Las 10 acciones clandestinas orquestadas por la policía de Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz entró por primera vez en su despacho del Ministerio del Interior el 22 de diciembre de 2011, días después de que el PP de Mariano Rajoy ganara las elecciones generales. Nada más entrar, antes incluso de recibir la cartera de cuero de manos de su antecesor en el cargo, el socialista Antonio Camacho, el veterano político del PP le hizo una extraña pregunta:

—¿Habéis cometido alguna irregularidad?

Camacho, sorprendido, cuenta que le dijo que no, y unos minutos después Fernández Díaz declaró solemnemente a los periodistas:

—Que sepa todo el mundo que me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho. Ni lo va a dejar…

Tal vez ese fuera el propósito de Fernández Díaz, pero lo cierto es que solo unos meses después empezaron a surgir una serie de informes policiales apócrifos que difundían noticias falsas sobre los políticos catalanes embarcados en la aventura independentista. La cúpula policial del PP repitió maniobras parecidas —oscuras, sin autorización ni control judicial— durante los cinco años siguientes. El exministro ha sido ahora imputado junto a su número dos, Francisco Martínez, y media docena de cargos policiales por el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, una operación secreta pagada con fondos reservados para destruir pruebas contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Todas las operaciones denunciadas tenían características similares: no estaban controladas ni ordenadas ni autorizadas por un juez; fabricaban en muchos casos pruebas falsas contra adversarios del Ejecutivo que filtraban a determinados medios de comunicación; conseguían documentos contra dirigentes independentistas mediante prácticas de extorsión; o robaban documentos que podían poner en aprietos al Gobierno. EL PAÍS reconstruye diez de sus actuaciones a partir del testimonio de sus víctimas.

1. Sal gorda para hundir a un presidente de Cataluña (octubre de 2012). El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, había convocado elecciones en Cataluña para el 25 de noviembre de 2012 con el propósito de obtener una mayoría soberanista. En los meses previos, miembros de la policía pusieron en marcha una campaña de intoxicación informativa a través de supuestos informes cargados de graves acusaciones contra Mas y otros dirigentes. “Me desayuné una mañana con una portada de El Mundo que decía que tenía dinero en Suiza. Era absolutamente falso. Me pasé el resto de la campaña tratando de probar algo que no podía probar, mi inocencia, porque era todo mentira. No me creía nadie. Me costó, seguro, bastantes diputados, perdimos 12. A nivel personal, a mi padre esto le destrozó sus últimos meses de vida”, recuerda Mas. El expresidente está convencido de que aquello sucedió “con el beneplácito de La Moncloa”. A Rajoy nunca le sacó el tema en sus encuentros, “pero la sintonía personal cambió”. Mas denunció al diario, pero el caso se archivó. “El juez dijo que los periodistas habían contrastado el informe con el Ministerio del Interior y les dijeron que era verdad”. Lo ha llevado a los tribunales europeos y aún espera el desenlace. “Lo que piensas es que todo vale, que se salta de forma impúdica el Estado de Derecho y que los tribunales, en vez de protegerte, archivan”, reflexiona Mas. “Fue una campaña de un aparato político, el PP, acompañada de un aparato mediático y un aparato parapolicial. Luego nunca más se supo”.

La base de las acusaciones era un informe policial sin sello, ni firma, ni fecha. El escándalo llevó al ministerio a encargar una investigación al comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, quien lo contó así en el Parlamento catalán: “Descubrimos que el informe era un corta y pega de otros informes oficiales al que alguien, no supimos quién, había añadido un poco de sal, en forma de acusaciones de evasión de dinero a paraísos fiscales de Mas y otros”. Nada de aquello resultó cierto.

