Dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP serán juzgados en junio en el primer juicio del caso

La llamada brigada patriótica, el grupo de policías surgido durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior supuestamente para actuar contra rivales políticos del PP, ya tiene fecha para sentarse por primera vez en un banquillo de los acusados. Será entre el 9 y el 12 de junio de 2020 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde el señalado como su máximo responsable y muñidor, el comisario Eugenio Pino, ex número dos de la Policía; y uno de sus subordinados, el inspector Bonifacio Díez Sevillano, deberán responder por el supuesto intento de introducir en el sumario del caso Pujol, que se instruye en la Audiencia Nacional, un pendrive con información obtenida de manera presuntamente irregular sobre las finanzas de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat.

La Fiscalía pide para los dos policías la absolución al considerar que no existió ningún ilícito en su actuación, mientras que el hijo de Jordi Pujol, que ejerce la acusación particular, solicita dos años y medio de cárcel para cada uno de los agentes por revelación de secreto, y Podemos, como acusación popular, la eleva a diez años y medio para cada uno al incluir también los delitos de estafa procesal y falso testimonio. Entre los testigos solicitados para que declaren en la vista está el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operación Tándem.

La investigación sobre el pendrive fantasma fue iniciada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Pujol, tras recibir en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se hacía referencia a unos documentos de Jordi Pujol Ferrusola desconocidos hasta entonces y cuya procedencia el documento policial no detallaba. Tras recibir la pequeña memoria informática que los contenía en febrero del año siguiente y constatar que ningún mando policial de los que llamó a declarar aclaraba cómo se habían conseguido los 869 documentos que contenía, el juez De la Mata acordó que no se incorporaran al sumario para evitar que contaminasen su investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat y provocaran su nulidad.

Además, dio traslado a los juzgados de Madrid de las pesquisas que había realizado sobre el pendrive al considerar que en la actuación del comisario Pino y su subordinado había indicios de delito. La investigación la asumió el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, quien a lo largo de más de un año tomó declaración como imputados a los dos agentes y a un tercero —sobre el que finalmente sobreseyó la causa—. También llamó como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario Villarejo y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el también comisario Marcelino Martín-Blas. El 2 de noviembre de 2018, el magistrado procesó a ambos mandos policiales al que considerar que habían ocultado intencionadamente la procedencia ilícita de la información y que, cuando fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y, más tarde, por el magistrado de Madrid, alegaron “vagas y genéricas referencias a su origen”.

Ese relato de aquel auto del juez es respaldado en sus escritos de acusación tanto por la acusación particular de Jordi Pujol Ferrusola —que pedía y aún reclama que se procesase a un tercer policía—, como la popular, de Podemos. Sin embargo, la Fiscalía se ha alineado con la defensa de los dos mandos y en su escrito del pasado julio pidió la absolución de ambos al considerar que no hubo “concierto previo” de ambos para intentar incorporar al sumario del caso Pujol el pendrive con la información financiera del primogénito del expresidente de la Generalitat. El ministerio público concluía que ninguno tuvo participación en su entrega en la Audiencia Nacional, que achaca a un hallazgo casual en el cajón de uno de los investigadores del caso.

Durante la instrucción de la causa, el comisario Villarejo refrendó el testimonio autoexculpatorio del que fuera su superior, el comisario Pino, al señalar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, con el que se encontraba abiertamente enfrentado, como la persona que hizo llegar a la Policía el polémico pendrive. El juez instructor consideró entonces que al testimonio del polémico policía “no se le puede conferir una alta fiabilidad”. Sin embargo, una grabación localizada durante la investigación que se sigue contra él en la Operación Tándem, y por la que lleva más de dos años encarcelado, apuntalan la versión que facilitó Pino y el propio Villarejo, según señalan fuentes jurídicas. La misma fue localizada por la policía cuando ya se había concluido la investigación del caso del pendrive. La declaración de Martín-Blas en el juicio, solicitada por las dos acusaciones, es señalada ahora por las mismas fuentes como clave.