Francisco Martínez : “Voy a contarle al juez todo lo que sé”

El ex ‘número dos’ de Interior relata a EL PAÍS que se quedó “atónito” cuando Jorge Fernández Díaz le detalló la operación para espiar a Bárcenas

La tarde en la que todo estaba a punto de estallar, Francisco Martínez Vázquez, sentado en la terraza de una cafetería de Madrid, viajó ocho años en el tiempo. Se vio a sí mismo a principios de 2012, con 36 años, en un rincón discreto del hotel AC Cuzco, esperando su primer encuentro con un veterano policía llamado José Manuel Villarejo.

Martínez, licenciado en Icade por la Universidad de Comillas y letrado en Cortes, era por aquel entonces jefe de gabinete de Jorge Fernández Díaz, un veterano político catalán del PP a quien su viejo amigo Mariano Rajoy, que acababa de ganar las elecciones por mayoría absoluta, había nombrado ministro del Interior. ¿Qué hacía Martínez, que ya disponía de un futuro prometedor y un despacho contiguo al del ministro Fernández Díaz, esperando a un policía en un hotel donde nadie los pudiera identificar?

Es lunes 7 de septiembre de 2020. Francisco Martínez ya tiene 45 años y desde hace meses vive angustiado. Está imputado por una operación policial secreta –el llamado caso Kitchen– pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior con un objetivo inconfesable e ilegal: espiar presuntamente al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentos que pudieran perjudicar a Mariano Rajoy y a la cúpula del partido.

Martínez ha engordado algo en los últimos tiempos. Desterrado de la política, ha regresado a la abogacía y se ha dedicado a escudriñar los diarios cada día en busca de cualquier indicio sobre su situación procesal. La justicia es lenta, pero nada comparable a la lentitud de los días esperando una mala noticia. El juez acaba por fin de levantar este lunes el secreto del sumario del caso Kitchen y los medios de comunicación reproducen las pruebas que la Fiscalía Anticorrupción ha reunido contra él, que entre enero de 2013 y noviembre de 2016 fue secretario de Estado de Seguridad, algo así como un viceministro de Interior.

Ahí está su vida, expuesta como en un escaparate. 52 folios de papel timbrado en los que los fiscales han reunido retazos de conversaciones intervenidas a los policías que espiaron a Bárcenas, reflexiones personales apuntadas en el móvil, mensajes de WhatsApp en los que pedía ayuda o se lamentaba por su suerte. Entre todos ellos, destaca una frase dirigida a un juez amigo –el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro– en la que se lamenta: “Como sabes muy bien, mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal”. Es un desahogo, pero sobre todo es un aviso a navegantes.

Francisco Martínez acaba de engrosar la larga lista de personajes que en un momento dado fueron relacionados con la maquinaria de la corrupción del PP –el tesorero Luis Bárcenas, los alcaldes Guillermo Ortega o Arturo González Panero, el diputado Ricardo Costa, los policías José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño…– y que, una vez caídos en desgracia y abandonados por el partido, deciden defenderse tirando de la manta.

—Voy a contarle al juez todo lo que sé.

Es la vieja canción del arrepentido.

—¿Cuánto crees que me puede caer?— pregunta Martínez a su interlocutor delante de un agua con gas.

—No sé, Paco, el abogado eres tú.

Mientras avanza la tarde, las noticias caen como pedradas sobre la honra del ex secretario de Estado de Seguridad. Martínez rechaza asumir el rol de cerebro de una red corrupta y recuerda con amargura los antecedentes de aquella historia maldita. “Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”.

En los primeros meses de 2012, cuando Martínez tanteaba sus nuevos dominios como jefe de gabinete del ministro del Interior, Bárcenas andaba desesperado por su imputación en el caso Gürtel. Aún tenía esperanzas de que el PP –que le seguía pagando el sueldo más alto del partido y que pese a los escándalos le mantenía el despacho en Génova 13, la secretaria y el chófer– lo sacara del embrollo. Ahora que gobernaban con una mayoría absoluta más abultada incluso que la de José María Aznar en 2000 todo sería más sencillo. Él mismo había comprobado durante sus largos años de mordidas y esplendor que el poder es capaz de cualquier cosa. Así que se dedicó a llamar a algunos de los ministros con la esperanza de que encontrasen una solución definitiva a sus problemas, pero pronto descubrió que algo estaba cambiando. Algunos ni se ponían al teléfono...

Pero otros sí. Bárcenas aseguró que en un primer momento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, maniobró para que la Policía escribiese un informe dirigido al juez donde dijera que “Luis el cabrón” –el apodo que supuestamente le había puesto la red– no era él sino el empresario Luis Delso. El tesorero creía que ese detalle le libraría de las acusaciones que le mantenían imputado en la causa.

