Unidas Podemos negocia al margen del PSOE sus conclusiones de la comisión Kitchen

Unidas Podemos vuelve a marcar distancias en el Congreso con su socio de Gobierno, el PSOE. La coalición ha negociado en los últimos días con cuatro partidos independentistas, y al margen de los socialistas, su propuesta de conclusiones de la comisión que ha investigado en el último año la llamada Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. El documento, que recoge 19 conclusiones y firman también ERC, EH Bildu, Junts y la CUP, será debatido por los miembros de la comisión, junto a los textos que presenten el resto de grupos parlamentarios, este miércoles. Fuentes cercanas a esta negociación admiten que el objetivo es tener una posición de fuerza ante los socialistas en el debate del texto final del dictamen que será llevado a pleno, al ser necesario el voto de los cinco partidos para que salga adelante.

En su propuesta de dictamen, Unidas Podemos y los independentistas consideran probado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal fueron los “responsables políticos últimos” del operativo parapolicial creado desde el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz presuntamente para impedir que llegara al sumario del caso Gürtel documentación comprometedora para el PP que pudiera guardar Bárcenas. En el documento también se apunta a que, entre la información que la trama pretendía arrebatar, podía encontrarse datos sobre supuestas cuentas en Suiza del rey emérito, Juan Carlos I.

Felipe Sicilia, portavoz del PSOE en la comisión, ha restado importancia a esta decisión de sus socios de Gobierno: “Nosotros hemos presentado nuestras propuestas. Hemos hablado con diferentes grupos y cambiado impresiones, pero en ningún momento planteamos el presentar de forma conjunta las conclusiones”, ha señalado a EL PAÍS tras conocerse el documento de Unidas Podemos y los independentistas. En una rueda de prensa este lunes, Sicilia ya había apuntado que las conclusiones de su grupo, al igual que las de Unidas Podemos y los independentistas, señalan a Rajoy y Cospedal como “los mayores beneficiarios y quienes más interés tenían” en el espionaje a Bárcenas.

En el documento registrado por los cinco partidos, estos concluyen que “existió una estructura policial bajo el mandado de Fernández Díaz, dirigida por el DAO [director adjunto operativo, el comisario] Eugenio Pino y bajo el conocimiento del secretario de Estado [Francisco Martínez] y del Ministerio del Interior” que “estuvo actuando de una forma prolonga en el tiempo”. El texto recalca que la Operación Kitchen no fue, de hecho, la única “sin orden judicial” y mediante “la fabricación de pruebas” que perpetró esta trama. Y recuerda que, en 2017, la comisión parlamentaria que investigó la existencia de la denominada policía patriótica, ya determinó que esta estructura “o similar” ejecutó la “Operación Cataluña, destinada a investigar y acusar a líderes del independentismo”.

Para actuar —continúa el documento—, la trama parapolicial utilizó “de forma ilegítima los recursos materiales y humanos del Ministerio del Interior” e hizo “uso irregular del pago de fondos reservados”. “La mala praxis de las actuaciones del Ministerio del Interior se han podido dar gracias a una cultura de la impunidad y unas concepciones particulares de lo que es el significado de patriotismo heredadas de regímenes anteriores”, continúa el texto. Y apunta que ello fue posible por la “legislación deficiente y obsoleta” de tres leyes: la que regula las materias que son consideradas secretos de estado, la que fija el uso de los fondos reservados y la de adjudicación de las condecoraciones policiales.

Por ello, los cinco partidos abogan por emplear los resultados de la comisión para abrir “un profundo y extenso debate para que se establezcan unos mejores mecanismos de control de transparencia y rendición de cuentas que orienten a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a una democratización profunda”. El texto también plantea abrir el debate “sobre cuáles son los límites democráticos de la razón de Estado”.

Unidas Podemos y los independentistas consideran “imprescindible” investigar “la posible existencia actual de tramas parapoliciales y estructuras paralelas fuera de la ley en el seno de los estamentos públicos y, en especial, en el Ministerio del Interior”. También reclaman una revisión “inmediata” de los procedimientos de control de la partida de fondos reservados y “la revisión y revocación inmediata” de las condecoraciones y gratificaciones económicas de aquellos agentes implicados “en casos de corrupción” o que hubiera participado “en tramas parapoliciales”.

Los cinco partidos consideran que estas medallas se convirtieron en “un procedimiento oficioso de retribuciones” para gratificar a los agentes implicados en la trama. Siete de los agentes implicados fueron condecorados entre 2012 y 2016 por el entonces ministro Fernández Díaz con medallas que llevaban aparejadas una recompensa económica vitalicia y que fueron justificadas en sus “meritorias trayectorias profesionales”. Gracias a ellas, se reparten 16.000 euros al año.

El documento también aboga por remitir a la Fiscalía Anticorrupción, a la Audiencia Nacional y “a los estamentos judiciales que se determinen” las conclusiones que finalmente apruebe el pleno. En este punto hace especial hincapié en que se haga llegar el dictamen al Tribunal de Cuentas, “con el fin de que lleve a cabo las actuaciones de aseguramiento patrimonial oportunas, incluida la traba de embargos si resultada oportuno” de bienes del PP. También que se remitan a Interior y a la Dirección General de la Policía “para que se tomen en consideración las medidas orgánicas y disciplinarias que se estimen convenientes” contra los agentes implicados en la trama.

Además, la propuesta critica la actitud de algunos comparecientes, de los que no da su nombre y apellidos, cuyo testimonio considera que “claramente” faltó a la verdad, por lo que plantea la posibilidad de tomar medidas legales contra ellos. También critica al Gobierno por atender “de forma impuntual e incompleta” parte de los requerimientos de información que hicieron los diputados, lo que consideran que afectó negativamente a su trabajo durante las comparecencias del exministro Fernández Díaz y del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.

Por contra, pone “en valor”, por haber “ayudado con los fines de esta comisión”, los testimonios prestados por el inspector jefe Manuel Morocho y el comisario Enrique García Castaño. El primero, investigador principal del caso Gürtel, denunció ante los diputados “todo tipo de presiones y obstáculos para que no investigase los hechos relativos al señor Bárcenas y la caja b [del PP ]”. El segundo, que está imputado por su implicación en el espionaje a Bárcenas y colabora con la justicia, detalló las actuaciones que realizó al margen de la ley por orden de sus superiores para sustraer a la justicia documentos relacionados con la caja b del PP.