Anticorrupción pide imputar a Fernández Díaz, a Cospedal y a su marido por el espionaje a Bárcenas

El caso Villarejo está a punto de adquirir una nueva dimensión. Tras dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de dos ministros del antiguo Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, así como la del marido de esta última, por su presunta relación con la bautizada como Operación Kitchen, la trama urdida en la cúpula del Ministerio Interior para espiar sin control judicial a Luis Bárcenas, extesorero popular, cuando estalló el caso de los papeles de Bárcenas.

La petición de Anticorrupción está ya sobre la mesa del juez Manuel García-Castellón, que debe decidir si da un paso mayúsculo en la instrucción de esta macrocausa, con más de una veintena de líneas de investigación abiertas. De momento, la Audiencia Nacional ha visto cómo desfilaban como imputados por el caso Villarejo importantes empresarios, como el banquero Francisco González, expresidente del BBVA; la antigua cúpula de la Policía Nacional; e incluso el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero, hasta ahora, el ministerio público nunca había puesto la diana más alta a nivel político.

La Fiscalía eleva finalmente el tiro. Lo hace en la pieza separada sobre Kitchen y tras dos años de investigación, en los que ha ido estrechando el cerco sobre Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en la etapa en la que se urdió esta operación contra Bárcenas y se creó la conocida como policía patriótica. Como avanzó eldiario.es, Anticorrupción pide al magistrado que lo cite a declarar como imputado. Según confirmaron varias fuentes jurídicas a EL PAÍS, solicita lo mismo para María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex secretaria general del PP; y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Esta línea de investigación sobre el espionaje al extesorero del PP arranca en 2018, después de que los investigadores encontraran en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde 2017 y epicentro de esta macrotrama, un pendrive con “diversos archivos de audio” sobre un “operativo policial denominado Kitchen o Cocina, el cual tendría por objeto la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial, relacionada con la actividad” de Bárcenas. Esta presunta actuación, sin control judicial, incluía “la localización de documentos y archivos de audio [en poder del extesorero] que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del PP”; y en el que se usaron fondos reservados, según escribió Diego de Egea, el magistrado instructor que llevó las pesquisas hasta que abandonó la Audiencia Nacional.

Desde entonces, casi la totalidad del contenido del sumario de Kitchen se ha mantenido bajo secreto, aunque la Fiscalía ha solicitado esta semana que se levantara. De aceptarlo el juez García-Castellón, las partes personadas en la causa podrán conocer los detalles de un caso que suma a un buen número de altos cargos de la Policía imputados. Entre ellos, al jefe del Cuerpo con Fernández Díaz, el comisario Eugenio Pino, considerado el supuesto muñidor de la policía patriótica. Pino ya reconoció que existió este dispositivo de seguimiento a Bárcenas, aunque defendió su legalidad.

En las pesquisas también lo acompaña Francisco Martínez, que se ha negado en dos ocasiones a declarar y que es el único político imputado de momento, al que se le atribuye la autorización del pago de los fondos reservados. Esa lista puede crecer ahora de aceptarse también la imputación de Fernández Díaz y Cospedal.

Mensajes intervenidos

Como adelantó EL PAÍS, García-Castellón ya preguntó a Pino el pasado enero por la relación del exministro con el espionaje a Bárcenas. El antiguo jefe de la Policía había explicado que Fernández Díaz intercedió por Villarejo. Y el juez le dijo si “asoció” ese trato de favor con la operación puesta en marcha contra el extesorero. “Es lo lógico, ¿no?”, afirmó el magistrado ante la negativa de Pino. “Es mucha casualidad... ¿No es casualidad que le diga lo que le ha dicho el ministro, ¡el ministro!, no un subdirector general, en relación con [el espionaje] a Bárcenas?”. Las nuevas peticiones de imputación de la Fiscalía llegan, además, después de que se requisasen a Francisco Martínez varios mensajes que se había cruzado con el exministro.

La irrupción de Cospedal es una de las grandes novedades. Enfrentada con Bárcenas durante años, su nombre ya se había relacionado con la policía patriótica. El comisario Andrés Gómez Gordo, imputado, fue su asesor cuando ocupó la Presidencia de Castilla-La Mancha, y fue señalado por el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como quien lo captó para Kitchen. Otro de los implicados, el comisario jubilado Enrique García Castaño, también atribuyó a Gómez Gordo la autoría del informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán financió a Podemos y que acabó publicado en varios medios de comunicación.

Cospedal abandonó, además, el comité ejecutivo del PP en noviembre de 2018, después de que se difundieran unas grabaciones donde ella y su marido conversan con Villarejo. En los audios se escucha a la exdirigente del PP y a su esposo hablar sobre la trama Gürtel antes de que estallara el caso y pedir al comisario informes sobre compañeros de partido.