La Guardia Civil investiga 52 proyectos de renovables vinculados a la trama corrupta de Forestalia

La presunta trama corrupta desmantelada este martes por la Guardia Civil en una operación en la que han sido detenidos el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez y el propietario de la empresa aragonesa de renovables Forestalia, Fernando Samper, supuestamente operó desde 2022, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Al menos 52 proyectos eólicos y solares están bajo sospecha por presuntas irregularidades en su tramitación medioambiental.

La Guardia Civil cree que el ex alto cargo del ministerio habría “podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales” para que esos proyectos eólicos y solares en la provincia de Teruel pudieran salir adelante, según recoge una nota de prensa del instituto armado. A cambio habría recibido “una contraprestación económica”. Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de la misma provincia, sitúan en el epicentro de la supuesta trama corrupta a la empresa Forestalia.

En total, seis personas han sido detenidas este martes en la bautizada Operación Perserte. Además de las dos personas mencionadas, también han sido arrestados un notario, la pareja del exsubdirector y dos administradores de sociedades relacionadas con Forestalia, añaden fuentes cercanas a la operación. La Guardia Civil ha explicado a través de un comunicado que en la causa se investiga la presunta comisión de delitos de “prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”. La operación, en la que también se han practicado 12 registros, 10 de ellos en Madrid y los dos restantes en Zaragoza, continúa abierta. Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han sido los encargados de ejecutar el operativo.

Domínguez, funcionario, accedió al cargo de subdirector del área de Evaluación Ambiental, el departamento que se encarga de analizar la viabilidad de los proyectos para que tengan el menor impacto posible, en 2017, en el tramo final del mandato de la exministra del PP Isabel García Tejerina. Cuando en 2018 llegó a este departamento Teresa Ribera (POSE), comisaria europea de Competitividad desde finales de 2024, siguió en el puesto. Domínguez finalmente dejó el puesto en junio de 2023, cuando se jubiló, según fuentes del actual equipo del Ministerio para la Transición Ecológica. No obstante, permaneció unos meses en el departamento, hasta diciembre de 2023, como asesor, según las mismas fuentes. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento seguirá ofreciendo “máxima colaboración” a la justicia, y ha recordado que este “ex alto cargo” dejó de “trabajar en el ministerio hace más de dos años”.

Por su parte, Samper (Zaragoza, 1964), es el dueño de la empresa de renovables Forestalia, que con una agresiva política de expansión ha logrado hacerse un hueco importante en el sector de las energías eólica y solar tramitando proyectos, especialmente, en su comunidad autónoma. Los grupos ecologistas lo han puesto en el punto de mira por el megaproyecto eólico denominado Clúster Maestrazgo, con decenas de molinos en las provincias de Teruel y Castellón.

Pero la investigación que ha derivado este martes en las detenciones y registros va más allá de este proyecto e incluye más de medio centenar de proyectos, explican fuentes cercanas a la investigación. Para tramitar sus parques, Forestalia recurría a la creación de decenas de sociedades, según pudo corroborar una investigación de EL PAÍS en 2023. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que algunos de los proyectos investigados también fueron tramitados ante el Gobierno de Aragón.

Desde el instituto armado se ha precisado que esta causa tiene su origen en la posible “manipulación” de declaraciones de impacto ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos que habría beneficiado presuntamente a Forestalia. Según la nota de la Guardia Civil, para “mover” y ocultar el origen del dinero que presuntamente recibía el ex alto cargo por sus favores, “los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación”. Se trata, explican fuentes próximas a la investigación, del notario que también ha sido detenido.

Más allá de ese presunto cobro de comisiones, la investigación examina si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, “tales como la afección a la avifauna y quirópteros [murciélagos], el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo”.

Este es el segundo registro que se realiza en las sedes de Forestalia en pocos meses, después de que el pasado 11 de diciembre acudieran a la esta empresa agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entonces, se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, un día después del arresto de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.