Archivada la investigación por el ático de Ignacio González en Estepona

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en la que se investigaba la supuesta adquisición irregular de un ático de lujo en Estepona por Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, su esposa, Lourdes Cavero y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El juez Eloy Marfil ha respondido así a la petición que hizo la Fiscalía en diciembre pasado y previamente la defensa de los acusados, por considerar que no se habían encontrado “indicios suficientes que puedan apoyar la imputación” del matrimonio, ni de Cerezo. La resolución judicial, firmada el 13 de julio, puede recurrirse.

El llamado caso Ático investigaba los presuntos delitos de blanqueo y cohecho. Arrancó el 22 de octubre de 2012 tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Las acusaciones personadas en el proceso consideraban que el dúplex había sido adquirido en condiciones “ventajosas” por la pareja y vinculaban la vivienda ubicada en la lujosa urbanización Alhambra del Golf, en la Costa del Sol, de más de 500 metros cuadrados, con un supuesto soborno. La investigación ha tratado de determinar cómo, cuándo y por qué llegó la vivienda de lujo a manos de González y Cavero, que poseen el 80% y el 20% respectivamente. Pero tras la larga investigación, que ha durado ocho años, el juez ha llegado a la conclusión de que no existen indicios que sostengan ninguno de los delitos que se investigan.

El de cohecho se basaba en que Enrique Cerezo habría comprado la vivienda de lujo a través de una sociedad estadounidense con sede en Delaware —paraíso fiscal― y se la habría regalado a la mujer de Ignacio González. A cambio, el presidente del Atlético de Madrid y productor audiovisual habría sido favorecido en la adjudicación de canales de televisión digital y en la venta de los derechos televisivos del club de fútbol que presidía, en ambos casos gracias a la intervención de González. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destacaba “irregularidades y lagunas” en la compraventa del ático y reflejaba que la firma estadounidense solo está vinculada a esa vivienda de Estepona. Tras analizar toda la documentación, el juez no ve ningún indicio para sostener la acusación.

El delito de blanqueo de capitales tenía como base una supuesta comisión “de algún delito antecedente” por parte del matrimonio para finalmente adquirir el ático en 2012 por 770.000 euros, “cuantía que, se sostenía, era inferior a la del valor del mercado”, según continúa el auto. Sin embargo, “tampoco aparece justificada la perpetración del delito”, según el juez, que indica igualmente la inexistencia de indicio alguno que haga sospechar que “el dinero utilizado tuviera un origen ilícito”.

Los tres acusados declararon por estos hechos como investigados en la primavera de 2016. La pareja defendió que primero disfrutó el inmueble en régimen de alquiler y que, más tarde, pudo adquirirlo gracias al finiquito que la mujer recibió tras casi tres décadas trabajando en el sector eléctrico. “Toda mi actuación ha sido legal y clara”, defendió González al salir del juzgado, donde aseguró que había pagado el alquiler “con transferencias bancarias”.

Con este frente judicial cerrado, Ignacio González tiene actualmente otro abierto: la petición de ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación en el caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid está acusado de repartirse casi cinco millones de euros en comisiones tras la compra, por parte del Canal de Isabel II ―empresa de aguas madrileña― de la mercantil brasileña Emissão. Esta operación, según la Fiscalía Anticorrupción, supuso un perjuicio para las arcas públicas de entre 6,8 y 9,7 millones de euros.