La juez Lamela manda a prisión a los comisarios Villarejo y Salamanca

Los negocios turbios del comisario jubilado José Villarejo han terminado con él en la cárcel. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó este domingo el ingreso en prisión provisional del policía, de 66 años, por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada "Operación Tándem". Junto a él, también fue a prisión su socio Rafael Redondo. La magistrada envió a la cárcel, además, al también comisario de policía Carlos Salamanca, a quien le atribuye, además un delito de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Más información

Villarejo ha tenido activas sus empresas con diez ministros

El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital

La policía descubre la causa por la que Villarejo intervino en el ‘caso Nicolay’

La cúpula policial compró equipos de espionaje telefónico sin autorización

Los otros cuatro investigados que pasaron ayer a disposición judicial quedaron en libertad. En el caso de la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, con la medida cautelar de retirada de pasaporte y en el de los otros tres (uno de ellos hijo de Villarejo, y otro, hijo de Salamanca) sin medidas cautelares. La magistrada aprecia en ambos policías y en el abogado Redondo riesgo de fuga por la gravedad de los hechos y el elevado patrimonio que todos ellos tienen en España.

La juez Carmen Lamela, en funciones de guardia durante la semana que terminó ayer, es la instructora de la causa. Sin embargo, la toma de declaraciones que realizó a los nueve exconsejeros de la Generalitat el jueves obligó a que dejara el caso provisionalmente en manos otro juzgado de la Audiencia Nacional, el dirigido por Manuel García-Castellón.

La operación, denominada Tándem, ha sido iniciada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada por la Audiencia Nacional. Las actividades investigadas se refieren a operaciones con Guinea Ecuatorial y China.

La Fiscalía recibió el 25 de abril pasado una denuncia anónima sobre las supuestas actividades ilegales de Villarejo y Salamanca. Este escrito afirmaba que en 2012 un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó a Villarejo, a través de su colega Carlos Salamanca, un informe sobre uno de los hijos del presidente Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas familiares.

El contrato del policía detenido con los guineanos se hizo supuestamente a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, dedicada a la investigación y a la gestión de crisis, con sede en la Torre Picasso. Villarejo y su socio Rafael Redondo Rodríguez formalizaron una propuesta económica, según la denuncia, para la realización de los trabajos, por un importe de 5,3 millones de euros. El pago se realizaría en dos partes: 1,7 millones por elaborar el informe, más un seguimiento anual de 3,6 millones.

Unos anexos al contrato detallaban las fases de actuación en las que se realizarían seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal relativos a Gabriel Mbaga Obiang.

Villarejo y Redondo solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no solo a Cenyt. Parte de estos pagos se realizaron supuestamente en unas cuentas bancarias radicadas en el extranjero, principalmente en Panamá, país calificado como paraíso fiscal. Según la denuncia recibida por la Fiscalía, las transferencias más relevantes las recibieron las sociedades panameñas Participaciones Marvila SA (330.000 y 485.000 euros) y Financiera Uruplan (435.000 euros), presuntamente propiedad del excomisario.

Los representantes del Gobierno guineano mantenían una buena relación con el comisario Salamanca, que por entonces era el jefe policial del Aeropuerto de Barajas, en Madrid. Según los documentos enviados a la Fiscalía, Salamanca les realizaba favores en numerosas ocasiones, como ir a recoger a visitantes a la puerta del avión utilizando coches oficiales o facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras.