Los testimonios que desnudan la trama política del espionaje ilegal a Bárcenas

“¿Qué pinta un grupo parapolicial investigando algo que le corresponde a una unidad [la UDEF] de la Comisaría General de Policía Judicial?”. La pregunta retórica la lanzaba el 17 de noviembre el comisario de policía José García Losada durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen, el espionaje ilegal a Luis Bárcenas durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este alto mando policial, ya jubilado, había ocupado entre junio de 2012 y octubre de 2013 —un periodo clave, ya que durante el mismo se iniciaron los seguimientos al extesorero del PP— la jefatura de esa comisaría general a la que se refería, de la que dependía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba ya entonces la trama de corrupción del PP destapada por el caso Gürtel. Por ello, sus palabras eran una confirmación de la ilegalidad de un operativo que este mismo policía había tildado unos instantes antes de “absolutamente anómalo”.

Su testimonio y el de las otras 36 personas que han comparecido en el Congreso en los últimos nueve meses son analizados ahora por los diputados de la comisión para extraer las conclusiones del dictamen que votará el pleno. Pese al silencio de muchos de los citados, la falta de credibilidad de otros y la negativa de la Audiencia Nacional a facilitar a los parlamentarios la documentación sumarial, la impresión generalizada de los diputados es que las sesiones han permitido ahondar en la trastienda política de la operación parapolicial para dar respuesta, al menos en parte, a cinco cuestiones clave.

Cuál era el objetivo. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, defendió ante la comisión que él nunca tuvo conocimiento “de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior” para espiar a Bárcenas, aunque terminó admitiendo que existió el operativo. “No creo que hacer un seguimiento para obtener información de personas que estaban investigadas [en referencia a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias] sea delictivo”, lo justificó. El comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo e imputado en la causa, aseguró que el comisario Eugenio Pino, entonces jefe de la Policía y considerado el muñidor de la operación, le ordenó intervenir en el espionaje al extesorero del PP para buscar a “los testaferros del señor Bárcenas y dónde tenía el dinero escondido”. Citado en dos ocasiones a comparecer ante la comisión, García Castaño, que colabora con la justicia, admitió también que la documentación que obtuvo no se la entregó ni a la UDEF ni a la justicia, sino al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, en un pendrive.

En la misma línea apuntó el comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y, por tanto, responsable del grupo que investigó el caso Gürtel. Olivera, que cuando compareció en el Congreso no estaba imputado, aseguró que el comisario José Manuel Villarejo le comentó en alguna ocasión que tenía el encargo del comisario Pino de “localizar bienes y testaferros del señor Bárcenas”. El también comisario Mariano Hervás, que cuando se espió a Bárcenas estaba destinado como segundo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que comandaba García Castaño y que hizo los seguimientos, afirmó que le dijeron que el objetivo era descubrir los supuestos testaferros de Bárcenas y el lugar en el que ocultaba el dinero. Uno de sus subordinados, el policía Enrique Luis Báez Tabasco, añadió que él tuvo que dejar de seguir a presuntos yihadistas para vigilar la casa del extesorero. Un cambio que, añadió, le justificaron porque Bárcenas “había robado mucho dinero y había que localizar un local”.

Quién dio la orden. Bárcenas aprovechó su comparecencia en el Congreso, el 17 de marzo, para acusar a Rajoy y otros miembros de la cúpula popular como instigadores de aquella trama. “Es una suposición, pero así lo creo”, recalcó. Así, señaló a la ex número dos del partido, María Dolores de Cospedal, y añadió a una tercera persona, cuya identidad declinó concretar. “Es evidente que eso [la orden del espionaje] tiene que ser de una persona del máximo nivel”, sostuvo. El comisario García-Castaño dibujó más nítidamente la jerarquía de mando de la trama. Aseguró que él informaba de sus avances tanto al comisario Pino como al entonces secretario de Estado de Seguridad, con el que se reunía de manera habitual y del que recibió instrucciones directas. El comisario dijo que, “por supuesto”, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz estaba al tanto. El agente también mostró su convencimiento de que tanto Rajoy como Cospedal estaban informados.

