Sinaloa, bajo la sombra de la narcopolítica: “Esta guerra no se va a terminar nunca”

Cuando salía en su coche de la sede del partido, cinco furgonetas con los cristales oscuros le cortaron el paso. No recuerda cuántos hombres bajaron, pero vestían de negro, tenían la cara cubierta con pasamontañas y llevaban fusiles. A partir de ahí, todo se vuelve más borroso. La suben al asiento de atrás de una de las camionetas, le vendan los ojos y empiezan a dar vueltas por Culiacán, la capital de Sinaloa. No hay golpes ni insultos, solo amenazas muy veladas como “tenemos a medio Culiacán, aquí” o “cuando quieras te llevamos a tu casa”. Casi nueve horas después, mientras el sol ya empieza a asomar por las suaves montañas que rodean la ciudad, a Paola Gárate le quitan la venda de los ojos y la sueltan cerca de un supermercado. Era domingo y en unas pocas horas abrirían las urnas para elegir al nuevo gobernador del Estado. Así, entre aturdida y aliviada, comenzó la jornada electoral de la presidenta del PRI de Sinaloa.

Durante los días previos a aquellas elecciones de 2021 se sucedieron las denuncias de secuestros y palizas a más de 50 operadores del PRI. Sinaloa era por entonces uno de los bastiones casi inexpugnables del histórico partido mexicano, que defendía la gubernatura frente a un candidato veterano, un viejo profesor con dos intentos fallidos a sus espaldas. Esta vez, Rubén Rocha Moya venía arropado por Morena, que crecía como un ciclón tropical por todo el país y acabaría arrasando también en Sinaloa.

Durante estos años, las denuncias de la oposición apenas se han movido de los cajones de la Fiscalía estatal. Pero desde este miércoles, todo se mira de otra manera. Lo sucedido aquellos días antes de la elección ha cambiado de magnitud con la imputación de un tribunal de Nueva York contra el gobernador Rocha, y nueve altos cargos de su Gobierno, a los que acusa de trabajar a sueldo para el Cartel de Sinaloa, la nave nodriza del narcotráfico mexicano.

Es más, los fiscales sostienen que durante la campaña, Rocha se reunió con Los Chapitos, escoltados por “sicarios armados con ametralladoras”, para que le ayudaran a ganar. Y más todavía, que el futuro gobernador les entregó a los hijos del Joaquín El Chapo Guzmán “una lista de sus oponentes y sus respectivas direcciones, para que pudieran intimidarles y obligarles a retirarse de la contienda electoral”.

Sentada en la cafetería de un hotel, la líder priista dice que la acusación de la justicia estadounidense confirma lo que ellos vienen denunciando estos años. Tras una primera reacción defensiva por parte del Gobierno mexicano, el golpe, que ha tensado sobremanera la relación bilateral, ha precipitado de momento la renuncia temporal de Rocha del cargo, abriendo la puerta a una posible investigación de las autoridades mexicanas. Gárate cuenta también que durante la campaña más de una vez se le acercaban chicos jóvenes, presuntos halcones del cartel que trabajan dando información, y le decían: “Mi güerita (rubita), ya no le sigas, que va a ganar Morena”.

Gárate dejó la presidencia del PRI el año pasado, pero sigue siendo una de las voces con más influencia en la oposición. Dice no tener miedo, aunque asegura que los opositores en Sinaloa “están en la diana”. Y pone como ejemplo otro turbio episodio marcado a fuego en la memoria reciente de México.

El 25 de julio de 2024 fue asesinado entre una niebla de contradicciones Héctor Cuén, un veterano político y empresario que contribuyó a la victoria del gobernador Rocha para luego romper con él y convertirse en uno de sus principales adversarios. Primero, la Fiscalía estatal aseguró que el suceso había sido por un asalto para robarle su furgoneta en una gasolinera. Meses después, la Fiscalía Federal intervino para confirmar lo que apuntaban los rumores en Culiacán: Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue emboscado a traición por uno de los hijos del Chapo, su antiguo compadre, para entregarlo a Estados Unidos.

Ya preso al otro lado de la frontera, donde El Mayo se ha declarado culpable y ha pasado a colaborar como una especie de informante, aseguró que el gancho de la trampa era una reunión concertada con Cuén y el propio gobernador. Rocha lo ha negado con insistencia, pero la sombra de aquella reunión es ahora, tras las acusaciones del Departamento de Estado, más alargada que nunca.

El episodio de la reunión con El Mayo ha sido como una de esas señales de tráfico que indican un cambio de dirección, un parteaguas con muchas bifurcaciones. Apenas un mes después, empezó la guerra intestina en el cartel. Las dos familias que llevaban décadas unidas por el bien del negocio, pasaban ahora a ser los peores enemigos, en otro capítulo de la tradicional historia de traiciones y venganzas del mundo del hampa. Los Chapitos contra Los Mayitos. Una guerra que ya ha superado el año y medio de duración y que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, con Culiacán como su epicentro y sangrienta trinchera.

Hartazgo y resignación

La calle está desierta y acordonada por la cinta amarilla del ejército, que vigila la zona bajo el sofocante sol de la primavera sinaloense. Solo una cabeza canosa se asoma por las rejas de la entrada de una de las casas. Es una vecina que estaba cocinando para sus nietos cuando escuchó el estruendo. No quiere dar su nombre y dice que no iba a salir porque “a veces las cosas se ponen feas por aquí”. Pero al escuchar que llegaban los militares, decidió ver qué pasaba. El estruendo que escuchó la señora era un coche empotrándose contra una casa. La vecina dice que estaba abandonada, pero que a veces veía entrar y salir a gente que no era de este barrio popular del centro de la capital.

