El juez imputa a Jorge Fernández Díaz por el espionaje policial a Bárcenas

El Gobierno y la cúpula del PP durante la etapa de Mariano Rajoy ya se encuentran oficialmente señalados por el caso Kitchen, la supuesta trama de espionaje parapolicial creada en el Ministerio del Interior para tapar el escándalo de financiación ilegal del PP y arrebatar a su extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para el partido y sus líderes entre 2013 y 2014. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido este viernes citar como imputado el próximo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, tras examinar la causa ha rechazado citar, al menos de momento, como investigados a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, como también le había solicitado el ministerio público.

El juez cita, asimismo, como investigado, el 29 de octubre, al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, y convoca como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas: el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a su también colaboradora Icíar Castro Álvarez. Todos estos testigos deberán explicar el contenido de conversaciones que supuestamente mantuvieron con Martínez en los días en que la investigación de la Kitchen comenzaba a centrarse en él y que el ex número dos de Interior mantuvo guardadas en el teléfono móvil hasta que su domicilio fue registrado por orden judicial.

El caso Kitchen, una de las 25 piezas en que se divide el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado José Villarejo, es, tras la Gürtel y el caso de la caja b del partido, el mayor escándalo de corrupción de cuantos afectan a la formación conservadora. Según la investigación, durante la etapa de Fernández Díaz en Interior supuestamente se creó una red de policías que se dedicó a seguir los movimientos de Bárcenas y a su familia durante la investigación judicial iniciada después de que EL PAÍS publicara, el 31 de enero de 2013, los papeles de la contabilidad b del partido que el extesorero llevaba en su oficina de la calle Génova 13 de Madrid, sede nacional de la formación conservadora.

Según la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, este presunto aparato policial clandestino al servicio del PP estuvo coordinado, en la parte política, por el ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Francisco Martínez, y en la parte policial, por el antiguo director adjunto operativo, máximo mando uniformado de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ambos imputados junto a Villarejo y otros miembros destacados de la llamada policía patriótica, como el comisario Enrique García-Castaño, El Gordo. El entramado contó con decenas de agentes dedicados a seguir los pasos de Bárcenas pensando que colaboraban con la investigación de la caja b, que entonces llevaba juez Pablo Ruz; y los supuestos responsables dispusieron de al menos 53.000 euros de fondos reservados para pagar al principal agente encubierto de la operación, Sergio Ríos, exempleado de seguridad del PP y chófer de Bárcenas. Estos detalles, sumados a los audios intervenidos a Villarejo y la documentación del sumario “evidencia[n] el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores” de Interior, afirma el juez en el auto.

Además del pago en metálico con dinero público, del que no ha quedado rastro documental en la Secretaría de Estado de Seguridad pese a que el Consejo de Ministros levantó el secreto oficial sobre esos pagos, Ríos fue supuestamente enchufado como funcionario en la Policía Nacional con la mediación del entonces poderoso comisario Villarejo. Según el magistrado, este supuesto trato de favor “requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el ministerio”.

Según el auto, las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el “centro nuclear” de la operación en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.

Ahora, la investigación del caso Kitchen da un salto hacia arriba, quizá no el último, con la imputación de Fernández Díaz. En su escrito, Anticorrupción recordaba que el exministro, además de ser la cabeza del departamento durante todo el tiempo que duró el operativo ilegal, mantuvo con su número dos, Francisco Martínez, "comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración en el zulo [donde Bárcenas guardaba la supuesta información sensible]. Estas conversaciones coinciden en el tiempo con el momento en que Sergio Ríos obtuvo la información que se buscaba y que almacenó en dispositivos electrónicos que fueron supuestamente entregados a Eugenio Pino.

“Estuvimos en una piscina de tiburones”

Los mensajes de teléfono y los archivos intervenidos a Martínez son una de las principales armas de la Fiscalía contra Fernández Díaz. Según el escrito, por ejemplo, el ex secretario de Estado depositó ante notario un SMS que habría recibido del ministro que decía: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo”. La información del móvil refleja también como, a medida que el partido le va dejando de lado tras estallar el escándalo, su enfado aumenta contra sus antiguos superiores. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, le confió a su amigo el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro. En una de estas conversaciones, en febrero de 2019, Martínez se define a sí mismo como “un pringao” y le decía a su colaboradora Icíar Castro: “Estuvimos en una piscina de tiburones”.

El magistrado aparca por ahora la imputación de Cospedal porque, dice, “este es el momento de ahondar en indicios tangibles, sustentados en evidencias sólidas sobre las que ir construyendo una investigación de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigación profunda”. El juez ve “precipitado” en este momento y sin haber interrogado a los testigos “avanzar hacia hipótesis que apunta[n] otras personas y cuya implicación en este momento se sustenta en referencias de terceros”. El juez recuerda que el inspector Andrés Gómez Gordo, policía de confianza y asesor de Cospedal en su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, y que fue quien supuestamente puso en contacto a Sergio Ríos con Villarejo, declaró en su juzgado que ni la ex secretaria general del PP ni su marido le dijeron que hablara con el chófer de Bárcenas.

García Castellón entiende que, antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez. Hasta el momento, el antiguo secretario de estado se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez García-Castellón, especialmente mientras el sumario se mantuviera bajo secreto. En conversación con este periódico, el ex número dos de Interior ha manifestado que se quedó “atónito” cuando Jorge Fernández Díaz le contó la operación de espionaje a Bárcenas y ha expresado su voluntad de cooperar con la investigación: “Voy a contarle al juez todo lo que sé”.