El fiscal pide ocho años de cárcel para Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y 19 de inhabilitación por fraude y malversación por la compra por parte del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, de la mercantil brasileña Emissão, una operación cuyo sobreprecio supuso en esos años un perjuicio para las arcas públicas de entre 6,8 y 9,7 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

El ministerio público, que ha comunicado este miércoles sus conclusiones provisionales sobre esta pieza del caso Lezo de corrupción, por el que González fue detenido en abril de 2017, solicita también penas que oscilan entre los dos y los siete años de prisión para otros seis imputados, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa, filial del Canal encargada de la expansión internacional de la compañía, e íntimo amigo y supuesto testaferro de González. El sobreprecio pagado por la compra de Emissão supuestamente sirvió para que el expresidente madrileño, Rodríguez Sobrino y otros tres acusados, Diego García, Ramón Navarro y Luis Vicente Moro, se repartieran comisiones por importe total de 5,4 millones de dólares (4,91 millones de euros al cambio actual).

Según el informe de Anticorrupción, la operativa corrupta se llevó a cabo "bajo la permanente supervisión y vigilancia" de Ignacio González. Este, afirma la acusación, fijó las cuantías de las comisiones, "siendo la suya el doble que las de los demás" y mantuvo para ello "reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

Para lograr sus fines, la trama diseñó una supuesta operación internacional para adquirir Emissão en 2013, utilizando una empresa interpuesta uruguaya —Soluciones Andinas del Agua, SA—. En total, se gastaron 31 millones de dólares (27 millones de euros) en la adquisición, de los que al menos seis millones se desviaron en mordidas. Los implicados se habían compinchado supuestamente con el representante de la compañía brasileña, Sebastião Cristovam, para “inflar el precio de la venta mercantil” y transferirles ese dinero, una vez cobrado, a través de Suiza. De hecho, tras la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia, se encargó una auditoria externa que ya señalaba que se pudieron cometer “operaciones fraudulentas” y se pagó “un precio superior al valor” de la compañía.