2. El enredo del ático que acabó con la carrera de Ignacio González (noviembre de 2011-marzo de 2015). El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había encargado a su número dos, Francisco Martínez, hablar con un policía veterano, José Manuel Villarejo, de un asunto que complicaba la vida a Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. La prensa publicaba por entonces (otoño de 2012) que González disfrutaba del alquiler de un ático en Estepona a un precio muy inferior al de mercado y por el que pagaba cada mes casi la mitad de su sueldo público. González se había reunido con Villarejo y con el comisario Enrique García Castaño en una cafetería de la Puerta del Sol en noviembre de 2011. Villarejo se ofreció a arreglarle sus problemas, pero hizo algo más, fiel a su estilo: le grabó, guardó la cinta y la sacó cuatro años después (el 9 de marzo de 2015, a tres meses de las elecciones autonómicas) para hundir la carrera política de González.

Villarejo presumió ante sus amigos de haber provocado la caída de González con la filtración de su conversación grabada. El PP estaba al tanto de esta operación y se arrepintió en el último momento, según el comisario. “Les llamé”, cuenta Villarejo, “y les dije: ‘Oye, que estoy intentando parar la grabación pero no sé si va a ser posible’. Y me dicen: 'Ya que siga, porque está muy cabreado. Se le pega el estocazo”.

Ocho años después de que estallara el caso, el juez lo archivó ante la imposibilidad de demostrar si alguien regaló el ático a González, imputado todo este tiempo.

3. Los “encargos” a Villarejo para torpedear el caso Gürtel (julio de 2009). El comisario Villarejo, “agente encubierto”, según presume en su currículo, recibía encargos del PP desde que este partido estaba en la oposición y empezó a sufrir el escándalo conocido como caso Gürtel. Fue en una reunión semiclandestina en el despacho de Dolores de Cospedal en la sede del PP de la calle Génova, en Madrid. Ocurrió en julio de 2009, unos meses después de que surgiera el caso, cuando contó a la secretaria general del PP y a su marido, Ignacio López del Hierro, que había una serie de agentes —entre los que se incluía— dispuestos a obstaculizar la investigación para que el caso dañase lo menos posible al partido.

Como en todas sus citas, grabó la conversación: “Yo tengo la cartera en un lado y el corazón en el otro. El corazón es vuestro. Siempre que gobernáis vosotros nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, como son tan desastres, pues siempre me encargan cosas”. Les habló del intento de hacer desaparecer un pendrive del contable de Gürtel, Luis Bárcenas, y de que había ido avisando a dirigentes del PP de los registros policiales y otros movimientos. El marido de Cospedal le preguntó: “¿Tú estarías en disposición, por ejemplo, de hacer algún trabajo puntual de temas?”. Y ella añadió: “De la discreción no te preocupes”.

4. Una operación chapuza en busca de los secretos de Bárcenas (junio de 2013-junio de 2015). Cuatro años después de aquella cita semiclandestina en la sede del PP, Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, exdirector general con Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, manejaron los hilos de la Operación Kitchen, diseñada, según revela la instrucción judicial, para robar los secretos que guardaba el extesorero Luis Bárcenas. Villarejo y Gómez Gordo captaron al confidente Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y exconductor del político del PP Francisco Granados. Por 2.000 euros al mes durante dos años, entre junio de 2013 y junio de 2015, Ríos hizo de topo para el grupo policial.

Se emplearon cerca de 70 agentes en seguir a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. En esta operación asomó un factor nada desdeñable en las peripecias de la policía política del PP, la chapuza. En una ocasión, Villarejo presionó al chófer para que obtuviera el número del móvil de la esposa del tesorero, para luego pincharlo. Ríos lo intentó haciéndose una llamada a sí mismo un día en que ella lo dejó un momento en el coche, pero después no sabía borrar la llamada saliente para evitar ser descubierto. El chófer fue recompensado con una plaza en la policía, donde aún trabaja.

Se trataba de robar documentos clave para el futuro del PP y que no se conocieran nunca. Pero los documentos que robaron carecían de relevancia y, además, los agentes los filtraron a la prensa antes de que el juez los tuviera en su poder.

