La comisión Kitchen dictamina que Rajoy y Cospedal conocieron el espionaje a Bárcenas

Tras un año de trabajo y la comparecencia de 37 personas —tres de ellos en dos ocasiones—, la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen llegó este miércoles a su fin con la aprobación de un dictamen que concluye que el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz montó en el verano de 2013 un operativo policial para robar al extesorero Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. Todo ello, con el conocimiento del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la implicación de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El texto considera probado que la trama fue financiada con recursos públicos y que Rajoy mintió en su comparecencia del 13 de diciembre.

El texto final reproduce, con dos enmiendas menores, la propuesta del PSOE, y fue aprobado con el apoyo de los socialistas, Unidas Podemos y EH Bildu (159 votos), frente a 149 en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y 29 abstenciones (ERC, PNV y Grupo Mixto). El dictamen debe ser ahora debatido y aprobado, junto a los votos particulares que presenten otros grupos en el pleno del Congreso, algo que no será posible ya hasta después de las vacaciones parlamentarias de Navidad.

El documento aprobado concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. El dictamen incide en que la operación se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, donde Fernández Díaz “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino. “La finalidad de la Operación Kitchen —concluye el texto— era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales”, añade.

El PSOE solo ha admitido la inclusión en su propuesta inicial de dos enmiendas planteadas por Unidas Podemos. La primera es un pequeño tirón de orejas al Gobierno, aunque sin referencia expresa a este, al considerar que parte de la información que se solicitó o no llegó “o lo ha hecho a destiempo”. En una propuesta conjunta, Unidas Podemos y cuatro partidos independentistas criticaban al Ejecutivo al considerar que había atendido “de forma impuntual e incompleta” parte de los requerimientos, lo que afectó negativamente a su trabajo.

El segundo punto aceptado por los socialistas ha sido la inclusión de una referencia a la necesidad de revisar “los procesos y procedimientos sobre el uso de los fondos reservados” y la norma sobre condecoraciones policiales para que “abunde en una mayor transparencia y objetividad en la concesión de las mismas”. Siete de los agentes implicados fueron condecorados entre 2012 y 2016 por el entonces ministro Fernández Díaz con medallas que llevaban aparejadas una recompensa económica vitalicia y que fueron justificadas en sus “meritorias trayectorias profesionales”. Gracias a ellas, se reparten en la actualidad 16.000 euros al año.

El resto de los cambios sobre el documento inicial del PSOE son fruto de un informe de los letrados del Congreso en el que se alertaba a los grupos de que las conclusiones de la comisión debían estar “exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas ilícitas de los investigados”. Por ello, el PSOE retiró expresiones como “delictiva” o “malversación”, que recogían su texto inicial.

Sin embargo, los socialistas rechazaron incluir, como pedía Unidos Podemos, una referencia a la necesidad de revisar la ley de secretos oficiales, un texto legal heredado del franquismo y para cuya reforma el Gobierno ya creó en abril una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. No ha sido la única línea roja. El grupo socialista también se negó a incluir, como pretendían su socio de Gobierno, una alusión a que, entre la información que la trama supuestamente quería arrebatar a Bárcenas, podían encontrarse datos sobre supuestas cuentas en Suiza del rey emérito, Juan Carlos I, o al enfrentamiento entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el comisario José Manuel Villarejo.