Interior certifica que la ‘brigada política’ ocultó el espionaje a Luis Bárcenas

El supuesto espionaje sin control judicial a Luis Bárcenas y su entorno fue ocultado en los archivos oficiales del Ministerio del Interior por los integrantes de la llamada brigada política, el grupo de agentes que durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento investigó a los rivales políticos del PP. Así se desprende de un escrito calificado como “secreto” y enviado por la Secretaría de Estado de Seguridad al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, que mantiene abierta unas pesquisas por los supuestos seguimientos y robos cometidos contra el extesorero del partido conservador en 2013 y 2014, cuando se decidió a aportar información sobre la supuesta caja b de su formación. La operación policial se financió presuntamente con fondos reservados.

Este informe de la Secretaría de Estado, fechado el pasado 15 de noviembre y conocido ahora tras levantarse el secreto sobre parte de la investigación, recalca que no se ha encontrado en el Centro Gestor de los Fondos Reservados ningún documento sobre una actuación policial bautizada como “Kitchen, cocinero, cocina o K”. Así lo destaca también en otro escrito la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que había solicitado a este órgano “cualquier documentación archivada relativa a esta operación policial, cualquiera que fuera la denominación que se le diera”.

Pese a ello, el jefe de la Policía con Fernández Díaz, el comisario Eugenio Pino, admitió al juez que se puso en marcha un operativo contra el extesorero tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. De hecho, Pino defendió la legalidad de esa investigación para recabar, según él, información sobre el paradero del dinero que se sospechaba que Bárcenas tenía escondido. También dijo que nunca se le llamó Operación Kitchen, como se refería a ella en sus notas su subordinado, el comisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una trama policial.

García-Castellón ha levantado ahora parte del secreto de sumario de esta línea de investigación, donde están imputados varios de los presuntos integrantes de la brigada política, así como Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, que se negó a declarar ante el magistrado. Según consta entre esta documentación, a la que tuvo acceso EL PAÍS, estas pesquisas se abrieron después de que los investigadores hallaran en casa de Villarejo un pendrive con “diversos archivos de audio” sobre un “operativo policial denominado Kitchen o Cocina, el cual tendría por objeto la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial, relacionada con la actividad del extesorero del PP”.

Un operativo que “excedería” la legalidad; que se dirigiría a “la localización de documentos y archivos de audio [en poder de Bárcenas] que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del PP”; y en el que se usaron fondos reservados, “lo que conllevaría una desviación de los recursos estatales para la consecución de finalidades espurias ajenas a las que son propios de las fuerzas de seguridad del Estado”, según escribió Diego de Egea, el juez instructor que inició las pesquisas hasta que abandonó la Audiencia Nacional y las sumió García-Castellón.