5. Las cuentas de Pujol en Andorra acaban con un banco y denuncias por extorsión (junio de 2014). A finales de 2012, se abrió una vía en la investigación contra la familia Pujol que llegaría lejos. El clan ya había sido objeto de informes fantasma publicados en El Mundo en los meses previos (“Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía”). Pero la investigación comenzó a cristalizar cuando María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol hijo, contó a la policía lo que sabía de sus cuentas en Andorra, y luego ante el juez.

La policía estaba sobre la pista, pero les faltaba dar con el dinero. Hasta que, en la primavera de 2014, agentes a las órdenes de Eugenio Pino (el director adjunto operativo de la policía) fueron al ataque contra la Banca Privada d’Andorra (BPA) para que colaborara. Dijeron que querían información de las cuentas de los Pujol o irían contra el Banco de Madrid (BM), su filial española, según denunciaron los dueños de la entidad. Joan Pau Miquel, consejero delegado del BPA, se reunió con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, en el hotel Villamagna de Madrid en junio de 2014, y le pasó un papel con el número de cuenta, el nombre de Pujol, su mujer y una de sus hijas, y unas cantidades. Otro policía logró en Andorra un pantallazo de la cuenta de los Pujol con un saldo de 3,4 millones. Pero Pino no fue al juez con la información, publicada unos días después en El Mundo. Pujol tuvo que reconocer dos semanas más tarde en un comunicado que tenía fondos en el extranjero.

Un exdirectivo del Banco de Madrid recuerda aquel episodio: “Los policías no se creían que hubiera solo eso, pensaban que había más de 100 millones y que el banco no colaboraba. En medio de esas presiones, alguien informó a Estados Unidos de presuntos casos de blanqueo en el BPA. Luego el FinCen, la autoridad antiblanqueo norteamericana, acusó al BPA de blanqueo con organizaciones criminales. Y ya se sabe cómo acabó”. Acabó cuando el Banco de Madrid, ajeno a las acusaciones, fue intervenido en marzo de 2015. “Se cargaron un banco totalmente saneado por nada. Se basaron en un informe del Sepblac [Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales, del Ministerio de Economía] que no tenía consistencia y que fue filtrado a la prensa. En cuatro juicios no se demostró nada. EE UU luego retiró su informe. Se fueron a la calle más de 200 empleados; demandamos y nos condenaron a pagar las costas. Lo taparon. Una injusticia sideral”, concluye este exdirectivo. Los responsables del banco se querellaron en Andorra contra la cúpula policial por coacciones y chantaje, un caso que sigue abierto.

6. La inexistente cuenta suiza que hundió al alcalde de Barcelona (octubre de 2014). A finales de 2014, la situación en Cataluña se volvió a tensar con la convocatoria de una consulta independentista ilegal el 9 de noviembre. Un mes antes, el 2 y el 16 de octubre, Jorge Fernández Díaz se reunió en su despacho de Interior con el jefe antifraude catalán, Daniel de Alfonso. La conversación, grabada con autorización del ministro (según admitiría él más tarde), sería revelada en 2016 por Público. En ella, ambos conspiran para montar una nueva operación contra el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de CiU. Hablan de una supuesta cuenta suiza de Trias, y recuerdan cómo se filtró la de Pujol y lo bien que salió aquella operación. Dicho y hecho: días después, el 27 de octubre, El Mundo publicó la existencia de una supuesta cuenta de Trias con 12,9 millones en Suiza. “Era totalmente falso. Fue a seis meses de las municipales de mayo de 2015. Mi mujer me dijo: 'Demuestres lo que demuestres, el daño está hecho, has perdido las elecciones. Y así fue”, recuerda Trias. “Lo más asombroso es que los partidos en aquel momento no hicieron gran cosa; luego, cuando salió más información de las cloacas del Estado, sí, pero cuando me pasó a mí no me hicieron ni caso”, subraya. Un detalle que le llama la atención es la chapuza de muchas operaciones: “Hay una degeneración de las cosas mal hechas, se da cuando te crees impune”.

