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Rafael Isea: “La policía me utilizó para una trama política y puso en riesgo a mi familia”

El político venezolano relata a EL PAÍS desde Washington la presión que recibió de la conocida como 'policía patriótica' del PP para avalar su causa contra Podemos en 2016

Rafael Isea, en Washington el pasado 20 de mayo. XAVIER DUSSAQ
Rafael Isea, en Washington el pasado 20 de mayo. XAVIER DUSSAQ

Rafael Isea, exministro venezolano al que la llamada policía patriótica del PP recurrió para armar su causa contra Podemos, se siente “utilizado para una trama política”. En abril de 2016, tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York para reunirse con Isea, que participó en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 y fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, con la intención de que avalara la autenticidad de una copia de un documento que recogía un pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora del partido español que lidera Pablo Iglesias. Quedaban dos meses para las elecciones en España y los sondeos situaban a la formación de izquierdas cerca de convertirse en la segunda fuerza del país.

Los policías le aseguraron que acudían en representación del Gobierno español. Para convencerle de que declarara, se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron que su testimonio no se haría público.

Isea accedió a declarar y todos los compromisos se evaporaron. Al mes siguiente, su declaración, con nombre y apellido, fue publicada en el diario Abc. No volvió a saber nada de los policías y nadie se movió para sacar de Venezuela a su familia. Isea recuerda aquellos días en un encuentro con EL PAÍS a las afueras de Washington, donde lleva una vida discreta con su esposa y sus hijos.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”, explica. “Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.

El primer contacto se produjo a través de un conocido de Isea. La cita fue el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York. “Es importante que para mí en todo momento se trataba del Gobierno español”, añade. “Eran autoridades del Estado. La reunión era con funcionarios del Ministerio del Interior y en el Consulado, en unas dependencias a las que yo nunca habría podido acceder. Si la reunión hubiera sido en un café, uno podría sospechar. Pero había una institucionalidad clara”.

Acudieron a la reunión, según el exministro, tres agentes de policía: el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Villarejo; el comisario José Manuel García Catalán, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y una mujer de la que Isea no recuerda el nombre pero identifica como agente también de la UDEF. “Me dijeron que gracias por venir y que les interesaba mucho mi declaración”, recuerda. “Yo les expliqué que con gusto iba a conversar, pero que no iba a firmar ningún documento. Entonces me dicen que menuda decepción, que ellos habían hecho ese viaje porque les dijeron que iba a declarar, que eran temas muy importantes para el Estado español. En ese momento salen los dos hombres y se queda la agente. Al rato regresan, tres o cuatro minutos. Y es entonces cuando Fuentes Gago empieza a decir que me va a hablar en nombre del Gobierno español, que me ofrecen todo el apoyo y las garantías del Gobierno para sacar a mi familia, darle la residencia y después la nacionalidad española. Yo le pregunté que cómo me podían ofrecer eso si mi familia estaba en Venezuela, y me explicó que tenían formas de hacerlo”.

Las promesas de Fuentes Gago se escuchan en la grabación. También cómo este se arrogaba el “mandato” del ministro del Interior (entonces Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy). Después se ha sabido, según publicó EL PAÍS, que el viaje de los policías, costeado con dinero del contribuyente, no obtuvo el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

“Siguiendo con la construcción de ese marco de confianza, me dijeron que esto estaba autorizado por el más alto nivel de la Fiscalía de España. Que iba a ser llevado a un juez, que el único que iba a tener acceso a esta declaración era el juez, y que yo iba a ser identificado como testigo uno y mi nombre no iba a trascender. Ese fue el otro elemento que me dio confianza para acceder a declarar”, recuerda Isea. “Le empeño mi palabra”, le dice Fuentes Gago en la grabación.

Isea accedió a declarar, pero reiteró que tenía reservas acerca de la legitimidad del documento que le mostraban. “Fuentes Gago me dijo que el tema no era ese punto de cuenta, que los de Podemos no habían rechazado que la fundación hubiera recibido financiación del Gobierno venezolano”, explica.

Finalizada la declaración, Isea la leyó y la firmó. Se fue del Consulado y por la noche, asegura, le volvieron a contactar y le dijeron que necesitaban que regresara a la mañana siguiente, temprano, porque se habían olvidado de meter en la declaración los nombres de las tres personas de Podemos que querían que constaran: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. “Volví y firmé de nuevo”, recuerda Isea. Declaró, como consta en el acta, que esas tres personas “han estado en Venezuela frecuentemente” y que el presidente Chávez “habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por servicios prestados entre los años de 2008 a 2011”.

“Pero eso me llamó la atención”, apunta. “Después, cuando la declaración fue filtrada a la prensa, comprendí que la intención era señalar de manera clara a esas personas de la política española como beneficiarios de una financiación. A mí se me dijo que lo que trataban de averiguar ellos era si esos ingresos los habían declarado o no a la Hacienda española”.

