La ‘policía patriótica’ entra en hibernación

El calendario le ha hecho buena parte de la operación limpieza al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Desde el pasado verano, tres de los comisarios salpicados por el escándalo de la llamada policía patriótica —Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y Jaime Barrado— se han jubilado al cumplir los 65 años. El cuarto, Marcelino Martín Blas, lo hará el próximo 11 de abril. Cuatro salidas a las que se han unido en la última semanas el cese de un quinto alto mando policial, Enrique García Castaño, y la disolución de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) después de que revelaciones periodísticas le pusieran en bandeja a Zoido actuar contra ambos.

Para Interior, la polémica y convulsa etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio ya está enterrada antes de que en breve se inicie en el Congreso la comisión de investigación sobre la misma. Sin embargo, en el seno de la Policía Nacional hay serias dudas de que esto sea cierto. "Algunos de los protagonistas de estos sucesos siguen y, además, en lugares privilegiados y bien retribuidos, como embajadas", señala un alto mando policial que prefiere permanecer en el anonimato.

Buena parte de esas dudas surgen de la identidad de la persona que Interior ha puesto al frente de la policía como director Adjunto Operativo, el comisario Florentino Villabona, considerado por muchos como "un buen profesional" y "un currante", pero también muy vinculado con el PP desde que trabajó en el Ayuntamiento de Málaga. Además, su pasado está ligado, precisamente, a su antecesor en el cargo, el ya jubilado Eugenio Pino. "Era el comisario general de Seguridad Ciudadana con Fernández Díaz en Interior y, por tanto, miembro de la Junta de Gobierno que, entre otras cosas, aprobó la creación de la Brigada de [Análisis y] Revisión de Casos", señala un veterano de la institución. Desde otras instancias, se insiste en que sus primeras decisiones, aparte del cese del comisario García Castaño y la disolución del grupo policial que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, revelan su intención de mantener lo que para muchos es "el mal endémico" de la institución: la politización de la misma. "Ha cesado a dos jefes superiores de policía, a un comisario provincial, al jefe de Formación [el comisario Carlos Lobato] y a otro alto cargo para colocar gente de su cuerda. Y no serán los últimos", recalca este alto mando. "Se sigue premiando el amiguismo frente a la profesionalidad", se lamenta otro agente.

Sobre el papel, el mandato del comisario Villabona es solo de unos meses ya que su jubilación se producirá a finales de este año. Varios altos cargos consultados dudan que dicho tiempo lo dedique a continuar con la limpieza que anunció Zoido. De hecho, le recriminan que varios de los mandos policiales cuyos nombres se han visto salpicados sigan ocupando puestos muy cotizados en la institución, como son los destinos en las embajadas. El inspector jefe Pedro Agudo, que tuvo que dimitir en su día como asesor del entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, sigue destinado en la legación de España en Roma. Hace unos meses se le concedió una medalla roja, que lleva aparejada una incremento de su retribución de manera vitalicia. Como agregado de Interior en México está el también inspector jefe Bonificacio Díaz, considerado una de las personas de máxima confianza del comisario Pino en la DAO.

A La Haya fue destinado José Ángel Fuentes Gago, el agente que sirvió de enlace entre Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Y el comisario José Luis Olivera, quien en octubre de 2012 acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Cataluña junto al también comisario Marcelino Martín Blas a pedir el registro de la sede de CiU justo antes de unas elecciones, se mantiene al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) después de haber aspirado, incluso, a ser el nuevo DAO. No son los únicos, pero sí los que coinciden todos en señalar.

Mientras, los considerados principales instigadores de la llamada política patriótica se defienden y niegan la existencia de una Operación Cataluña o cualquier otro tipo de maniobra. Eugenio Pino concedió una entrevista recientemente en la que negaba cualquier irregularidad y defendía la creación de la BARC. Ahora, tras el revuelo mediático que originaron sus palabras y que llevaron a Zoido a disolver este grupo policial, se muestra más parco en palabras, pero igual de firme tras declarar en la Audiencia Nacional sobre el origen de los pendrives con datos sobre el caso Pujol que aparecieron por sorpresa en dependencias policiales y que el juez José de la Mata ha puesto en cuarentena.

"Algunos de los protagonistas de estos sucesos siguen", señala un mando

"Cuando encontréis la brigada política me lo decís, que yo también quiero saber cómo es", asegura mediante mensajes de móvil a EL PAÍS. El antiguo DAO insiste en que la célebre BARC ni fue creada ni actuó con fines políticos, pero que ahora ha sido el chivo expiatorio de todo el escándalo. "Era un lujo, el problema es que nadie la ha defendido", asegura, para a continuación añadir: "Es lo de siempre: una cabeza de turco, un culpable. Que busquen y comparen, y si hemos hecho algo mal, que se depuren responsabilidades", concluye.

Desde su entorno se señala como responsable de "todo el embrollo" al que bautizan como "el tándem". Este lo forman los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, en su día amigos y colaboradores y hoy enfrentados en los tribunales. El primero, imputado en una pieza separada del sumario del Pequeño Nicolás por su presunta implicación en la grabación de una conversación del segundo con agentes del CNI, se le ha señalado en los últimos meses como muñidor de oscuros sucesos, como el caso de la doctora Pinto y la reciente filtración de grabaciones que intentan desprestigiar a la Casa Real y al CNI. Su entramado empresarial y elevado patrimonio también ha sido puesto bajo sospecha, pero el ministro Fernández Díaz salió públicamente en su defensa. EL PAÍS ha contactado en los últimos días con él, pero ha declinado mantener un encuentro al encontrarse fuera de Madrid. No obstante, él también asegura que no forma parte de una policía patriótica. "Pregunte a Marcelino [Martín Blas] y a [Ignacio] Cosidó sobre el uso de policías con fines políticos. En su día lo denuncié y tengo sello y número de registro de entrada de esas denuncias", advierte antes de insistir en que "en Cataluña solo me limité a conseguir datos de inteligencia sobre acciones delictivas de los Pujol y, cuando los tuve, los puse a disposición judicial".

Enfrentado a él se encuentra el comisario Martín Blas, cuya jubilación se producirá el próximo 11 de abril. Jefe de la Unidad de Asuntos Internos hasta que salió derrotado en su enfrentamiento con Villarejo, Interior le dio la patada hacia arriba y le incluyó en el Consejo Asesor de la Policía, un órgano convertido en el cementerio de elefantes de la institución. Sin embargo, consiguió mantenerse al frente de la investigación del caso del Pequeño Nicolás por decisión del juez Zamarriego y en sus informes incorporados al caso no ha dudado en señalar como presuntos responsables de irregularidades a su rival y al jefe de ambos, el comisario Pino. Su último movimiento antes de retirarse ha sido apartarse de las pesquisas y presentarse como acusación particular en el sumario. No obstante, su nombre también aparece en algunos de los episodios más oscuros de la etapa de Fernández Díaz en el Ministerio. Él fue uno de los dos comisarios que en 2012, y pese a que no era competencia de su unidad, pidió a Anticorrupción registrar la sede de CiU. Además, el pasado octubre, el expropietario del banco andorrano BPA Higini Cierco presentó ante la justicia del pequeño país una denuncia en la que le acusaba al comisario de haberlo extorsionado para que facilitase información sobre las cuentas opacas de los Pujol. EL PAÍS ha intentado en los últimos días entrar en contacto con él, pero no ha sido posible.

Villarejo: "Me limité a conseguir datos de delitos de los Pujol"

Es en este abierto enfrentamiento entre los dos comisarios en el que varios altos mandos policiales consultados se escudan para minimizar la existencia de la policía patriótica". "Aunque la imagen es otra, ni ha habido guerra interna ni grandes bandos. Eran cuatro mandos que encontraron el respaldo de un ministro [Fernández Díaz] obsesionado con el soberanismo catalán y Podemos para campar a sus anchas", recalca uno de ellos. José Manuel Sánchez Fornet, antiguo dirigente sindical en la Policía y actual portavoz del Observatorio contra la Corrupción, incide en esta idea: "Si por Operación Cataluña se entiende investigar las ilegalidades cometidas por políticos catalanes, sí existió. Como se puede llamar Operación Madrid el caso Púnica porque ha destapado cómo robaban otros políticos en esta comunidad. ¿Qué hay de ilegal en ello?". Fornet, que no oculta su amistad con Villarejo, admite que "desde el Ministerio [del Interior] se ha fomentado esta situación y se han incitado maniobras más o menos oscuras", entre las que cita el Informe Pisa, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, que acabó archivado por la Audiencia Nacional.

Todo ello ha generado, en opinión de un alto mando consultado, la situación de interinidad que desde hace meses se vive en una de los grupos policiales clave en la lucha contra la corrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sin jefe desde que su anterior responsable, el comisario Manuel Vázquez, fuera ascendido a jefe superior de Policía de Galicia. Ese puesto lo ocupa hoy en funciones el comisario José Manuel García Catalán, el mismo hombre al que supuestamente se envió a Nueva York a recoger un informe relativo a la financiación de Podemos.

"En la UDEF muchos no quieren investigar nada que huela a político por temor a verse utilizados", señala este agente. "De hecho, en los últimos años algunos integrantes de la misma la han abandonado para irse a la empresa privada o, simplemente, a otros grupos donde esperan recibir menos presiones. No me extraña que la Guardia Civil nos haya comido el terreno en los últimos años", recalca otro mando consultado que, como la mayoría, exige el anonimato para mostrar su opinión por temor a represalias. En este escenario, la comisión de investigación creada en el Congreso para intentar aclarar qué ocurrió en Interior durante la etapa de Fernández Díaz genera pocas expectativas en el seno de la propia policía. "No creo que vaya más allá de lo estético", señala

Monica Gracia, secretaria general del mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP), quien considera que para que algo cambie realmente en la institución "se debe acabar antes con ese juego de puestos a dedo y privilegios. Hasta que no sea así, siempre habrá altos mandos que se presten a estos enjuagues políticos".