Un alto mando policial confirma que la trama Kitchen tuvo acceso libre a fondos reservados
El comisario Lacasa, que tuvo entre 2013 y 2015 el control de esta partida en la Policía Nacional, detalla en el Congreso la entrega de dinero a seis imputados por el espionaje a Bárcenas
El comisario jubilado Felipe Lacasa ha descrito este jueves, en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen, la falta de control estricto en los fondos reservados que permitió a los integrantes de la llamada policía política acceder a dinero de esta partida para financiar el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas iniciado en 2013. Lacasa ocupó, entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, el puesto de secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, desde el que se encargaba de entregar a agentes y unidades estos fondos, destinados al pago, entre otros fines, de confidentes. El alto mano ha confirmado que en ese tiempo dio fondos reservados a seis de los mandos policiales imputados por el caso Kitchen y que lo hizo siempre tras recibir “una orden verbal” del que entonces era el máximo responsable operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, señalado como el muñidor del grupo parapolicial que operó en el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa.
Lacasa, que ya ha declarado como testigo en dos ocasiones ante el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, ha identificado a los receptores de estos fondos. Se trata de los comisarios Enrique García Castaño (entonces jefe de una unidad especializada en seguimientos y que en la actualidad colabora con la justicia), Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando esta presidía Castilla-La Mancha), José Manuel Villarejo (presunto cabecilla de la trama desmantelada en la Operación Tándem) y Marcelino Martín Blas (máximo responsable en aquellos años de la Unidad de Asuntos Internos), así como a los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diez Sevillano, ambos agentes de la máxima confianza del comisario Pino. El alto mando policial ha asegurado que Pino nunca le explicó el destino de esos fondos: “No me tenía que dar ninguna explicación”.
Según la investigación judicial, la trama Kitchen desvió 53.266 euros de los fondos reservados, la mayor parte para abonar 2.000 euros al mes a Sergio Ríos Esgueva, chófer de Bárcenas que se convirtió en el confidente de la policía política. Además, las pesquisas han destapado otros gastos en restaurantes (2.574 euros), transporte (496 euros) y abonos de diferente naturaleza (195 euros), así como la utilización de 700 euros para comprar una pistola y la adquisición de un ordenador con el que el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, también imputado en la causa, presuntamente consultó la documentación que supuestamente consiguieron arrebatarle de manera irregular al extesorero del PP.
En su comparecencia en el Congreso, Lacasa ha detallado que él nunca tuvo conocimiento de la existencia de una operación bautizada como “Kitchen o cocina”, pero que al saltar el escándalo recordó que en uno de los recibís que le entregó uno de los implicados, el comisario García Castaño, aparecía la palabra “cocinero”. Aunque no ha podido concretar la cantidad, el policía ha asegurado que recordaba que aquella fue una “cantidad extra” y que, para ello, su superior, el comisario Pino, tuvo que hablar previamente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Lacasa también ha dicho que entregó dinero a los comisarios Villarejo y, sobre todo, a Gómez Gordo para que estos pagaran mensualmente a Sergio Ríos, cuyo nombre figuraba en varios recibos. El comisario ha asegurado que poco antes de jubilarse, en mayo de 2015, supo que Ríos era una persona “del entorno del señor Bárcenas”, pero que creyó que se le pagaba por facilitar información sobre el supuesto lugar donde el extesorero del PP podía esconder dinero, en línea con lo que algunos de los agentes imputados han esgrimido ante el juez para justificar su participación en la Operación Kitchen.
Un simple ‘cajero pagador’
El comisario ha insistido a los diputados con que él era un simple “cajero pagador” que recogía en “un libro bastante antiguo” todo el dinero de los fondos reservados que recibía y que, posteriormente, entregaba esas cantidades siguiendo las instrucciones del entonces director adjunto operativo. “Pino es un hombre muy hermético. Los operativos despachaban con él”, ha asegurado. También, con que nunca le preguntó a este por el destino de los fondos que entregaba a aquellos agentes que formaban parte de lo que definió como equipo “habitual” de su jefe, pese a que la mayoría nunca justificó con facturas a qué destinaban esos fondos.
Lacasa ha detallado que el más “meticuloso” era Villarejo, que presentaba recibos “hasta del aparcamiento”. De los otros cinco agentes ha asegurado que no recordaba si le llegaron a entregar justificantes. Así, del inspector Díaz Sevillano afirmó que creía que le entregó dinero en pocas ocasiones. De Fuentes Gago, que era jefe del Gabinete de Pino, que le dio fondos para abonar un billete de avión y la estancia del hotel, aunque no recordaba a qué ciudad. Del comisario Gómez Gordo, que entonces era inspector jefe y que se había reincorporado a la Policía tras dejar su puesto de asesor de Cospedal, que solo firmaba el recibí y nunca aportó facturas. En su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Gómez Gordo admitió que con ese dinero pagó al chófer del extesorero.
El silencio del actual gestor de la partida
Tras el comisario Felipe Lacasa, ha comparecido el también comisario José Antonio Rodríguez, actual director general del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, responsable de gestionar los seis millones de euros que anualmente destina este departamento a fondos reservados. Rodríguez, que ocupa el cargo desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al ministerio, ha declinado responder a la mayoría de las preguntas sobre el uso y gestión de esta partida que le han planteado los diputados tras alegar que está sometida a la ley de secretos oficiales. Sin embargo, en el sumario figuran dos escritos remitidos por él a instancias del juez García-Castellón en el que se detalla la supuesta existencia de graves irregularidades en el control de este dinero y que apuntan a presunta ocultación delibera de las cantidades desviadas por la trama para espiar a Bárcenas.
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