Aquella, asegura, fue la última ocasión en que Isea vería a esos policías. En mayo, un mes antes de las elecciones, su declaración fue filtrada a la prensa. Isea solo tenía un contacto a través de Telegram, que le había facilitado el intermediario, con una persona “supuestamente del Gobierno de España”, cuyo nombre no recuerda (dicha aplicación de mensajería elimina automáticamente las conversaciones antiguas). “Yo le preguntaba qué pasó con lo que me prometieron”, dice Isea. “Me volvieron a pedir los nombres de mis familiares. Me decían que lo estaban investigando, que lo lamentaban mucho. Comprendí que me estaban dando largas. Me decían que en realidad no sabían qué fue lo que se me había ofrecido. Yo le dije que cómo que no, que habían venido en nombre del Estado español. Y me dijo que, bueno, eso no era tan así. Que estaban viendo lo que pasó allí realmente. No volví a saber nada”.

Isea quiere dejar claro que no le guio ninguna intencionalidad política, que no quiso entrar en ningún juego ni tenía una agenda. Se llegó a plantear demandar al Gobierno español, pero se asesoró y le dijeron que no iba a ser fácil ni barato. “Me dijeron que nuestra demanda podía prosperar si nos uníamos a una que ya había interpuesto Podemos, pero era caro y, además, no queríamos volver a entrar en la pelea política”, asegura. “Yo no tengo el más mínimo interés de querellarme con un Gobierno de España, de ningún signo. Por España tengo un gran respeto, por su Gobierno, por su gente”.

La situación de su familia no ha empeorado, hasta la fecha, por la revelación de este episodio. Algo que Isea atribuye a la crisis que atraviesa su país, que marca otras prioridades. “La vida de mi familia sigue estando en peligro”, asegura. “Pero esta vez no ha habido allanamientos, ni detenciones ni nada por el estilo”.

Los temores de Isea tienen fundamento. Un año antes, en 2015, se publicó el libro Bumerán Chávez, de Emili Blasco, que incluía conversaciones que Isea dice haber mantenido con el autor off the record y afirmaciones que son, según el exministro, “directamente falsas”. “La publicación del libro llevó a la detención de mi madre, y a su interrogatorio por parte del SEBIN [policía política de Venezuela]. Allanaron la casa de mis hermanas y las interrogaron también, les prohibieron salir del país, confiscaron bienes a mi familia, a mis amigos, a la familia de mi esposa. Por eso, cuando se filtró mi declaración ante los policías españoles, pensé: nada, si por lo del libro los allanaron, con esto van presos. Mi familia no tiene ninguna protección. Está absolutamente indefensa. La única precaución es el miedo, que te paraliza. Bajas el perfil, evitas exponerte, no sales de noche”.

Lo peor para él, asegura Isea, es saber que si al final hacen algo contra su familia, no va a poder evitarlo. “No tengo manera”, explica. “Es terrible vivir con esa especie de una culpa adelantada”.

Dudas sobre el documento

Los policías pidieron a Isea que verificara la autenticidad de un documento: un punto de cuenta (solicitud de aprobación de pago), firmado por él mismo y por Hugo Chávez, en el que se autorizaba una serie de pagos a la fundación CEPS por un valor total de 4.480.700 euros (que se suman a otra cantidad ya satisfecha de 2.687.390 euros por servicios prestados entre 2003 y 2007). Nunca le enseñaron el original: manejaron en todo momento una copia. El exministro expresó sus reservas sobre el documento, del que le llamaron la atención varias cosas.

La primera es que el punto de cuenta provenía de su despacho, pero no es algo que debiera haber presentado él, porque “el Ministerio de Finanzas jamás recibió los servicios de la fundación”. Los puntos de cuenta, explica, son documentos en los que “una institución del Gobierno pide al presidente que tome una decisión sobre distintos asuntos; por consiguiente, proceden de la institución que será beneficiada, no del ministerio de Finanzas”.

Las fechas tampoco le cuadran. “Está fechado el 28 de mayo de 2008, y en esos días yo estaba en plena campaña para ser candidato a gobernador de Aragua [Estado cuya gobernación ocuparía desde diciembre de ese año hasta 2012], las elecciones primarias fueron tres días después. Por otro lado, en el documento se piden recursos para 2008, 2009 y 2010. Pero comprometer recursos para años futuros es ilegal en la administración venezolana, debe hacerlo el ministerio en su presupuesto”, explica.

Por último, la propia redacción del texto le chirría. “Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”, sostiene.

Isea no descarta que el documento haya sido fabricado. “Es una posibilidad, sin duda”, apunta. “Puedes tomar otro documento, de los muchos que han salido públicamente, alterar el texto y pegar las firmas. Pero eso indicaría intencionalidad de montar una operación de engaño para crear un expediente. Yo, mientras no vea el original de un documento, no puedo garantizar que sea verdadero”.

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