El comisario Villarejo, que hasta que acudió al Congreso nunca había señalado directamente al expresidente del Gobierno, lo hizo en su primera comparecencia en la comisión, el 27 de mayo. Ese día, aseguró que intercambió mensajes telefónicos o SMS con Rajoy sobre el avance del espionaje a Bárcenas. En su segunda comparecencia, en octubre, el comisario dio un paso más en sus acusaciones y afirmó que tuvo un breve encuentro, en marzo de 2014, con el entonces líder del PP en la sede de la calle Génova. En su comparecencia, Villarejo también detalló que durante su participación en el operativo “reportaba directamente” con el ex número dos de Interior y con Fernández Díaz, aunque a este “puntualmente”. Además, implicó en la trama al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar en el sumario del caso Kitchen.

Cómo se financió. Uno de los primeros policías en comparecer fue el comisario Felipe Lacasa, quien, desde su puesto de secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, distribuía parte del dinero que este cuerpo recibía de los fondos reservados. Su testimonio puso de manifiesto que los integrantes de la trama dispusieron sin ningún control de esta partida. El alto mando policial detalló que entregó fondos reservados a seis imputados y que lo hizo tras recibir “una orden verbal” del que entonces era su superior, el comisario Pino. La investigación judicial ha acreditado que se desviaron 53.266 euros de los fondos reservados para pagar a Sergio Ríos, chófer del extesorero que ejerció de confidente de la trama, además de otras cantidades para comprarle una pistola o adquirir el ordenador que el ex número dos de Interior supuestamente utilizó para consultar la documentación sustraída.

Uno de los que recibieron esos fondos, el comisario Andrés Gómez Gordo, imputado en la causa, admitió el uso de esta partida para financiar el operativo. Este alto mando policial ocupó puestos de confianza con diferentes administraciones gobernadas por el PP entre octubre de 2007 y marzo de 2015, incluido el de asesor de Cospedal cuando ella ocupó la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo afirmó que la persona que dio la autorización para estos pagos fue el comisario Pino, aunque se mostró convencido de que su actuación en el espionaje al extesorero del PP se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”.

Qué documentación se robó. Bárcenas afirmó durante su comparecencia, como ya había hecho ante el instructor del caso Kitchen, el magistrado Manuel García-Castellón, y en el juicio por la caja b de su partido, que la trama le robó documentos. Uno de ellos era el audio que supuestamente había grabado del encuentro con Rajoy en el que entregó a este un sobre con dinero y copia de los apuntes que reflejaban la contabilidad opaca del partido. Por su parte, el comisario García Castaño confirmó que entró sin orden judicial en un local que la esposa de Bárcenas tenía cerca de su domicilio para buscar documentación del extesorero, pero dijo que no encontró “nada”. No obstante detalló que, más tarde, consiguió extraer la información contenida en varios teléfonos de Bárcenas y su esposa, entre la que se encontraban los mensajes que el primero había intercambiado con dirigentes de su formación.

Ante los diputados, García Castaño se mostró convencido de que, antes de la Operación Kitchen, Bárcenas ya había sido espiado. “¿Usted cree que el PP espió, a nivel particular, al señor Bárcenas?”, le preguntó un diputado. “Yo creo que sí”, fue la respuesta del comisario. El Gordo añadió que toda la documentación que obtuvo se la entregó en un pendrive al ex secretario de Estado. Parte de su testimonio se vio ratificado por el que entonces era su número dos en la UCAO, el comisario Hervás. Este mando policial confirmó que acompañó a García Castaño y a otros dos agentes de la unidad a la sede de Interior para entregar un equipo informático a Martínez con un programa que facilitaba la búsqueda de información en volúmenes elevados de documentación.

Cómo afectó al caso Gürtel. La documentación que la trama Kitchen presuntamente consiguió sustraer a Bárcenas nunca llegó ni a los agentes de la UDEF ni al entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. Sin embargo, esa no fue la única zancadilla que la cúpula policial en la etapa de Fernández Díaz puso a aquella investigación, según detalló el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de aquellas pesquisas. El agente explicó que en enero de 2015, cuando eran más intensas las investigaciones sobre la caja b del PP, fue destinado a otras funciones para retrasar el avance de las mismas. Morocho señaló directamente al comisario Pino.

El inspector jefe explicó también que las presiones que recibía se iniciaron mucho antes, pero que se incrementaron en 2013, al salir a la luz los llamados papeles de Bárcenas y coincidiendo con el inicio del espionaje al extesorero. Entonces este policía sospechó que había una operación paralela, de cuyos averiguaciones nunca se informó al juez, y para la que sus superiores le iban pidiendo datos que, precisamente, “afectaban al núcleo de la investigación”. Morocho indicó que en aquel momento notó “desasosiego” en la cúpula policial por la documentación que Bárcenas pudiera tener.