La ‘brigada patriótica’ usó una treta legal para investigar sin control judicial a Podemos

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS y cuya existencia fue revelada en su día por el diario Público, está encabezado por el membrete de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces dirigía el comisario Eugenio Pino, imputado en el caso Villarejo y señalado como presunto muñidor de la policía patriótica. Al pie del mismo, junto a la firma del agente que realizó la diligencia, también figura el sello de esta dependencia. Se trata, en concreto, de una solicitud de datos que la Policía hizo al gerente del Hotel Orfila, de Madrid, para recabar "cuantos datos obren en sus archivos" sobre la estancia en este establecimiento de lujo de la capital, entre el 19 y el 27 de abril de 2016, de seis ciudadanos de origen venezolano, varios de ellos estrechamente ligados al régimen chavista.

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La fecha que figura en el documento es el 3 de mayo de ese año, solo unos días después de que regresase de Nueva York uno de los supuestos integrantes de la policía patriótica, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, tras entrevistarse con un exministro del régimen chavista, Rafael Isea, para pedirle que declarase sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Unas pesquisas que la brigada patriótica trató que avalase la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero que esta rechazó por considerar que carecían de fundamento. Para entonces, hacía cuatro meses que había salido a la luz el Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento elaborado por la brigada patriótica sin firma que no llevaba el sello de ninguna unidad y en el que se aseguraba que el Gobierno de Irán había financiado al líder de Podemos y a su entorno.

Opositor venezolano

El documento presentado a los responsables del hotel madrileño cita a Martín Rodil, un opositor venezolano residente en EE UU que, precisamente, había participado en aquella reunión de Nueva York con el exministro chavista. Además, reclamaba datos de Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera del presidente Hugo Chávez, y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, antiguo integrante del equipo de seguridad del fallecido mandatario. Las otras tres personas sobre las que se pedía información eran Manuel S. Varela, Adam S. Kaufmann y una mujer identificada solo como Viviana.

En el escrito, la policía explica que la petición de información se hace en el ámbito de “las investigaciones que se están desarrollando” por una unidad que no concreta y justifica la falta de una orden judicial en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en un informe jurídico de 2008 de la propia Agencia de Protección de Datos que declara legal dicha práctica sin la autorización previa de un magistrado o la Fiscalía. Fuentes policiales confirman que este tipo de petición de información son legales, pero consideran totalmente irregular que la hubiera hecho directamente la Dirección Adjunta Operativa y no un grupo de investigación.

Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo, ya presentó un escrito en el que pedía al juez que reclamara al Ministerio del Interior información sobre la estancia de estos venezolanos en Madrid y si se había pagado con fondos reservados. En su solicitud, el partido apuntaba su sospecha de que vinieron a España para que su testimonio sirviese para elaborar un segundo Informe PISA después de que la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo a partir del primer documento fuera rechazada el 13 de abril por la justicia por la falta de consistencia de los datos que contenía.