Pero aquel intento fracasó. Entre otras cosas porque, a finales de 2012, llegó una comisión rogatoria desde Suiza que destapaba la fortuna que Bárcenas ocultaba en ese país. Poco después, EL PAÍS publicó la contabilidad b manuscrita por Bárcenas durante casi 20 años. El PP despidió finalmente a su tesorero con una indemnización, le devolvió sus pertenencias ―decenas de cajas de material irrelevante y un trineo―, pero se quedó con los dos ordenadores con los que el extesorero trabajaba y destruyó los discos duros.

Una vez rotos de forma tan abrupta todos los vínculos con el partido, Bárcenas se convirtió en la principal amenaza para el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya mayoría absoluta podía con todo, menos con los secretos que el tesorero guardaba o decía que guardaba. En aquellos tiempos no tan lejanos en que el chantaje se convirtió en algo corriente, la sola posibilidad de que alguien pudiese guardar una grabación o unas fotos comprometedoras se podía utilizar como moneda de cambio. “Y fue entonces”, cuenta un alto dirigente del PP de aquella época, “cuando Jorge Fernández Díaz, que le debía todo lo que era en política a Rajoy, sintió que su principal cometido al frente de Interior era arreglarle los problemas a su amigo el presidente. Yo no creo que él fuera el autor intelectual de la Operación Kitchen, pero sí que alguno de aquellos policías se la propusiera y él aceptara”.

No hay que olvidar la confesión de Francisco Martínez. Nada más llegar a Interior, uno de los primeros encargos que le hizo Fernández Díaz fue reunirse con el comisario Villarejo para tratar en secreto, fuera de los canales oficiales –y por supuesto del control judicial–, un asunto relacionado con Ignacio González, vicepresidente entonces de la Comunidad de Madrid, y su polémico ático de Estepona. Era uno de los encargos especiales del ministro. Martínez, un hombre acostumbrado a recorrer con soltura los laberintos del Derecho, se aventuraba nada más llegar a Interior por las oscuras estancias de las cloacas del Estado.

La Operación Kitchen, secreta e ilegal, no pudo ser más chapucera e inútil, pese a que en ella intervino la cúpula policial nombrada por el PP, auxiliada por veteranos comisarios especializados en asuntos turbios. Demasiados testigos para un objetivo tan oscuro. En dicha operación participaron, según la investigación judicial, el entonces máximo jefe policial, Eugenio Pino; el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño; el comisario José Manuel Villarejo, agente encubierto; y el inspector Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de Dolores de Cospedal, quien le llegó a nombrar director general cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha. Todos ellos al mando de un pelotón de más de 50 agentes que, sin conocer la ilegalidad del encargo, se afanaron en hacer seguimientos exhaustivos y absurdos a la mujer de Bárcenas.

“Empecé a recibir información de los policías”, recuerda ahora Francisco Martínez. “Pero no era nada relevante, que si ella [Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas] iba a la peluquería y cosas parecidas”.

-¿Y de los pagos de fondos reservados para la operación que usted controlaba?

-Mi misión era firmar talones para el pago de esos fondos reservados, pero desde una perspectiva administrativa. Junto conmigo firmaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era quien se encargaba de supervisar que estuvieran todas las firmas pertinentes, desde la del policía que pedía los fondos para pagar a su confidente hasta la cúpula de Interior, uno por uno. Yo daba una cantidad global a la unidad que lo hubiese solicitado, pero ahí no se especificaba ni el contenido de las investigaciones ni el tipo de operación. Y en el listado de operaciones pagadas con fondos reservados que a mí me pasaron no hubo ninguna que se denominase Kitchen.

La investigación judicial ha confirmado efectivamente que no existe ningún expediente de fondos reservados con ese nombre. Pero es lo de menos. Hay suficiente documentación para acreditar que el trabajo secreto se realizó. Además, el comisario Villarejo, famoso por grabarlo todo a la espera de hacerlo valer, tenía en su domicilio muchos de los recibos mensuales del pago de fondos reservados al chófer de Bárcenas. Incluso documento sonoro del momento de las entregas "en billetes de 500 euros”.

Villarejo llamó a Francisco Martínez y le dijo que había que colocar al chófer de Bárcenas en la Policía, regalarle un puesto de trabajo para tenerle “trincado” y evitar que se “derrotase” [confesara en el argot policial] si algún día se descubría el pastel. No se sabe qué hizo el secretario de Estado, pero Sergio Ríos consiguió una plaza de policía en 2014.