La tesis más probable es que se tratara de una casa de seguridad de los grupos del crimen. La vecina dice que desde que empezó la guerra interna en el cartel, se encierra cuando cae la tarde. Entre el cansancio y la resignación, no tiene muchas esperanzas de que la cosa cambie con la imputación del gobernador y el resto de políticos acusados de narcos: “Son todos iguales, esta guerra no se va a acabar nunca”. A unas pocas cuadras de aquí, el ejército también tiene precintada otra calle. La fachada de otra casa sospechosa parece un queso gruyere. Un coche se detuvo unos segundos y descargó una ráfaga de balazos antes de huir a toda velocidad por estas calles de tierra.

Desde que arrancó la batalla entre facciones, el Gobierno federal ha tomado el control de la seguridad en Sinaloa, multiplicando la presencia de militares con el envío de miles de soldados. Mientras el gobernador Rocha se afanaba primero en restar importancia a la crisis y luego en intentar ignorarla, las cifras de violencia se desbordaban. Durante los peores meses, superaron los siete asesinatos diarios de media. Sinaloa es la cuna de los grandes narcotraficantes históricos mexicanos y Culiacán era un territorio engañosamente tranquilo desde la última batalla interna de hace casi 20 años. Cuando el cartel estaba unido, no le interesaban los escándalos. El ruido no es bueno para el negocio.

Los vecinos de Culiacán se han acostumbrado a la presencia de los militares. Algunos les llaman cariñosamente “los sobrinos”. Las últimas cifras oficiales indicaron una mejoría. Los asesinatos bajaron casi un 50%, pese a situarse todavía altos, con una media superior a los dos diarios.

Aún es pronto para comprobar si el golpe de la justicia estadounidense supone otro punto de inflexión. Pero tan solo el día después del anuncio del Departamento de Estado, los reporteros de sucesos registraron nueve asesinatos en la capital. Uno de ellos, el recién elegido presidente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, un influyente centro de operaciones políticas. Homar Salas fue abatido a tiros junto a su escolta cuando sacaba el coche del garaje de su casa.

Una larga historia de narcopolítica

La sombra de la narcopolítica ha acompañado a Sinaloa desde hace décadas, con la presión de Estados Unidos apretando en la nuca. Desde finales de los sesenta, cuando el Estado del Pacífico mexicano ya era el granero de heroína y marihuana a dispensar al otro lado de la frontera, la Casa Blanca apuntó al gobernador de entonces, Sánchez Celis, su cercanía con Miguel Ángel Félix Gallardo, el padre del narcotráfico moderno. Apodado por algo el Jefe de Jefes, Gallardo fue escolta personal de la familia del gobernador y llegó a ser el padrino de uno de sus hijos. En los ochenta, la DEA certificó que Gallardo tenía línea directa con otro gobernador, tanto que aterrizaba sus aviones con droga en la pista de un rancho del político.

Un historial que ha sido minuciosamente documentado por Alejandro Sicairos, un veterano periodista sinaloense con más de cuatro décadas siguiendo el asunto. “La narcopolítica en Sinaloa ha operado como el petate del muerto para someter a instituciones y políticos a los designios de Estados Unidos”, cuenta en las oficinas de la revista que dirige. “La gente cree que lo de Rocha es nuevo. Siempre ha habido presiones. Al final, todo se resolverá en unas negociaciones entre los gobiernos, a nivel diplomático. Y seguramente Estados Unidos termine guardando el expediente contra Rocha para cuando necesite usarlo de nuevo”.

Para Marlene Fontes León, directora de Iniciativa Sinaloa, una organización civil local que lucha por el combate a la corrupción y la transparencia, “más allá de las implicaciones políticas, vemos una problemática estructural. Una debilidad de los sistemas de control en Sinaloa y en todo México. La corrupción es un mecanismo transversal y donde se filtra el crimen organizado. Ahora toca que las autoridades mexicanas no evadan su responsabilidad de investigar y castigar cualquier hecho de corrupción”. Por ahora, la renuncia temporal del cargo del gobernador abre la puerta a una posible investigación de la Fiscalía federal, que tiene sobre sus hombres la petición estadounidense de detener y extraditar a los imputados.

Además del gobernador Rocha hay otros nueve acusados, la mayoría hombres muy cercanos. El senador Enrique Inzunza es casi como su hermano menor, lo vio nacer y lo cuidó desde niño hasta que se convirtió en abogado. Luego pasó a ser su asesor jurídico y secretario general de Gobierno. El alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, que también ha renunciado temporalmente a su cargo, es su ahijado, su administrador de campaña y alfil en el Ayuntamiento de Culiacán. El vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra, fue el encargado de la investigación que encubrió el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Por los pasillos del congreso estatal, no se hablaba de otra cosa estos días. Desde el grupo parlamentario de Morena reconocen a modo de eufemismo que “el clima es complejo”. Y tratan de echar balones fuera con el argumento de que este tipo de acusaciones son una constante desde los tiempos del PRI de hierro que gobernó durante décadas también en el Estado. El mismo argumento que utilizó el propio Rocha para responder a las acusaciones los días posteriores a su victoria electoral. “Con quien ha trabajado toda la vida la delincuencia es con el PRI, ¿de dónde nosotros vamos a tener ese antecedente ancestral que tienen los gobiernos priistas? ¿Con quiénes se han entendido? Con ellos. ¡No somos nosotros!”.