Los dueños del Banco Madrid exigen al Estado 250 millones por la actuación de la ‘policía patriótica’

Los dueños del extinto Banco Madrid (BM), entre ellos los hermanos Higini y Ramón Cierco, reclaman al Banco de España una indemnización de 250 millones “por los daños y perjuicios” causados a raíz de la intervención y liquidación de esta entidad en 2015. La demanda de responsabilidad patrimonial presentada ante el propio órgano supervisor contiene, entre otros documentos, un informe pericial sobre los cuantiosos daños derivados de la intervención. Los demandantes vinculan la intervención de Banco Madrid con las presiones que la denominada policía patriótica ―el grupo de policías que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior― realizó para que la entidad les facilitase datos bancarios sobre el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia, así como de otros líderes independentistas.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por el caso Tándem, ha reconocido que desde el Ministerio del Interior se dieron indicaciones para obtener las cuentas bancarias de la familia Pujol e intentar frenar el movimiento independentista. Y que colegas suyos pidieron a los hermanos Cierco, principales accionistas de la entidad, datos sobre las cuentas de los Pujol a cambio de que el Banco de España no actuara contra Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Según la reclamación, la intervención del BM obedeció “a unos infundados temores sobre posible infracción de las medidas para la prevención de blanqueo de capitales" denunciadas en marzo de 2015 por la Financial Crimes Enforcement Network (Red de Lucha contra los Delitos Financieros), el llamado FinCEN, del Departamento del Tesoro de EE UU. En esta estrategia de presión sobre los hermanos Cierco, policías españoles contactaron con el FinCEN y les explicaron que el BM estaba siendo utilizado en España por ciudadanos venezolanos para blanquear dinero. Esta información, que después se reveló falsa, dio lugar a un informe del FinCEN que más tarde precipitó la intervención de la entidad.

En marzo de 2015, el Banco de España recibió un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Sepblac, referido a varias inspecciones efectuadas en BM entre el 9 de abril y el 23 de mayo de 2014 que concluía que existían algunas irregularidades. Tras este informe, el Banco de España acordó la intervención pese a que la entidad era solvente y no había motivos para esa actuación, según la demanda.

Los interventores designados por el Banco de España declararon días después a la entidad en concurso de acreedores y solicitaron su liquidación. Según la demanda, esta intervención se produjo “aun a pesar de que la situación de liquidez y solvencia de BM, en el momento de su intervención, era muy superior a los mínimos legalmente exigidos". La demanda señala que el Banco de España pudo adoptar medidas menos gravosas y alejadas de la “injustificada intervención”, que finalmente dio al traste con la entidad al haber creado artificialmente una situación de “pánico bancario”.

El juez de Madrid que se hizo cargo del supuesto blanqueo de capitales en el BM archivó el caso por inexistencia de delito, al entender que, antes de ser intervenida, la entidad cumplía todos los requisitos de solvencia y no incurría en blanqueo de capitales. El juez que tramitó el concurso de acreedores de Banco Madrid señaló que la causa esgrimida por el Banco de España para intervenir el BM (una inminente insolvencia) no era tal ni radicaba en un ninguna insolvencia real, sino que la misma fue producto de las medidas que adoptaron los interventores designados por el Banco de España para el BM. Según la demanda, tales decisiones “fueron absolutamente desproporcionadas e irrazonables”.

Los accionistas señalan que la situación del BM la agravó precisamente el Banco de España al haber solicitado, un día antes de presentar el concurso de acreedores, la cancelación de todas sus operaciones de liquidez. El Banco de España, siempre según la demanda, canceló las posiciones en BM antes de que se decretase el concurso de acreedores. De esta forma salvó su posición por delante del resto de acreedores, hecho que constituye “un fraude" que “vulnera la normativa concursal y bancaria”.

El informe pericial anexo a la demanda señala que, en el momento en que se intervino BM, esta entidad era viable y no estaba incursa en ningún motivo de disolución. Y que la “absolutamente desproporcionada” actuación del órgano supervisor provocó una “situación de pánico injustificada” que acabó llevando a la intervención de una entidad hasta ese momento viable. En esta “irrazonabilidad” es en la que los accionistas de BM fundamentan la reclamación de responsabilidad patrimonial por importe de 250 millones de euros. Los accionistas piden que intervenga en este asunto el Consejo de Estado para que se pronuncie mediante un informe sobre lo acontecido con el BM.