El último empujón al ‘caso Pujol’

El caso Pujol afronta el que parece último tramo de un camino largo y tortuoso. La Fiscalía Anticorrupción pretende dar un empujón final a la investigación para que culmine antes del 23 de septiembre, fecha clave porque vence el próximo plazo de instrucción. Aunque podría prorrogarse, los investigadores tratarán de que eso no suceda con el objetivo de llevar el caso a juicio. Son conscientes de que aún deben completarse algunas comisiones rogatorias —Liechtenstein, Malta o Francia no han contestado; Suiza lo ha hecho a medias— y de que una de las principales preguntas sigue en el aire: ¿Cuál es el origen preciso de la fortuna que los Pujol amasaron en Andorra y ocultaron a la Hacienda española durante tres décadas?

El expresidente Jordi Pujol asegura que el dinero procede de una deixa (legado) que su padre, Florenci Pujol, entregó a Marta Ferrusola y a los hijos de la pareja por si venían tiempos de vacas flacas. Eso es lo que explicó en un comunicado que envió a los medios de comunicación y del que este jueves de cumplen cinco años, asfixiado por las primeras informaciones sobre las cuentas en Andorra. Sus abogados se movieron con agilidad y, fuera de cámaras, regularizaron los fondos antes de que Pujol confesara, de manera que solo se le pudiera atribuir una irregularidad con la Agencia Tributaria, pero no un delito.

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“Tengo a mis siete hijos colocados”

Pujol y toda su familia acabaron igualmente investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales —así siguen— en una compleja investigación tres en uno, en la que se han integrado tanto el origen de la fortuna andorrana como los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y del benjamín, Oleguer. La instrucción del caso Pujol arrancó a finales de 2012, con la denuncia de Victoria Álvarez, exnovia de Júnior.

Los investigadores nunca han dado crédito a la explicación oficial, expuesta por el patriarca en la carta y defendida después sin fisuras por los miembros de la familia que han tenido que declarar ante el juez. “Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero, rendimiento de una actividad económica de la cual ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuese destinado a mis siete hijos y a mi esposa”.

Así arranca el comunicado de Pujol, que pese a lo medido de cada una de las palabras y el mea culpa que entonó se vio sometido desde entonces a un proceso de deconstrucción de su figura que le apeó de la vida pública. Aún hoy, el expresident lucha por reivindicar su legado político —ocupó la presidencia de la Generalitat durante 23 años— más allá de la mácula de esa herencia opaca. Y los investigadores, aunque nunca le han creído, tampoco han descubierto el origen. Sospechan que procede de la “corrupción política”, y han tratado de indagar en casos antiguos —Banca Catalana, Grand Tibidabo— por ahora sin éxito. Pujol tampoco ha aportado ningún documento que acredite la existencia de la deixa, pero la carga de la prueba, en cualquier proceso penal, corresponde a la acusación.

Lo que está más claro, en la instrucción, son los indicios contra el hijo mayor, que recibió pagos millonarios de empresas adjudicatarias de la Generalitat. Con todo, la defensa de la familia intentará ganar el partido antes de jugarlo: cree hay suficientes elementos para buscar la nulidad de las actuaciones —empezando por la declaración de Álvarez— y es consciente de que el tiempo corre a su favor. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata mantiene viva la instrucción, pero las novedades, por ahora, son escasas.