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El último empujón al ‘caso Pujol’

La investigación busca un impulso final para aclarar el origen de la fortuna oculta y cerrar el caso, cuando se cumplen cinco años de la confesión del ‘expresident’

Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, en Queralbs, en el Pirineo catalán, en diciembre de 2015.
Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, en Queralbs, en el Pirineo catalán, en diciembre de 2015.

El caso Pujol afronta el que parece último tramo de un camino largo y tortuoso. La Fiscalía Anticorrupción pretende dar un empujón final a la investigación para que culmine antes del 23 de septiembre, fecha clave porque vence el próximo plazo de instrucción. Aunque podría prorrogarse, los investigadores tratarán de que eso no suceda con el objetivo de llevar el caso a juicio. Son conscientes de que aún deben completarse algunas comisiones rogatorias —Liechtenstein, Malta o Francia no han contestado; Suiza lo ha hecho a medias— y de que una de las principales preguntas sigue en el aire: ¿Cuál es el origen preciso de la fortuna que los Pujol amasaron en Andorra y ocultaron a la Hacienda española durante tres décadas?

El expresidente Jordi Pujol asegura que el dinero procede de una deixa (legado) que su padre, Florenci Pujol, entregó a Marta Ferrusola y a los hijos de la pareja por si venían tiempos de vacas flacas. Eso es lo que explicó en un comunicado que envió a los medios de comunicación y del que este jueves de cumplen cinco años, asfixiado por las primeras informaciones sobre las cuentas en Andorra. Sus abogados se movieron con agilidad y, fuera de cámaras, regularizaron los fondos antes de que Pujol confesara, de manera que solo se le pudiera atribuir una irregularidad con la Agencia Tributaria, pero no un delito.

Pujol y toda su familia acabaron igualmente investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales —así siguen— en una compleja investigación tres en uno, en la que se han integrado tanto el origen de la fortuna andorrana como los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y del benjamín, Oleguer. La instrucción del caso Pujol arrancó a finales de 2012, con la denuncia de Victoria Álvarez, exnovia de Júnior.

Los investigadores nunca han dado crédito a la explicación oficial, expuesta por el patriarca en la carta y defendida después sin fisuras por los miembros de la familia que han tenido que declarar ante el juez. “Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero, rendimiento de una actividad económica de la cual ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuese destinado a mis siete hijos y a mi esposa”.

Así arranca el comunicado de Pujol, que pese a lo medido de cada una de las palabras y el mea culpa que entonó se vio sometido desde entonces a un proceso de deconstrucción de su figura que le apeó de la vida pública. Aún hoy, el expresident lucha por reivindicar su legado político —ocupó la presidencia de la Generalitat durante 23 años— más allá de la mácula de esa herencia opaca. Y los investigadores, aunque nunca le han creído, tampoco han descubierto el origen. Sospechan que procede de la “corrupción política”, y han tratado de indagar en casos antiguos —Banca Catalana, Grand Tibidabo— por ahora sin éxito. Pujol tampoco ha aportado ningún documento que acredite la existencia de la deixa, pero la carga de la prueba, en cualquier proceso penal, corresponde a la acusación.

Lo que está más claro, en la instrucción, son los indicios contra el hijo mayor, que recibió pagos millonarios de empresas adjudicatarias de la Generalitat. Con todo, la defensa de la familia intentará ganar el partido antes de jugarlo: cree hay suficientes elementos para buscar la nulidad de las actuaciones —empezando por la declaración de Álvarez— y es consciente de que el tiempo corre a su favor. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata mantiene viva la instrucción, pero las novedades, por ahora, son escasas.

Victoria Álvarez: “Estoy en la ruina, pero volvería a declarar lo mismo”

Victoria Álvarez cree que sus servicios a España, de alguna forma, no se han visto recompensados. “No puede ser que a la gente que denuncia la corrupción se le arruine la vida”, denuncia la mujer que, con su relato sobre los viajes de Jordi Pujol hijo a Andorra con billetes de 500 euros, abrió la espita para investigar al clan familiar. Álvarez asegura que está “en la ruina” y niega haber recibido, como a menudo se ha rumoreado, fondos del Estado por su colabiración. Dice que solo percibe la ayuda mínima de 420 euros mensuales y que le pagaron “en efectivo” los desplazamiento a Madrid y Zaragoza para colaborar con la policía en el caso Pujol. “No sé de dónde salía ese dinero ni lo pregunté”.“Vivo de la familia y de amigos que me invitan a comer. Tengo 53 años y me han hecho una muerte social absoluta”, denuncia Álvarez, que lamenta la falta de apoyos oficiales.

Sobre su papel clave en el caso Pujol, Álvarez admite que el comisario jubilado José Manuel Villarejo —en prisión provisional por multitud de delitos— le echó una mano en la preparación de la denuncia, aunque asegura que entonces no sabía quién era. “Me ayudó a poner esto en conocimiento de las autoridades. Seguramente me han utilizado unos y otros, pero volvería a declarar exactamente lo mismo sobre los Pujol porque es la verdad”. Advierte de que, cuando empiece el juicio, pedirá “una orden de alejamiento” contra los miembros de la familia, asegura que ha recibido “amenazas”.

De su relato, da la impresión de que el caso Pujol le ha pasado por encima. “He estado en alta dirección de multinacionales y ahora nadie quiere contratarme. He hablado con los grandes empresarios del país, que están contra el procés, y han pasado de mí”, dice Álvarez, que asegura haber creado una asociación con su nombre paraayudar a todas las personas en Cataluña afectadas por el procés”.

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