Las cloacas del Estado, bajo la lupa judicial

Un grupo de mandos policiales —todos a sueldo del Ministerio del Interior— llevó a cabo trabajos especiales: encontrar —o en su caso fabricar— pruebas o informes que inculparan a los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. Todas estas operaciones se encuentran ahora bajo la lupa judicial. La búsqueda de pruebas inculpatorias coincidía con periodos electorales o de efervescencia política, de modo que la divulgación de estos informes —muchos de ellos con datos falsos— hicieran el mayor daño posible. Los policías los filtraban antes de trasladárselos a los jueces. La Audiencia Nacional investiga en la actualidad estos hechos dentro de la causa abierta contra el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en la cárcel, uno de los integrantes de la trama policial, tal vez el más conocido, pero no el único: media docena de comisarios e inspectores están imputados por estos hechos. El juez ha ordenado también a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía buscar en la documentación incautada al excomisario pruebas de posibles “relaciones comerciales o acuerdos (…) con periodistas o medios de comunicación” y, “en su caso, pagos u otro tipo de contraprestaciones vinculados a noticias relacionadas con proyectos de intoxicación informativa, filtración de datos reservados o manipulación mediática”. Esto es: el juez pide que se aclare si, además de policías y de políticos, en la supuesta trama también hay periodistas. Las primeras averiguaciones de Asuntos Internos sobre la vinculación del excomisario con Daniel Montero (El Español) y Manuel Cerdán (Okdiario) no aportan elementos que puedan interpretarse en la clave delictiva que investiga el juez. Preguntados sobre este asunto, Cerdán prefirió no contestar y Montero se limitó a expresar “su respeto a las investigaciones”.

Estas son las principales operaciones de este grupo policial:

Cataluña

Los primeros trabajos conocidos de la Brigada Patriótica coincidieron con la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña en el otoño de 2012. En un informe policial, sin fecha ni firma, del que ninguna autoridad de Interior se hizo nunca responsable, los policías apuntaban varios delitos imputables al entorno del universo independentista catalán. Y sacaban conclusiones:

—El expresidente catalán Jordi Pujol ocultaba en Suiza 137 millones de euros.

—El expresidente Artur Mas compartía parte de esa fortuna fruto de comisiones ilegales.

—El exconsejero catalán de Interior, Felip Puig, cobraba 250.000 euros de sobornos del caso Palau. El Mundo publicó estas conclusiones en varias entregas firmadas por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta días antes de las elecciones. Ninguna era cierta.

Con todo, un año después, los mismos policías lograron evidencias de la fortuna que Pujol ocultaba en Andorra, donde su familia hizo ingresos durante largo tiempo por más de 40 millones de euros. Esta información también fue publicada en El Mundo por Inda y Urreztieta. Los políticos acusados en los primeros informes fraudulentos se querellaron contra los periodistas de El Mundo que los divulgaron. Pero el juez desestimó las querellas sin entrar a valorar si la información era verdadera o falsa.

Los pantallazos falsos del caso Trías

Un mes antes de la convocatoria de la consulta independentista en Cataluña del 9 de noviembre de 2014, la brigada política preparó otra entrega explosiva contra un dirigente nacionalista, Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, de Convergència.

La implicación personal del ministro del Interior en esta operación quedó acreditada por las reuniones que mantuvo en su despacho oficial con Daniel Alfonso, director de la oficina antifraude de Cataluña. Sus conversaciones fueron grabadas y, posteriormente, difundidas por Público.

En esas reuniones celebradas el 2 y el 16 de octubre de 2014, el ministro buscaba información contra dirigentes catalanes. Hablaron del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y Alfonso comentó al ministro que había escuchado que el dirigente nacionalista ocultaba 12 millones de euros en Suiza: “Eso es lo que yo sé, pero no tengo ningún dato que lo acredite, es un comentario de café”.

El ministro tenía más datos que explicó a su interlocutor:

—Fernández Díaz: “¿Y si eso saliera? [la cuenta de Trías], ¿tú qué opinas de eso?”

—Alfonso: “Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal (…) Yo me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que sea mortal. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso… solo es descubrir un homicidio…”

—Fernández Díaz: “El número de cuenta corriente (…) Yo lo tengo, la cuenta exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la Unión de Bancos Suizos y es llevada a la Banca de Andorra (…) ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal? Eso llevó a que Pujol dejara la política, perdiera el apoyo y a que hiciera la UCO un par de pinzas… ¿Me explico?”

Once días después de aquel encuentro en el Ministerio del Interior, El Mundo publicaba el supuesto fraude fiscal de Xavier Trías que Fernández Díaz conocía con tanto detalle, número de cuenta incluido, y que la policía no había trasladado aún a las autoridades judiciales. Tras la publicación del escándalo por Inda y Urreztieta, la banca suiza UBS emitió un certificado donde negaba que Trías tuviera cuenta abierta a su nombre y aseguraba que la numeración de la cuenta publicada por El Mundo no correspondía con la que utilizaba el banco.

