Cerco judicial a la ‘brigada política’

En abril de 2017, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dio el primer paso para destapar las actividades presuntamente irregulares de la llamada policía patriótica, un grupo de agentes que durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno había actuado supuestamente contra rivales políticos del PP.

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El magistrado se limitó entonces a dictar un auto dentro del caso Pujol en el que instaba a los juzgados ordinarios de Madrid a investigar al señalado como uno de los responsables del grupo policial, el comisario Eugenio Pino —antiguo número dos de la policía, que entonces ya se había jubilado— y a uno de sus subordinados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Ambos eran sospechosos de intentar incorporar al sumario sobre el enriquecimiento del clan del expresidente de la Generalitat un pendrive con más de 869 documentos sobre Jordi Pujol Ferrusola sin acreditar su origen. El juez consideró que la actuación de ambos agentes podía ser delictiva, pero que la Audiencia Nacional no era competente para investigarla.

Aquel primer paso del juez De la Mata ha sido seguido en estos dos años por otros magistrados, entre ellos el del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, en el que recayó, precisamente, la causa del pendrive de los Pujol. A lo largo de más de un año, este magistrado tomó declaración como imputados a los dos agentes y a un tercero —sobre el que finalmente sobreseyó la causa—. También llamó como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo, hoy encarcelado, y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el también comisario Marcelino Martín-Blas.

En el auto por el que el pasado noviembre transformó las diligencias en procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral— el juez concluía que Pino y su subordinado se concertaron “para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola”. Por todo ello, los acusaba de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secreto.

Grabación ilegal

También cerca ya del banquillo de los acusados está Villarejo, el integrante más célebre de la policía patriótica. En este caso, por el proceso del Pequeño Nicolás. El pasado febrero, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió cuatro años de prisión para él como autor de un delito de revelación de secretos por la grabación ilegal de una reunión entre policías y agentes del CNI que investigaban al presunto estafador. La grabación, realizada el 20 de octubre de 2014, fue posteriormente publicada por varios medios.

A finales del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea —que hasta el pasado 31 de diciembre fue magistrado de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6 y, por tanto, dirigía la investigación del caso Villarejo— ya había iniciado pesquisas por la llamada Operación Kitchen, el espionaje entre 2013 y 2014 al extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno familiar sin ningún control judicial para supuestamente arrebatarle documentos comprometedores para los populares. De Egea investiga desde entonces el supuesto desvío de fondos reservados para pagar, entre otros, al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por su labor de confidente. En esta pieza del sumario, que permanece secreta, ya están imputados los principales integrantes de la brigada patriótica. Por la Audiencia Nacional han pasado a declarar el comisario Pino, el propio Villarejo y los también comisarios Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín-Blas. 

También han sido imputados los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano —ambos destinados en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía el comisario Pino— y el propio Sergio Ríos, quien tras dejar de ser el conductor de Bárcenas ingresó en la policía. En total, en la llamada Operación Tándem, en la que se investigan las actividades supuestamente irregulares de Villarejo, hay imputados 15 agentes de la Policía Nacional, seis de ellos comisarios.

La apertura, ahora, de la investigación sobre el supuesto espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha convertido en un nuevo frente judicial para la policía patriótica. Por el momento, el comisario Villarejo ya ha declarado ante el juez que ahora instruye la causa, Manuel García-Castellón. Este jueves, el comisario jubilado, encarcelado desde su detención, en noviembre de 2017, ha admitido que tenía en su poder el contenido de un teléfono móvil de una colaboradora del líder de Podemos. También que su labor de espionaje sobre Iglesias formaba parte de una “investigación policial”. Fuentes jurídicas apuntan a que en los próximos días serán citados a declarar como imputados más integrantes de la brigada patriótica después de que Villarejo apuntase a que la información que recabó en sus pesquisas sobre Iglesias la “vehiculizó en el ámbito policial”.

Sumarios en peligro

El rastro judicial de este polémico grupo de agentes no se reduce, sin embargo, a la imputación de sus miembros. Al menos cuatro sumarios han estado en peligro por sus actividades. Además del caso Pujol —el que obligó al juez De la Mata a enviar sus sospechas sobre el pendrive fantasma a un juzgado de Madrid— y el del Pequeño Nicolás, también se ha visto salpicado el sumario abierto en un juzgado de Estepona por la compra de un ático por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En 2012, esta investigación ya fue entorpecida por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ordenó dar carpetazo a la operación policial que se había iniciado solo 46 días antes. Una vez reabierta, Villarejo irrumpió con una grabación y varias “notas internas” que implicaban al expresidente madrileño. La presencia como testigo del comisario ha servido de excusa a González para pedir en dos ocasiones el archivo de la causa por considerar que está contaminada.

A estos casos se suman el de las supuestas amenazas denunciadas en un juzgado de Andorra por Higini Cierco, accionista mayoritario de Banca Privada d’Andorra (BPA), y que salpica al sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid por el presunto blanqueo de capitales en el Banco de Madrid, filial del BPA. Cierco aseguró que en 2014 el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas, le exigió los datos bancarios de los Pujol bajo la amenaza de acabar con su banco. El banquero esgrimió como prueba de estas maniobras unos documentos que Villarejo ha reconocido como suyos y veraces. La Audiencia Provincial de Madrid debe decidir en breve si, como ha planteado el juez instructor, da carpetazo a la causa.