OPERACIÓN KITCHEN

Un viejo teléfono del ministro del Interior, clave para investigar su implicación en el ‘caso Kitchen’

EL PAÍS publica el informe policial que la Audiencia rechaza enviar al Congreso sobre la responsabilidad de Jorge Fernández Díaz en la operación secreta contra el extesorero del PP

El exministro del Interior Jorge Fernandez Díaz a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 13 de noviembre.
El exministro del Interior Jorge Fernandez Díaz a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 13 de noviembre.Juan Carlos Rojas / GTRES

Un viejo teléfono perdido, propiedad del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, contiene la clave para completar la negra historia del espionaje policial al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aportó al juez una prueba notarial de que su jefe, el ministro Jorge Fernández, le envió en el verano de 2013 unos mensajes que supuestamente demostraban el conocimiento que tenía el ministro de la operación policial, ejecutada a espaldas del juez que investigaba el caso de la caja b que durante 20 años controló Luis Bárcenas.

Pero esos mensajes no pudieron ser comprobados en el buzón de mensajes enviados a Francisco Martínez desde el teléfono de Jorge Fernández Díaz. El exministro explicó al juez que ya no tenía ese aparato, que lo había cambiado por otro y que no había pasado los mensajes del teléfono antiguo al nuevo. Fernández Díaz negó que hubiera enviado esos mensajes a su principal colaborador en el ministerio y que ignoraba la operación Kitchen.

El Congreso de los Diputados investiga esa operación policial planificada supuestamente desde el ministerio del Interior. El espionaje ilegal, perpetrado entre 2013 y 2015 cuando el extesorero estaba en la cárcel, contó con la ayuda directa de Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, a quién se premió con casi 50.000 euros de los fondos reservados en dos años y que logró en ese tiempo un puesto fijo como funcionario de la policía.

La Audiencia Nacional tiene un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la policía sobre la implicación del ministro que no ha querido entregar al Congreso de los Diputados para la comisión de investigación del caso Kitchen.

Lo que sigue, resume el contenido de ese informe:

Múltiples indicios de la operación ilegal. “Hasta la fecha se han tramitado en la presente pieza numerosos oficios que contienen múltiples y sólidos indicios que apuntan a que en los años 2013 a 2015 se desarrolló en el ámbito del ministerio del Interior una operación denominada por sus principales intervinientes como KITCHEN o COCINA, encaminada a la localización y apoderamiento (al margen del procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5) de documentación atesorada entonces por Luis Bárcenas y que resultaba especialmente comprometedora para terceros, para lo cual, además, se ejecutaron concretas diligencias restrictivas de derechos fundamentales sin cobertura legal ni judicial (extracción de datos de instrumentos de comunicación telefónica de BÁRCENAS, registro en el estudio ubicado en Díaz Porlier, 32) y se utilizaron fondos reservados (entre otros pagos, mensualidades abonadas con carácter periódico a Sergio Rios Esgueva).

Espionaje conocido por el número dos de Interior. “Dicha operación o proyecto, desarrollado principalmente en el seno de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía y en la que participaron activamente, entre otros, JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉREZ o ENRIQUE GARCÍA CASTAÑO, se realizó al menos con el conocimiento y supervisión del entonces Secretario de Estado de Seguridad con dependencia directa del ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ.

La incógnita sobre la participación del ministro. “Sobre la posible participación de Jorge FERNÁNDEZ DÍAZ en la mencionada operación KITCHEN se han incorporado al presente procedimiento elementos de carácter indiciario (principalmente, INDICIOS MJ1, MJ2 y MJ7, intervenidos en el domicilio particular de Francisco MARTÍNEZ VÁZQUEZ) que sugieren, al menos, el conocimiento del entonces titular del Ministerio respecto a la planificación, desarrollo y ejecución de la mencionada operación.

Si bien se desconoce por parte de esta Unidad Policial si el teléfono entregado por FERNÁNDEZ DÍAZ se corresponde con el utilizado por éste en los años 2013 a 2015, a tenor de los datos objetivos incorporados al procedimiento (particularmente, las numerosas manifestaciones ―descritas en el Oficio UAI 717/2020―, del entonces Secretario de Estado de Seguridad que, amén de los indicios precitados MJ1, MJ2 y MJ7, lo relacionan con la operación objeto de investigación), se somete a su consideración la práctica de la diligencia descrita a continuación, y ello teniendo en cuenta la gravedad de lo expuesto y la inexistencia de otro medio menos lesivo y que suponga una menor injerencia en los derechos de los investigados que permita, en el estado actual de la investigación, profundizar en la misma, en el sentido de determinar de forma precisa el alcance y los responsables de la mencionada operación”.

Una petición de los investigadores que cayó en saco roto. “MANDAMIENTO dirigido al SERVICIO SITEL del Cuerpo Nacional de Policía en el que se ordene la RECUPERACIÓN de los datos e información contenida en el teléfono móvil aportado por FERNÁNDEZ DÍAZ que pudiera haber sido borrada previamente a su entrega en sede judicial; la EXTRACCIÓN de la misma y REMISIÓN a la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS para su análisis en las condiciones que determine V.I., que podrán limitarse, atendidas las especiales funciones desempeñadas por su usuario, exclusivamente a aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objeto de investigación”.

El ministro no entregó el teléfono utilizado en el verano de 2013. Solo puso a disposición del juez su teléfono actual donde no figuraban los mensajes que supuestamente envió a su número dos en el ministerio, Francisco Martínez.

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