Un juzgado descarta que Banco Madrid tuviera una estructura de blanqueo de dinero

Tres años y 10 meses después de que se interviniera y cerrara el Banco Madrid, la Justicia ha determinado que no incumplió los preceptos contra el blanqueo de capitales ni tampoco acumulaba clientes que evadieran al fisco. 

El juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado una querella contra el consejo de administración de Banco Madrid, tras considerar que no solo no se acreditó ningún delito, sino que desde que dependía de Banca Privada d'Andorra (BPA), la entidad española reforzó más sus controles contra el blanqueo. Esta es la cuarta decisión judicial en España que exime de toda responsabilidad a la entidad.

El juzgado se apoya en el testimonio de un perito del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), para acabar con la teoría de que la entidad era una organización dedicada al blanqueo. También hace referencia a que la Udef, la unidad de investigación del blanqueo de la Policía Judicial, abrió una investigación al comienzo del caso, "y hasta la fecha de hoy no ha dado ningún fruto", apunta el juez.

Se da la circunstancia de que fue la filtración del Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Luis de Guindos, la que precipitó el final de Banco Madrid el 12 de marzo de 2015 al revelar las numerosas supuestas irregularidades de la entidad, como apuntó un escrito del Banco de España.

La filtración que provocó todo

El Sepblac, a través de Economía, comentó que se había enviado a la Fiscalía Anticorrupción un informe con 23 operaciones realizadas por políticos y empresarios desde Banco Madrid. Se dijo que los clientes de BM pertenecientes a estructuras relacionadas con el blanqueo de capitales con origen venezolano, ruso, mexicano y chino.

La publicación de esta información provocó la retirada de 124 millones en pocos días, llevando a la entidad a la iliquidez y a la posterior intervención del supervisor. Íñigo Fernández de Mesa, entonces secretario de Estado de Economía, fue interrogado en el Congreso por la razón por la el Sepblac hizo público, por primera vez en su historia, el citado informe, pero no respondió. 

El propio Banco de España cuantificó en 159,2 millones la factura que pagarán los accionistas de Banco Madrid, principalmente la familia Cierco, dueña de BPA; también tuvo un gran coste para los casi 300 empleados de la entidad que perdieron sus puestos y sufrieron gran daño reputacional, lo que les dificultó volver a trabajar en el sector. Los clientes con más de 100.000 euros se vieron abocados a esperar un proceso de liquidación que, casi cuatro años después, sigue abierto, para recuperar todo su dinero.

Más comunicación con el Sepblac

Todo el caso comenzó porque el FinCEN, la autoridad antiblanqueo norteamericana acusó a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del BM, de realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales y le cortó las líneas de financiación. El FinCEN nunca acusó al ya desaparecido Banco Madrid. Sin embargo, su matriz BPA, implicada en la trama, sigue operando.

El auto hace referencia a que Banco Madrid intensificó sus avisos al Sepblac en los últimos años. La entidad "contrató a expertos externos independientes"y se efectuaron 17 comunicaciones voluntarias al Sepblac entre 2012 y 2015, una cantidad por encima de las ocho realizadas en los siete años anteriores. También dice que solo se ha encontrado un caso, un préstamo al cliente Andrei Petrov, que no se debería haber realizado, pero niega que sea un caso de blanqueo. También apunta que este caso no implica ni a los órganos de dirección ni a la cúpula del banco.

Este auto sobresee provisionalmente la querella presentada en su día por las sociedades Marine Instrumentos y Luiniaski contra el consejo de administración de Banco Madrid porque, según dice, queda a expensas de que se puedan conocer nuevos hechos por diferentes investigaciones.