Aquel bulo publicado con estrépito tuvo consecuencias en el Ministerio del Interior. El inspector José Vicente Fuentes Gago, mano derecha de Eugenio Pino, director adjunto Operativo de la Policía, viajó a Suiza de urgencia en busca de pruebas contra el desmentido de Trías y del banco UBS. “Me ordenaron mis superiores acompañar al titular de esa información y al titular de la fuente a Suiza a verificar la discrepancia existente entre la información que nosotros teníamos y el desmentido que hizo el señor Trías”, explicó el policía en el Congreso.

Fuentes Gago regresó de Suiza sin un solo dato que acreditara la existencia de la cuenta del alcalde de Barcelona con 12,9 millones. La policía presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para resucitar el escándalo. Pero el Ministerio Público decidió archivar la causa a finales de noviembre por falta de pruebas.

Objetivo: Podemos

Después de tres años de trabajo para desprestigiar al independentismo catalán, la cúpula policial cambió de objetivo: Podemos y Pablo Iglesias. En las elecciones generales de diciembre de 2015, Podemos se situó como tercera fuerza política en España con 69 diputados.

El 16 de enero de 2016, OKdiario y El Confidencial difundieron la supuesta financiación ilegal de Podemos con dinero iraní que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigaba desde días antes de las elecciones. Hasta dos meses después de aquellas publicaciones, la UDEF no denunció los hechos ante el Tribunal de Cuentas por orden de la Dirección Adjunta Operativa.

Antes de que la policía judicializase sus hallazgos, el autodenominado sindicato Manos Limpias y la Unión Cívica Española Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España denunciaron a Podemos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sirviéndose del informe, bautizado como informe PISA (Pablo Iglesias S. A.). Este informe había sido publicado antes por Okdiario y El Confidencial. Las dos denuncias fueron archivadas.

La persecución a Podemos continuó. En abril de 2016, varios mandos policiales viajaron a Nueva York para entrevistarse en el Consulado con Rafael Isea, exministro del Gobierno venezolano de Hugo Chávez. Le pidieron pruebas documentales de la financiación ilegal de Podemos. Entre los enviados especiales de Interior estaba el inspector Fuentes Gago, quién contó al exministro venezolano sus intenciones. “Si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos”. Un año después de aquel episodio secreto, revelado ahora por Moncloa.com y El Confidencial, el inspector Fuentes Gago mentía en el Congreso:

—Gloria Elizo (Podemos): También nos consta —y esta vez, insisto, por informaciones en prensa— que ha habido diferentes viajes con el fin de investigar a Pablo Iglesias; de hecho hubo contactos con testigos venezolanos, viajó algún policía a Miami, también viajó el señor Villarejo a Venezuela, ¿Usted sabe algo de esto?

— Fuentes Gago: Nada.

— Elizo: ¿Existió alguna investigación, nota, documento o informe más, aparte del informe PISA, relacionado con el señor Iglesias?

— Fuentes Gago: Lo desconozco completamente. Desde luego yo no participé en ninguno.

El falso certificado del paraíso fiscal

En mayo de 2016, en vísperas de las nuevas elecciones generales en España, los policías volvieron a la carga contra Podemos. Pasaron a Okdiario documentos falsos facilitados por un confidente para fabricar otro supuesto escándalo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.

La supuesta orden de pago que acreditaba el escándalo era falsa, según confirmó el banco. Se había confeccionado con recortes sacados de Internet, y cambiando los nombres oficiales de los ministerios venezolanos.

El supuesto confidente que suministró la información era un ciudadano venezolano que recibió del Ministerio del Interior un permiso extraordinario de residencia en España como recompensa por su colaboración con las autoridades policiales.

El director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, confirmó en el Congreso de los Diputados que agentes a su cargo viajaron en los primeros meses de 2016 a Venezuela y Miami para investigar la supuesta financiación ilegal de Podemos. Ninguna actuación judicial relacionada con estos casos prosperó.

El pendrive que llegó en un sobre

Los ataques policiales a Podemos no cesaron ahí.

En julio de 2016, Okdiario difundió el contenido de un chat privado de dirigentes de Podemos que hacían alusión a ciertos comentarios machistas de Pablo Iglesias. La investigación judicial ha descubierto que era Villarejo el que poseía esa información y el que la filtró a periodistas que conocía. El excomisario declaró que se la facilitaron reporteros de Interviú. La revista había recibido en un sobre anónimo la tarjeta de un teléfono móvil robado unos meses antes a una asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo donde, en los comentarios archivados de Telegram, estaban los comentarios machistas de Iglesias. El presidente de Zeta, Antonio Asensio, decidió no difundir su contenido y entregó la tarjeta a Pablo Iglesias.

El excomisario Villarejo, que tenía mucha relación con la revista, a la que suministraba abundante información, pidió a sus periodistas el material sobre el líder de Podemos porque interesaba mucho a sus jefes, según indicó. Alberto Pozas, director de Interviú cuando ocurrieron estos hechos, presentó el jueves su dimisión como director de Información Nacional en Moncloa, un día antes de que fuera citado como testigo por el juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Villarejo. Este mismo juez envió el viernes a la policía a la redacción de OKdiario para solicitar, infructuosamente, el citado pendrive. El periódico no tenía el dispositivo pero les facilitó una copia con su contenido.

