Tres jueces cercan a la ‘policía patriótica’

Casi año y medio después de que una comisión del Congreso dictaminara la existencia de una brigada patriótica que actuó contra rivales políticos del PP, tres sumarios cercan a policías que la integraban. Dos jueces de la Audiencia Nacional indagan sobre el supuesto espionaje al extesorero Luis Bárcenas para arrebatarle documentos de la caja b de los populares. Además, un juez de Madrid ha procesado a dos mandos por intentar usar datos de origen ilícito contra los Pujol.

Las maniobras de la policía patriótica han planeado —y puesto en peligro— desde hace años diversas causas judiciales. La investigación por corrupción a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, las pesquisas sobre el ático del expresidente madrileño Ignacio González, el caso del Banco Madrid-BPA y el sumario del Pequeño Nicolás se han visto sacudidos por la actuación de sus agentes. Ahora, sin embargo, varias investigaciones judiciales se centran en destapar las actividades de este grupo de policías y quiénes les amparaban.

El primero que apuntó en esa línea fue el juez De la Mata en abril de 2017, aunque entonces se limitó a dictar un auto dentro del caso Pujol por el que instaba a los juzgados ordinarios de Madrid a investigar al señalado como uno de los responsables del grupo policial, el comisario Eugenio Pino — antiguo número dos de la policía y ya jubilado— y a uno de sus subordinados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Ambos eran sospechosos de intentar incorporar al sumario un pendrive con más de 800 documentos sobre Jordi Pujol Ferrusola sin acreditar su origen. El juez consideró que la actuación de ambos agentes podía ser delictiva, pero que la Audiencia Nacional no era competente para investigarla.

Aquel caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, cuyo titular, Juan Javier Pérez, dio el pasado 2 de noviembre el primer paso para sentar en el banquillo a ambos policías. La investigación del juez —en la que tomó declaración a otros mandos y rastreó los dos ordenadores que utilizaba Pino en su despacho oficial de la Dirección General de la Policía— concluyó que los policías se concertaron para incorporar de manera irregular al sumario del caso Pujol documentos e información obtenidos de manera ilícita. Por ello, los procesa por fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos.

Quince días más tarde era de nuevo el juez De la Mata el que daba el paso contra la policía patriótica. En este caso, dentro de la pieza del caso Gürtel en la que se investigan los papeles de Bárcenas, los apuntes contables del extesorero desvelados por EL PAÍS y que recogían una supuesta caja b del PP. El magistrado se dirigía aquel día al actual equipo del Ministerio del Interior para que buscase en sus archivos con “la máxima urgencia” información sobre la Operación Kitchen, puesta en marcha en 2013 para espiar a Bárcenas y su entorno. El clandestino operativo policial había sido destapado solo unos días antes por su compañero de la Audiencia Nacional Diego de Egea dentro del caso Villarejo.

Requerimiento a Interior

Durante esa operación policial contra Bárcenas, nunca sometida a control judicial, la brigada patriótica supuestamente se apropió de documentos contables sobre la caja b del PP que nunca se incorporaron al sumario judicial del caso. Por ello, De la Mata quiere que Interior le informe con la mayor brevedad sobre “los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control” de este dispositivo policial desconocido hasta ahora. En el auto, también reclamaba a El Mundo las facturas, agendas y apuntes contables sustraídos que había reproducido.

Para entonces, el también juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya tenía abierta otra investigación por la Operación Kitchen. En su caso, para indagar sobre el desvío de fondos reservados para pagar al chófer de Bárcenas, el hoy policía Sergio Ríos, su colaboración en el espionaje al extesorero. De Egea había puesto en marcha en 2017 la Operación Tándem que ha desmantelado la trama de Villarejo he iniciado el rastreo de la documentación intervenida. Este análisis permitió abrir en noviembre esta séptima pieza separada que, a diferencia de las otras seis del caso Villarejo, no se centra en los dossieres del comisario para empresarios. El objetivo ahora es la brigada patriótica. La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido la imputación del comisario Pino y del chófer de Bárcenas.

En este sumario están los 40 terabytes —en parte aún encriptados— intervenidos a Villarejo con las grabaciones de sus tratos con decenas de personas. Según reveló el caso del Pequeño Nicolas, entre ellos estaba el anterior número dos de Interior, Francisco Martínez. El comisario también se reunió en, al menos, dos ocasiones con el exministro Jorge Fernández Díaz. El dictamen del Congreso ya vinculó al político con la policía patriótica.