Cuatro años de ‘policía política’ sin castigo en los tribunales

La política y la justicia tienen velocidades distintas. A veces, dispares. La primera, a través de comisiones de investigación en el Congreso, ha ratificado en dos ocasiones desde 2017 que durante la etapa de Jorge Fernández Díaz se creó en el Ministerio del Interior un grupo parapolicial conocido como policía política o brigada patriótica con el fin de ”obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y “la persecución de adversarios políticos”. La última, este miércoles, con el dictamen de la comisión de la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, que aún está pendiente de votación por el pleno de la Cámara baja.

Por el contrario, en estos cuatro años los tribunales no han dictado ninguna sentencia firme en la que se considere probada la existencia de este grupo. De hecho, varias de las operaciones presuntamente irregulares de las que se les acusan a sus integrantes ni siquiera son investigadas y la única vez que dos presuntos integrantes de la trama se sentaron en el banquillo, fueron absueltos. Ocurrió en julio de 2020. El comisario Eugenio Pino, exjefe de la Policía Nacional y supuesto muñidor de la policía política, fue juzgado junto a uno de sus hombres de confianza, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, en la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de descubrimiento de secretos por el supuesto intento de incorporar al caso Pujol, en el que se investigan el supuesto enriquecimiento irregular de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, un pendrive con documentos de origen ilícito. Una de las acusaciones personadas pidió 10 años de cárcel para cada uno de ellos, aunque la Fiscalía pidió la absolución.

Finalmente, ambos fueron absueltos, aunque el fallo aún no es firme. Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat y acusación en la causa, recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía no se ha pronunciado, según fuentes jurídicas. Pese al sentido favorable de la sentencia, el tribunal reprochó en el fallo al comisario Pino una conducta “alejada de un correcto actuar profesional” y afirmaba que su “oscurantismo” sobre el origen de la información que contenía aquel dispositivo de memoria “puso en serio riesgo” la investigación sobre el clan Pujol que se llevaba en la Audiencia Nacional.

Este alto mando policial está ahora cerca del banquillo por otra actuación de esta trama, la Operación Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó el pasado julio un auto en el que ponía final a la instrucción y proponía juzgar a 11 personas, entre ellos el exministro Fernández Díaz, su ex número dos, Francisco Martínez, y nueve policías, incluido Pino. En esa resolución —que ha sido recurrida por acusaciones y defensas—, el magistrado concluía que la trama actuó a partir del verano de 2013 con idea de “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla” y que no llegara al entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.

Aún en fase de investigación, en este caso en un juzgado de Andorra, se encuentra otra de las supuestas actuaciones de la política patriótica. En este caso, de la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada a partir de 2012 en el seno de Interior para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los líderes del independentismo catalán. Se trata de las supuestas coacciones y extorsión a Higini Cierco, accionista mayoritario junto a su hermano Ramón de la Banca Privada de Andorra (BPA), y otro directivo de esta entidad para que facilitaran información de las cuentas bancarias que pudieran tener dirigentes nacionalistas catalanes con la amenaza del cierre tanto del banco como de su filial española, Banco Madrid, algo que finalmente se produjo. En esta causa, en la que figuran grabaciones con las amenazas, están querellados cuatro presuntos integrantes de la policía política, entre ellos el comisario Pino, así como Mariano Rajoy y los exministros Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, entre otras personas.

Menos suerte en los tribunales han tenido otras actuaciones de la Operación Cataluña. El Tribunal Supremo rechazó la querella que, en septiembre de 2016, interpuso el exalcalde de Barcelona Xavier Trías contra el exministro Fernández Díaz y el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso tras la difusión de unas conversaciones de ambos —grabadas por agentes de la policía patriótica— en las que hablaban de filtrar información de líderes nacionalistas a medios de comunicación. El alto tribunal rechazó investigarlo porque consideró imposible determinar si los audios estaban manipulados.

También han fracasado los intentos de investigar la Operación Cataluña en el macrosumario del caso Tándem, en el que se investiga tanto la Operación Kitchen como las actividades presuntamente ilícitas del comisario José Manuel Villarejo para enriquecerse. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor, Manuel García-Castellón, consideran que estas actividades no son delictivas. Y ello a pesar de que, cuando se detuvo a Villarejo, en noviembre de 2017, en su domicilio se localizaron al menos seis informes sobre este operativo, uno de ellos sobre el expresidente de la Generalitat Artur Mas, del que se difundió un informe apócrifo. En este sumario ha intentado personarse como acusación Jordi Pujol Ferrusola tras conocerse que el comisario tenía a los miembros del clan familiar entre sus objetivos. El juez lo rechazó con el argumento de que los Pujol eran un objetivo de interés policial y no consta que se hubiera usado medios ilegales, según señalan fuentes jurídicas.

García-Castellón tampoco ha admitido investigar dentro del caso Tándem el llamado Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial anónimo sobre las finanzas de Podemos que salió a la luz en 2016 y cuyo contenido fue avalado por Interior como un trabajo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que encabezaba precisamente el comisario Pino. El informe, que la Policía intentó judicializar, pero que los tribunales rechazaron de plano, fue presuntamente redactado por otro miembro de la trama, el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.