Francisco Martínez, acorralado por las evidencias, reconoce ahora que aquel mundo estaba lleno de trampas. “Algunos policías nos llamaban para comprometernos con grabaciones subrepticias. Un día me llamo El Gordo [Enrique García Castaño] y me dijo que el dinero de Bárcenas estaba en las Antillas Holandesas. Se supone que esa información procedía de las vigilancias a las que era sometida la mujer y al socaire de la información que le proporcionaba el chófer. Pero ellos buscaban la boca del político, alguna declaración que nos pudiera comprometer para luego utilizarla contra nosotros”.

De ese dinero que Bárcenas ocultaba en las Antillas Holandesas nunca más se supo. Ni de las grabaciones que supuestamente Bárcenas hizo en La Moncloa durante una cita con el presidente Rajoy o en un restaurante de Sevilla durante un almuerzo con Javier Arenas. Villarejo grababa. Bárcenas grababa. Los políticos que los utilizaron nunca sabrán qué dijeron o qué no dijeron en su presencia, si la grabadora estaba encendida aquel día o si el ruido ambiente ocultó para siempre una confesión comprometedora.

Dos años de intensos trabajos a la sombra de la ley para desactivar las bombas que guardaba Bárcenas apenas dieron como resultado unos cuantos documentos muy poco relevantes. El chófer de Bárcenas, captado como confidente a razón de 2.000 euros al mes, sustrajo esos papeles a la mujer del extesorero mientras este continuaba preso. Pero el botín robado a la familia Bárcenas en la Operación Kitchen no era ni mucho menos la “bomba” que temían los dirigentes del PP. Las bombas de Bárcenas, quién había controlado durante 20 años las finanzas del PP, habían estallado meses antes con la publicación de los papeles donde registraba las donaciones de empresarios y los pagos a la cúpula del partido; con la difusión de los mensajes telefónicos que le mandó Rajoy, con sus entrevistas donde contó los 20 años de financiación ilegal y, sobre todo, con su confesión durante horas ante el juez Pablo Ruz.

Todo parecía aclarado, con Bárcenas en la cárcel y las trampas del PP expuestas ante la opinión pública, cuando Francisco Martínez encuentra en el diario Vozpópuli una entrevista a Jorge Fernández Díaz. Es el verano de 2019 y Francisco Martínez, ya imputado en el caso Kitchen, pasa unos días de vacaciones en Mahón. Lo que lee en su móvil lo llena de indignación. El exministro del Interior niega cualquier relación con el espionaje a la familia de Bárcenas: “Me estoy enterando ahora, no me consta para nada”.

El ex secretario de Estado escribe indignado a un amigo: “Está en campaña el muy cabrón. ¿Tú crees que se puede tener tan poca vergüenza? Tendrá que ir corriendo a confesarse (…) Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez SÍ se va a arrepentir. Ni imagina lo que le espera”.

Francisco Martínez conoce muy bien a Fernández Díaz. Cuando se filtraron las conversaciones del ministro con el jefe antifraude catalán para airear una supuesta cuenta suiza del alcalde de Barcelona Xavier Trías, que resultó ser falsa, Fernández Díaz se defendió con una mentira. Fue al Congreso y se mostró indignado por el hecho de que alguien desconocido hubiera colocado micrófonos en su despacho. Pero dos años después escribió un libro de memorias en el que confiesa que había sido él mismo quien había autorizado poner micrófonos en su despacho para grabar la conversación. El político catalán se había labrado a conciencia una imagen de santurrón que, a la luz de los hechos, poco tenía que ver con su vida real.

Indignado por las declaraciones de su exjefe, Francisco Martínez decide defenderse y acude a un notario de Mahón para levantar acta de los mensajes que guarda en su teléfono móvil y que prueban el conocimiento que, según la Fiscalía, Fernández Díaz tenía de la Operación Kitchen. El notario da fe de algunos mensajes comprometedores para el exministro y Martínez guarda el papel a buen recaudo, para cuando sea necesario. La ocasión se presenta casi un año después. El pasado mes de marzo, un día antes de que el Gobierno decrete el estado de alarma por la pandemia, unos policías entran junto a los fiscales anticorrupción en la vivienda de Martínez. El ex secretario de Estado les ha preparado el documento notarial donde se recogen los mensajes enviados por el ministro del Interior.

-Supongo que esto es lo que ustedes vienen buscando.

Francisco Martínez ya es un arrepentido y está dispuesto a colaborar con la justicia. Hay documentos descubiertos por la Fiscalía Anticorrupción que demuestran que durante meses intentó, casi suplicó, que su partido no le dejase tirado. Ha llegado a prometer a la actual dirección del PP la misma lealtad que profesó a Fernández Díaz, la misma que lo condujo aquella tarde de 2012 a reunirse con Villarejo en un hotel de Madrid, primer paso hacia el precipicio por el que fue despeñándose su prometedora carrera como jurista y político.

