La policía eleva a 290 millones la fortuna amasada por la familia Pujol en cuatro décadas de corrupción

El expresidente catalán Jordi Pujol y su familia, especialmente el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, amasaron una fortuna de 290 millones de euros en cuatro décadas de corrupción que se extendieron desde finales de los años setenta, con el escándalo de Banca Catalana, y julio de 2014, cuando Pujol reconoció que tenía fondos sin declarar en el extranjero y los atribuyó a la herencia de su padre, Florenci, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional. El informe fue remitido el pasado 30 de julio al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y es la primera vez que se pone una cifra —si bien estimativa— a la riqueza amasada por los Pujol.

En su escrito de 222 folios con varios anexos, al que ha tenido acceso este periódico, el principal investigador policial del caso Pujol recopila todos los supuestos actos de corrupción política que, a su entender, son el antecedente de los delitos de blanqueo de capitales que forman el núcleo de la instrucción. El informe, pese a no aportar datos nuevos a una causa que va tocando a su fin, pretende “establecer una base lógica que pueda asociarse a las millonarias cuantías puestas de manifiesto” durante la investigación sobre los negocios del clan Pujol, que se inició en diciembre de 2012.

El informe insiste en la idea de que la familia Pujol, desde que en noviembre de 1990 abrieron su primera cuenta corriente en Andorra, funcionaba como un grupo criminal organizado que ha recibido plusvalías ilícitas “de forma sistemática y recurrente” fruto de “prácticas corruptas”. Los investigadores sitúan a Junior, apodo con el que se conocía al primogénito, como “paladín familiar” y “gestor principal” de la fortuna del clan.

Jordi Pujol Ferrusola actuó, según el informe, como tesorero de facto de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido nacionalista de centroderecha fundado por su padre y que fue casi hegemónico en la comunidad autónoma desde 1980 hasta 2012. El informe sostiene que Junior "habría desarrollado las funciones atribuibles a Andreu Viloca [tesorero] en cuanto a la recaudación del 3% (u otros porcentajes) en los primeros Gobiernos autonómicos catalanes", y supuestamente "derivó" una "parte sustancial del dinero al patrimonio de la familia" Pujol.

El dosier policial afirma que el partido financió sus campañas con cargo a las cuentas andorranas de Junior, alimentadas con comisiones pagadas por empresas adjudicatarias de concursos públicos. “Jordi Pujol Ferrusola ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites, que ha favorecido la corrupción”, considera el informe.

El inspector repasa de manera exhaustiva elementos de la investigación, como las agendas de Jordi Pujol Ferrusola, en las que se reflejan contactos con empresarios, generalmente de la construcción y la obra pública, que supuestamente le pagaron comisiones que nutrieron las cuentas andorranas de la familia. También desgrana las conexiones de Junior con empresas como Isolux, una de las grandes beneficiarias de obras en Cataluña durante el pujolismo, o pagos encubiertos por operaciones inmobiliarias y de infraestructuras en México y Argentina. También repasa casos judiciales, como el Grand Tibidabo o el caso de las ITV, en el que acabó condenado Oriol Pujol.

El informe cuantifica en 290 millones de euros “los ingresos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en provecho del núcleo familiar”, formado por los padres, el expresident Pujol, su esposa, Marta Ferrusola —“especialmente activa en la generación y gestión del patrimonio familiar”, según la Policía—, y los siete hijos de la pareja. En este cálculo, que el inspector admite que puede tener “lagunas” por los efectos de la inflación y el cambio de divisas, se incluyen los ingresos de origen desconocidos y detectados en “diversas jurisdicciones del mundo” como Andorra, Suiza o Luxemburgo. También los rendimientos de inversiones en proyectos como el del desarrollo mexicano Mar Azul, en el que Junior participó junto a responsables de Isolux, o el del puerto argentino del Rosario, cuya entrada se financió con fondos supuestamente inyectados desde Suiza.

La "muerte civil"

Según el informe, “todos los ingresos” de Jordi Pujol Ferrusola en España obedecen a servicios ficticios de asesoría justificados con facturas falsas de sus sociedades. El inspector de la UDEF afirma que durante la investigación se han recabado “muchos testimonios” de personas que no han querido denunciar los sobornos “porque estarían muertos civilmente”. “La utilización de la Administración [autonómica] para dificultar la vida de quienes se opusiera a su modus vivendi ha sido la práctica diaria”, afirma el investigador.

El informe se centra en las actividades que generaron el dinero negro que después Jordi Pujol Ferrusola supuestamente introdujo en el circuito económico legal. No obstante, el inspector 89.140 atribuye al inicio de su informe al primogénito del expresident “toda la amalgama de indicios tasados” del blanqueo de capitales: uso anormal de dinero en efectivo, testaferros, sociedades instrumentales, paraísos fiscales, operaciones mercantiles sin rentabilidad, negocios jurídicos ficticios, préstamos simulados, beneficiarios y remitentes de transacciones desconocidos, alteraciones documentales... “Los indicios están plenamente acreditados con documentos reales y directos”, afirma el investigador. El juez De la Mata, de momento, no ha dictado ningún auto sobre la base de este informe.

Fuentes de la defensa de la familia Pujol restan importancia al informe, al que consideran un mero “refrito” de siete años de investigación “sin ningún indicio concreto de nada”. Los abogados recuerdan que Jordi Pujol Ferrusola dio las explicaciones pertinentes sobre sus negocios a los jueces instructores Pablo Ruz y José de la Mata. “Para nosotros sigue sin haber nada y, si este es el informe final, acabemos cuanto antes y vayamos a juicio, las explicaciones están dadas”, afirman los letrados.