El banco suizo UBS mandó un comunicado tres días después negando la información: ni tenían un cliente con ese nombre, ni la numeración de la cuenta correspondía a la del banco. La policía, tras filtrar presuntamente el documento, lo denunció en la Fiscalía, pero el procedimiento se archivó. El jefe de gabinete del director adjunto de la policía, José Ángel Fuentes Gago, viajó a Suiza para averiguar por qué les habían colado información falsa. Sin resultados. Trias denunció a El Mundo, pero perdió. “El juez dijo que los periodistas no tenían la culpa porque la fuente era solvente, era el Ministerio del Interior”. Una fuente “seria y fiable”, dice la sentencia. Presentó otra querella tras salir las grabaciones de Fernández Díaz, pero no se aceptó porque la grabación era ilegal. “Parece mentira que en un Estado de Derecho se actúe así. Dicen: ‘Vamos a acabar con este señor’, consiguieron lo que querían, y no pasa nada”, lamenta.

7. Armas informativas de destrucción política contra Podemos (enero 2016). En las elecciones generales de diciembre de 2015, Podemos obtiene 69 diputados y se convierte en la tercera fuerza política. Sus votos podían impedir un nuevo Gobierno del PP. Días después, el director general operativo de la policía, Eugenio Pino, tan fiel al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como este lo es a Mariano Rajoy, ordena a sus agentes de confianza que manden al Tribunal de Cuentas un informe letal sobre Pablo Iglesias y Podemos.

Se trata de un informe sin firma ni autoría clara, hecho deprisa y corriendo, que solo 23 días después de las elecciones es publicado por Ok Diario. El medio digital asegura que un documento de la policía demuestra que el Gobierno de Irán ha financiado la carrera política del líder de Podemos. El sindicato Manos Limpias se apoya en el documento, del que nadie se hace responsable, para presentar una denuncia. Se archiva. Semanas después, la policía asume el documento y presenta denuncia en el Tribunal de Cuentas. Se archiva también.

—Hablé varias veces con Fernández Díaz —cuenta ahora Pablo Iglesias— y siempre me aseguró que él no tenía nada que ver. No me iba a decir ‘sí, sí, he mandado a unos tipos para que te revienten’. Una de las características principales del informe que hicieron contra mí es lo cutre que era. No servía ni para que el juez más voluntarioso lo tuviera en cuenta. Su finalidad no era que me metieran en la cárcel, porque no habían obtenido pruebas de nada ilegal. El llamado informe PISA [Pablo Iglesias S. A.] estaba destinado a dar alimento mediático a tabloides e incluso a medios supuestamente respetables para instalar en el ambiente una mentira: la financiación ilegal de Podemos.

Iglesias incide en el aspecto mediático de la operación policial de la que fue víctima: “Villarejo fabrica un poder mediático. Este policía es lo que es por sus contactos con los medios de comunicación y es inaceptable que se empiece a normalizar decir ‘el trabajo de un periodista es quedar a cenar con tipos como Villarejo’. Yo creo que cuando eso empieza es el principio del fin de la democracia”.

La campaña no era solo contra Iglesias. Juan Carlos Monedero, otro de los líderes de Podemos, recuerda que él también sufrió las consecuencias de la misma estrategia: “Informes falsos elaborados por el aparato del Estado y filtrados a determinados medios de comunicación para crear la construcción social de que eres un delincuente. Llegué a tener 12 querellas y durante tres días estuvieron 24 horas los periodistas apostados enfrente de mi casa. Al final se archivan las querellas, pero da lo mismo, ya han conseguido que la gente piense que eres un delincuente. Es lo que dice Umberto Eco sobre la máquina del fango con la frase: un juez con calcetines rojos fumando solo en un parque. No hay nada ilegal, pero hay algo sospechoso… Fue muy fuerte. Te generan un ambiente muy hostil en el que te señalan como si fueras el enemigo público número uno. Y lo único que habías hecho era fundar un partido que les podía hacer daño. Sí, hubo un momento en que consiguieron asustarme”.

8. Una “nueva vida” para un exministro venezolano a cambio de pruebas contra Iglesias (abril de 2016). La primera semana de abril de 2016, El Confidencial y Ok Diario publican que Venezuela pagó siete millones a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. Este último recuerda que no le dio importancia, pero luego se preocupó: “Uno de Inteligencia me avisó de que iban a por Pablo. Dijo que irían a fondo, que lo iban a matar, metafóricamente. Le avisé. Se lo esperaba”. La noticia se basaba en un supuesto documento firmado por Rafael Isea, exministro de finanzas de Hugo Chávez. Tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York días después para reunirse con Isea y que avalara la autenticidad del documento. La cita fue en el Consulado de España y los policías, que aseguraron que representaban al Gobierno español, se comprometieron a sacar de Venezuela a la familia de Isea y ofrecerle “una nueva vida” a cambio de su testimonio contra Podemos. El policía Fuentes Gago llegó a decirle: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cagüen la mar, mejor para todos”.

El exministro de Chávez accedió pese a que vio cosas raras en el documento: “Yo no suelo redactar así, tampoco el nombre me cuadra, ni las fechas, y nunca se ponía el segundo apellido de Chávez”, cuenta. Un mes después, su declaración apareció con nombres y apellidos en el diario Abc, pero las promesas desaparecieron. Rafael Isea accedió en junio de 2019 a contar la historia a EL PAÍS: “Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia. Estuve varios meses sometido a una presión muy dura, aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Por eso no había hablado hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”. Jamás volvió a tener noticias de los policías de Fernández Díaz.

9. Una orden de pago falsa en las islas Granadinas (mayo de 2016). La policía filtró a Ok Diario en mayo de 2016 una orden de pago de 272.325 dólares (229.000 euros) por parte del Gobierno venezolano a favor de Pablo Iglesias en una sucursal del Euro Pacific Bank en las islas Granadinas. La fecha del pago, 11 de marzo de 2014, coincidía con la fecha en que se registró Podemos para concurrir a las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. El ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias logró un permiso de residencia del Ministerio del Interior español por colaborar con la policía aportando documentos sobre pagos del Ejecutivo venezolano a Podemos y Pablo Iglesias, según declaró él mismo. El documento resultó falso, según acreditó el Euro Pacific Bank.

10. Un robo de teléfono desemboca en una campaña de desprestigio (junio de 2016). Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, denunció el 1 de noviembre de 2015 que le habían robado el teléfono. Dos meses después la tarjeta de su móvil donde almacenaba información sensible llegó a la revista Interviú, supuestamente en un sobre anónimo. La tarjeta acabó en manos de Villarejo, que se la pidió al director de la revista porque, según contó, sus jefes de Interior estaban interesados.

El contenido almacenado en esa tarjeta que más daño podía hacer a Iglesias —unos comentarios machistas sobre una periodista— aparecieron publicados en Ok Diario días después de que Villarejo, según su agenda, se reuniera con periodistas de ese medio. El comisario, en prisión desde 2017, está imputado por esos hechos e Iglesias sigue en la causa como perjudicado.

—Lo que realmente hace grande a Villarejo —cuenta ahora Pablo Iglesias— es que es un profesional de los medios de comunicación. Lo que nosotros hemos vivido no es la capacidad de estas cloacas de fabricar pruebas falsas, sino su enorme capacidad de fabricar noticias falsas. El desprecio a la verdad se ha convertido en la norma y no en la excepción. Creo que en las batallas mediáticas se ha impuesto una lógica de guerra, en la que todo vale, en la que el objetivo del titular, del tema de conversación, nunca es enfocar la verdad o enfocar los hechos de una manera determinada, sino hacer la guerra al adversario. Y eso deja a nuestra democracia en una situación muy vulnerable.