La ‘policía patriótica’ del PP se sienta por primera vez en el banquillo

La llamada brigada patriótica, el grupo de policías que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, se sentará este martes por primera vez en el banquillo para ser juzgado por una de sus supuestas actuaciones. La Audiencia Provincial de Madrid inicia la vista, que se prolongará hasta el próximo viernes, contra el comisario Eugenio Pino, número dos de la policía en aquella época y supuesto muñidor de la trama de agentes, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano por el presunto delito de descubrimiento de secretos en el intento de incorporar al caso Pujol un pendrive con documentos de origen supuestamente ilícito.

La Fiscalía pide para los dos policías la absolución al considerar que no existió ningún ilícito en su actuación, mientras que el hijo de Jordi Pujol, que ejerce la acusación particular, solicita dos años y medio de cárcel para cada uno de los agentes por revelación de secreto, y Podemos, como acusación popular, la eleva a diez años y medio para cada uno al incluir también los delitos de estafa procesal y falso testimonio. Las defensas niegan todas las acusaciones. Entre los testigos solicitados para que declaren en la vista está el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operación Tándem. Pino y Díez Sevillano están también imputados en la pieza Kitchen del caso Villarejo, en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal de la policía patriótica al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, en 2013.

La investigación por la que ambos mandos policiales se sientan ahora en el banquillo fue abierta por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —instructor de la causa por corrupción contra Jordi Pujol, su mujer y sus hijos— tras recibir en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se hacía referencia a unos documentos de Jordi Pujol Ferrusola desconocidos hasta entonces y cuya procedencia el documento policial no detallaba.

Tras recibir la pequeña memoria informática que los contenía en febrero del año siguiente y constatar que ningún mando policial de los que llamó a declarar aclaraba cómo se habían conseguido los 869 documentos que contenía, el juez De la Mata acordó que no se incorporaran al sumario para evitar que contaminasen su investigación y provocaran su nulidad. Además, dio traslado a los juzgados de Madrid de las pesquisas realizadas sobre el pendrive al considerar que en la actuación del comisario Pino y su subordinado había indicios de delito.

La investigación la asumió el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, quien tomó declaración como imputados a los dos agentes y a un tercero —sobre el que finalmente se sobreseyó la causa—. También llamó como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo . En el auto por el que transforman las diligencias en procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral— el magistrado concluía que Pino y su subordinado se concertaron “para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola”. Por ello, los acusaba de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secreto

En aquel escrito, el magistrado destacaba que los dos policías ocultaron intencionadamente la procedencia ilícita de la información y que, cuando fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y, más tarde, por el juez de Madrid alegaron “vagas y genéricas referencias a su origen”. Por ello, concluyó que mintieron incluso cuando acudieron como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad. El magistrado también destacó las múltiples contradicciones de los dos policías.

Durante la instrucción de la causa, el comisario Villarejo refrendó el testimonio autoexculpatorio del que fuera su superior, el comisario Pino, al señalar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, con el que se encontraba abiertamente enfrentado, como la persona que hizo llegar a la Policía el polémico pendrive. El juez instructor consideró entonces que al testimonio del policía ahora encarcelado “no se le puede conferir una alta fiabilidad”.

El relato de aquel auto del juez es respaldado en sus escritos de acusación tanto por la acusación particular de Jordi Pujol Ferrusola, como la popular, de Podemos. Sin embargo, la Fiscalía se alineó con la defensa de los dos mandos y en su escrito pidió la absolución de ambos al considerar que no hubo “concierto previo” para intentar incorporar al sumario del caso Pujol el pendrive con la información financiera del primogénito del expresidente de la Generalitat. El ministerio público concluye que ninguno tuvo participación en su entrega en la Audiencia Nacional, que achaca a un hallazgo casual en el cajón de uno de los investigadores del caso.

Ambos agentes fueron condecorados por el Gobierno del PP con medallas pensionadas. El comisario Pino, con una medalla de plata que le reporta con carácter vitalicio 3.725 euros al año. Díez Sevillano, con una cruz con distintivo rojo, percibe 2.000 euros anuales por ella. Además, este último fue premiado con un destino en la Embajada de España en México, uno de los puestos más ansiados en la policía, ya que incluye una alta retribución económica.