones son informaciones que, según amenaza el comisario, ponen en riesgo la seguridad del Estado. A esa sensación de alarma ante las revelaciones que pueda escupir la grabadora de Villarejo ha contribuido uno de sus supuestos colaboradores, el comisario Enrique García Castaño, que ha pedido declarar de nuevo en la Audiencia Nacional para explicar asuntos confidenciales. En su escrito, García Castaño solicita autorización del Consejo de Ministros para “declarar libremente sin las prohibiciones impuestas por la Ley de Secretos Oficiales” en relación con la unidad policial que dirigió y con su participación en operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.

 

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >