El Congreso dictamina que el PP montó una policía política

Cuatro meses y cinco comparecencias después, la comisión de investigación sobre la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior llegó este jueves a su fin con la aprobación por mayoría de un breve documento con cuatro conclusiones. Con la única oposición del PP y la abstención de última hora de Ciudadanos, el dictamen certifica que los populares hicieron un “uso partidista” de la policía.

El documento considera probado que dos de los responsables políticos de Interior, el propio Fernández Díaz y el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se valieron de mandos policiales —de manera especial del número dosdel cuerpo, el comisario Eugenio Pino— para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y para perseguir a los “adversarios políticos”.

Las conclusiones citan entre las formaciones afectadas al nacionalismo catalán, Podemos y el PSOE en referencia al caso de la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza, al llamado informe Pisa sobre la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias y a la creación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que reabrió en secreto el caso Faisán y el 11-M. El dictamen incluye también un respaldo expreso a la “encomiable labor” de las Fuerzas de Seguridad del Estado y una crítica a los actuales responsables de Interior por su escasa colaboración con la comisión.

El documento, que se elevará al Pleno del Congreso cuando se reanuden las sesiones en septiembre, es un “acuerdo de mínimos”, como lo definió la portavoz de Podemos, Irene Montero. En él, finalmente, se excluyó la petición de que se diese traslado del mismo a la fiscalía para que esta valorase si hubo algún tipo de ilícito penal. No obstante, tanto la formación de Pablo Iglesias como ERC anunciaron ya ayer su intención de presentar sendas querellas “lo antes posible”. El PSOE y el PNV rechazaron dicha iniciativa, la que más debate provocó ayer en la última reunión de la comisión, al considerar que la fiscalía tiene autonomía para actuar “si lo considera oportuno”. Tampoco salió adelante la propuesta de pedir a Interior que retirase las condecoraciones a los presuntos integrantes de la brigada patriótica. 

De las cuatro conclusiones finalmente aprobadas, dos salieron del documento previo elaborado por el PSOE. En él, se certificaba que en la etapa de Fernández Díaz, y con conocimiento de este, “se creó una estructura policial” para obstaculizar la investigación de los casos de corrupción que salpicaban al PP y hacer un “seguimiento, investigación y, en su caso, persecución” de la oposición. El segundo punto del dictamen califica todo ello de “inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos de Interior” en lo que tilda de “abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de derecho”.

Apoyo a la policía

Los otros dos puntos aprobados fueron propuestos por el presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV). En el primero, el único en el que hubo unanimidad, se deja claro que la comisión “en ningún momento” ha evaluado el trabajo de la policía en su conjunto, que “de manera amplísimamente mayoritaria” trabaja “en pro de la ciudadanía”. Finalmente, el dictamen da un tirón de orejas a Juan Ignacio Zoido al considerar que Gobierno e Interior han atendido “de forma impuntual e incompleta” las solicitudes de documentación de la comisión.