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La policía requisa en ‘Okdiario’ información del móvil robado a la colaboradora de Pablo Iglesias

Los agentes acudieron este viernes a la redacción, solicitaron el material y trasladaron la prohibición de publicar más contenido procedente del teléfono de Dina Bousselham

okdiario pablo iglesias
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, este viernes en un acto del partido en Gijón. EFE

Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se personaron este viernes en la redacción de Okdiario con una orden judicial para requisar el material del móvil robado en 2016 a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, y cuyo contenido apareció entre los archivos intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva. La entrada en este medio digitaldirigido por Eduardo Inda, llegó tras la presentación de un escrito de Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga al expolicía en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Tras acordar el juez la medida, los agentes acudieron a la redacción, solicitaron el material y trasladaron la prohibición de publicar más contenido procedente del teléfono móvil de Bousselham, ayudante del secretario general de Podemos durante su etapa en el Parlamento Europeo.

La asesora denunció en 2016 el robo de su smartphone, el mismo año en el que Okdiario publicó un pantallazo de un chat privado que compartía con Pablo Iglesias y otros miembros del partido en el que el líder de Podemos vertía afirmaciones despectivas sobre la presentadora de televisión Mariló Montero. Cuando los policías de Asuntos Internos que investigan el material intervenido a Villarejo encontraron un archivo con el contenido del teléfono, el juez Manuel García Castellón llamó a la Audiencia Nacional tanto a Iglesias como a Bousselham, que se personaron como acusación particular. En su primera declaración, el líder de Podemos explicó que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le llamó para decirle que había llegado a una de las revistas del grupo el contenido del teléfono y le hizo entrega del mismo porque no se iba a publicar. El propio Asensio fue citado como testigo y confirmó este asunto. También señaló que la información había aterrizado en la ya extinta Interviú procedente de una fuente anónima.

En paralelo, el juez interrogó al comisario Villarejo sobre por qué el contenido del móvil de la asesora obraba entre sus archivos. El excomisario declaró que se lo había entregado el entonces director de la revista Interviú, Alberto Pozas Fernández. Este último anunció este jueves su dimisión como director general de Información Nacional de La Moncloa después de ser acusado por Villarejo de entregarle un pendrive con los datos del teléfono robado a Bousselham. "Estoy siendo utilizado para atacar al Gobierno y al presidente. Y eso no lo puedo permitir", afirmó Pozas. La dimisión del periodista se produjo después de que haya sido citado a declarar el próximo lunes como testigo por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, según han confirmado fuentes jurídicas.

El abogado de Villarejo añadió en declaraciones a la prensa que su cliente "vehiculizó" la información del móvil en el marco de una investigación policial que estaba en marcha sobre el líder de Podemos. Las supuestas pesquisas se produjeron en 2016, cuando el partido de Iglesias estaba en pleno auge electoral y era una formación clave para la constitución de un Gobierno. Apenas 23 días después de que la formación irrumpiera en el Congreso con 69 escaños, Okdiario lanzaba la primera piedra. El digital publicó una información sobre un supuesto documento policial que afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al líder del partido y a su entorno para lanzar la carrera política del dirigente de izquierdas. Un informe que no llevaba el sello de ninguna unidad de las Fuerzas de Seguridad, pero que dio lugar a numerosos titulares durante meses.

El documento, bautizado como Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sirvió de base para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevase el caso al Tribunal de Cuentas y para que se presentasen, sobre la base de su difusión en los medios de comunicación, dos denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo contra la cúpula de la tercera fuerza política del país. Sin embargo, el documento nunca ha tenido ningún recorrido judicial y su autoría está vinculada a la llamada brigada patriótica, el grupo creado en el seno de la Policía Nacional en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz para supuestamente perseguir a adversarios políticos. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo rechazaron de forma contundente las denuncias presentadas contra la formación de izquierdas porque concluían que no existían indicios "mínimamente avalados por algún elemento objetivo que apoyen la verosimilitud" del Informe Pisa.

Los ataques contra Podemos se sucedieron durante casi medio año, con las elecciones de junio de 2016 en el horizonte, después de que ningún partido fuese capaz de formar Gobierno tras las celebradas en diciembre de 2015. Las arremetidas no cesaron tras el archivo de las dos denuncias presentadas en la Audiencia Nacional y el alto tribunal. Algunos partidos colaboraron a fomentar las sospechas de financiación irregular. El PP incluso creó en esta legislatura una comisión de investigación en el Senado donde llegó a asegurar que estaba "muy cerca" de poder afirmar que Podemos se financió ilegalmente con dinero de Venezuela e Irán. De momento, en los tribunales no saben nada de esas sospechas, pero la Audiencia Nacional sí investiga desde la semana pasada el informe que la policía patriótica fabricó en 2016 contra Iglesias. El juez Manuel García-Castellón abrió una pieza separada dentro del sumario del caso Villarejo tras descubrir los documentos que vinculan al comisario jubilado con el robo del teléfono móvil de Bousselham.

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