Por todos estos hechos, Podemos se siente una víctima “de las cloacas del Estado” y ha pedido al juez que investigue si existe una “ramificación periodística” de la trama policial. La Audiencia Nacional encargó una serie diligencias sobre este aspecto del funcionamiento de la brigada política del Ministerio del Interior. Todavía no hay resultados.

Fuentes Gago, el policía que viajó a Suiza

Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado y ex director general de la Policía, se hizo famoso por sus duras intervenciones en el Congreso de los Diputados contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Parte de la información con la que Cosidó castigaba a Rubalcaba todas las semanas se la suministraba un policía llamado José Ángel Fuentes Gago, entonces secretario general del Sindicato Profesional de la Policía (SPP). Cuando el Partido Popular ganó las elecciones generales, Fuentes Gago (Santander, 1971) pasó de líder sindical de los mandos policiales a jefe de gabinete del número dos de la Policía, Eugenio Pino.
Juntos, Pino y Fuentes Gago gestionaron los episodios más controvertidos de los cuatro años de mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. A Fuentes Gago le tocó hacer algún trabajo sucio con escaso éxito. Tuvo que viajar a Suiza para buscar pruebas de un escándalo que ellos mismos habían filtrado y que resultó falso: la cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías. Regresó sin las pruebas del delito. También viajó a Nueva York para convencer a un exministro de Hugo Chávez de suministrar información con la que dañar a la formación política Podemos. Fuentes Gago hizo aquel encargo, pero no sirvió para nada. Jueces y fiscales echaron por tierra aquellas investigaciones fallidas.

Eugenio Pino, "Todo" por España

Cuando a Eugenio Pino (Madrid, 1952) le preguntaron en el Congreso de los Diputados qué haría por España, contestó lacónico: "Todo". Y cuando los diputados insistieron: "¿Qué es todo?", Pino se repitió: "Todo". Sin decir nada, Pino dijo mucho. Su afirmación tajante era casi un reconocimiento de lo que sospechaban algunos de los diputados de la comisión de investigación parlamentaria: que en el Ministerio del Interior había existido una policía política capaz de hacer cualquier cosa que perjudicara a los adversarios políticos del partido que gobernaba en España. Pino era el jefe de todos los policías y, para la oposición, el principal sospechoso.
Antes de llegar a uno de los puestos más sensibles del Ministerio del Interior, Eugenio Pino había dirigido las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidas como antidisturbios. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le nombró Director Adjunto Operativo (DAO) por recomendación del inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago. Agradecido, Eugenio Pino hizo jefe de su gabinete a Fuentes Gago. Entre los dos, decidieron y ejecutaron alguna de las operaciones policiales más sonadas contra el independentismo catalán y contra Podemos.
Aunque Jorge Fernández Díaz no le eligió para el puesto, Pino acabó teniendo gran ascendencia sobre ese ministro.

El ministro grabado

Cuando su amigo Mariano Rajoy le nombró ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (Barcelona, 1950) se encontró con un problema mayor: el Gobierno de Cataluña iniciaba la aventura independentista. El ministro pensó que la mejor manera de neutralizar el desafío independentista era demostrar que los dirigentes catalanes que retaban al Estado eran unos corruptos. Y durante los primeros años de su mandato, se empeñó en esa tarea. Sus conversaciones privadas con el jefe de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, delatan a un político obsesionado con filtrar investigaciones policiales contra los dirigentes independentistas catalanes.

Tiene Fernández Díaz el extraño honor de ser el primer ministro del Interior al que graban una conversación en su despacho oficial, la que tuvo con De Alfonso, y luego se difunde. De aquel enredo, querellas incluidas de las que resultó absuelto, salió muy tocado. Pese a que se presentó como la víctima de una conspiración para dañar al PP, Rajoy no pudo mantenerle como ministro en la segunda legislatura.

Durante su mandato, se aprobó una Ley de Seguridad Ciudadana conocida como ley Mordaza criticada por "represiva" y censurada por toda la oposición. Los socialistas señalaron entonces que uno de los autores intelectuales de aquel texto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. La misma persona que dirigió la brigada política para buscar trapos sucios de los adversarios políticos del Gobierno.

Cuando preguntaron en el Congreso a Fernández Díaz si alguien había ordenado desde su ministerio investigar a Pablo Iglesias o a Podemos, contestó: “Desde luego, con mi conocimiento y autorización, rotundamente no”. Para investigar la supuesta financiación ilegal de Podemos, mandos policiales hicieron viajes oficiales y se reunieron con confidentes en sedes institucionales, como el Consulado de Nueva York. De aquellas gestiones y sus resultados dieron cuenta los medios de comunicación, pero Fernández Díaz asegura que ni consintió.