Los detalles y los personajes varían, pero la historia es siempre la misma. Durante 20 años, la mayoría del tiempo con José María Aznar al frente, el PP se financió ilegalmente. Hay más de 50 apuntes en los papeles de Bárcenas por más de un millón de euros que han quedado probados tras siete años de investigación con documentos oficiales y la confesión de quienes recibieron el dinero. Además, la caja b enriqueció supuestamente a los principales dirigentes del PP, quienes cobraron sobresueldos trimestrales que nunca declararon a Hacienda. Bárcenas ha detallado ante el juez cómo se producían estos pagos en dinero negro; los supuestos beneficiarios lo han negado siempre.

Cuando estalló el escándalo más grave en la historia del PP, altos cargos de ese partido, primero desde la oposición y luego desde el Gobierno, ejecutaron todo tipo de maniobras para tratar de obstaculizar las investigaciones judiciales y enterrar los delitos cometidos. La última intentona, sin duda la más grave, es la llamada Operación Kitchen.

Muchos años después, aquel encargo maldito se ha convertido en la pesadilla de Martínez, que considera que su mayor pecado ha sido el de lealtad. “Ahora estoy muy mal”, contaba el viernes a EL PAÍS. “Han suspendido mi relación con el despacho de abogados en el que trabajaba. Vivimos en la tiranía de la imagen. Nadie quiere estar cerca de quienes aparecen en los medios. La gente tiene un miedo atroz a la imagen y prefiere sacrificar a un jurista, aunque sea bueno”.

Francisco Martínez es ya un juguete roto. El PP, que llegó a nombrarle portavoz de la Comisión Constitucional tras su paso por el Ministerio del Interior y que le enviaba a las tertulias como su más cualificado experto en leyes para luego presuntamente dejarlo caer tras hacerle cometer varias ilegalidades. Ahora, Martínez está dolido. Y piensa defenderse atacando. “Voy a contarle al juez todo lo que sé”.

Jorge Fernández. Ministro del Interior entre 2011 y 2016

Su lealtad a Mariano Rajoy se convirtió en su peor defecto. Algunas de las operaciones policiales secretas que se conocieron durante su mandato para salvar a Rajoy o para hundir a sus adversarios políticos se demostraron ilegales y resultaron un fiasco. El caso Kitchen es el mejor ejemplo de ello.

Francisco Martínez. Experto en Derecho y letrado en Cortes

En 2013 fue aupado al puesto más delicado (número dos del Ministerio del Interior). Su jefe emprendió batallas policiales contra los adversarios políticos a espaldas de los jueces. La lealtad de Martínez al ministro del Interior que le nombró le convirtió en el principal cómplice de las operaciones ilegales.

Eugenio Pino. Jefe policial máximo durante el mandato de Jorge Fernández

Su principal logro es haber impulsado una policía patriótica encargada de perseguir a dirigentes de Podemos e independentistas catalanes, por lo que está siendo investigado en los tribunales. Su departamento es sospechoso de difundir escándalos falsos contra Pablo Iglesias o políticos de Cataluña.

Andrés Gómez Gordo. Inspector de policía

Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, le nombró director general en Castilla-La Mancha. Conocía al chófer del extesorero Luis Bárcenas y eso le llevó a tener un papel destacado en la ilegal Operación Kitchen. Otros comisarios le atribuyen su participación en maniobras de intoxicación contra Podemos como la elaboración del informe PISA.

José Manuel Villarejo. Comisario de policía

Durante 20 años intervino como “agente encubierto” en muchos de los principales escándalos de la democracia. Grabó y documentó todas sus gestiones. Está encarcelado desde octubre de 2017 e imputado en 27 piezas separadas abiertas en la Audiencia Nacional. Se lucró a través de sus empresas privadas con trabajos de extorsión a los adversarios de sus clientes o de tareas de intermediación para resolver problemas de quienes le pagaban.

Enrique García Castaño. Comisario

Situado en uno de los puestos más sensibles de la policía y experto en seguimientos y espionajes, tiene una participación relevante en la lucha antiterrorista. Durante el juicio del 11-M, negó que ETA estuviera detrás del atentado y desmintió a un alto cargo del PP acusado de falso testimonio. El sumario del caso Tandem le sitúa como uno de los principales colaboradores del comisario Villlarejo en sus trabajos ilegales.

Sergio Ríos. Chófer de Luis Bárcenas entre 2013 y 2014

La cúpula policial le captó como confidente para robar al extesorero documentación comprometida contra Mariano Rajoy o el PP. Antes de ese trabajo, gracias al que consiguió plaza en la policía, fue chófer de Francisco Granados, ex secretario general del PP-Madrid, imputado también por corrupción.