_
_
_
_

Un expresidente del Real Madrid confiesa el pago de una mordida de 25 millones a la Gürtel dos décadas después

El constructor Fernando Martín, a quien la Audiencia Nacional prevé juzgar a partir de este lunes por el mayor pelotazo de la trama, intenta evitar su ingreso en prisión

Fernando Martín (derecha), a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, este lunes, junto a su abogado Javier Sánchez-Vera (izquierda).
Fernando Martín (derecha), a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, este lunes, junto a su abogado Javier Sánchez-Vera (izquierda).Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
J. J. Gálvez

El constructor Fernando Martín, quien fuera presidente de la promotora Martinsa y del Real Madrid, ha admitido que coordinó y participó en el pago de una comisión de 25 millones de euros a la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa, para asegurarse la adjudicación de un pelotazo inmobiliario en Arganda del Rey (Madrid) entre 2004 y 2006, cuando el PP gobernaba en dicho municipio. Dos décadas después, Fernando Martín ha enviado un escrito firmado a la Audiencia Nacional para confesar su implicación en la red de corrupción y ofrecer detalles de la operación. El constructor, que está previsto que sea juzgado a partir de este lunes por esta parte de la investigación que aún queda pendiente, busca así evitar su entrada en prisión, al cerrar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba para él casi 20 años de cárcel.

En el escrito remitido al tribunal, fechado este 3 de febrero y al que ha tenido acceso EL PAÍS, Martín describe cómo Correa contactó con él entre finales de 2003 y principios de 2004 para “ofrecerle su intermediación ante las autoridades políticas de Arganda”, en manos del PP (partido en el que la trama había anidado). Explica cómo se vieron después en el hotel Fénix Gran Meliá de Madrid para cerrar los pormenores del amaño; y cómo, tras esa cita, tuvieron más conversaciones para convenir el tamaño de la mordida. “Se acordó que, a cambio de garantizar la adjudicación a favor de Martinsa, Francisco Correa cobraría de Fernando Martín una dádiva de 25 millones de euros, acordando que 12 millones se abonarían cuando el Ayuntamiento adjudicara las parcelas a Martinsa y el resto conforme avanzara la ejecución, en el bien entendido de que desde el Ayuntamiento no se pondrían trabas”, recuerda sobre el mayor pelotazo de la red corrupta.

Fernando Martín, durante una entrevista para EL PAÍS en 2006.
Fernando Martín, durante una entrevista para EL PAÍS en 2006.Luis Magán (Luis Magán)

El constructor remacha que era “consciente” de que una parte de esa mordida, que cubrió con ayuda de otros dos empresarios, “tendría como destinatarios” a los responsables de urbanismo del Consistorio. Y así lo respalda el propio Correa en otra carta de confesión remitida a la Audiencia Nacional, fechada este 27 de enero: “Una vez cerrada la operación, sentí la obligación de compartir parte de mi beneficio con Ginés y Benjamín”, en referencia al entonces alcalde popular de Arganda, Ginés López, y al entonces consejero delegado de la Sociedad de Fomento de la localidad y exdiputado autonómico, Benjamín Martín Vasco. Es más, en un tercer escrito enviado por el exregidor al tribunal, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, Ginés López reconoce que maniobró en favor de Martinsa en este proyecto millonario, así como en otras adjudicaciones a la trama Gürtel: “Y, fruto de ello, Correa me ofreció y acepté entregas en efectivo y regalos”.

Fernando Martín, de 77 años, fue un poderoso e influyente hombre de negocios. Creador del grupo inmobiliario Martinsa en la década de los noventa, se le consideraba uno de los mayores propietarios de suelo en España, con participación accionarial en importantes compañías como Unión Fenosa, BBVA y Banco Santander. Además, entró en la cúpula directiva del Real Madrid en el año 2000 de la mano del también empresario y constructor Florentino Pérez, a quien sustituyó en la presidencia del club en febrero de 2006 —cargo que dejó a los dos meses, obligado a dimitir por la junta directiva después de negarse a convocar elecciones—. Tras estallar la crisis financiera de 2007, Martinsa quebró en 2008 y anunció la mayor suspensión de pagos de la historia del país.

En su escrito, Fernando Martín admite cinco delitos: uno de prevaricación, uno de fraude a las administraciones públicas; uno de cohecho; y dos contra la Hacienda Pública. Por ellos, tras alcanzar un acuerdo con el ministerio público, su defensa acepta que se le impongan tres años de inhabilitación; tres años y cuatro meses de prisión por el total de delitos (aunque ninguna de las penas por separado para cada uno de ellos supera los dos años); y el pago de una multa de más de 270.000 euros.

La defensa también pide que se le apliquen los atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño (en octubre de 2024 procedió a “abonar directa e íntegramente” a la Agencia Tributaria más de medio millón de euros por “la responsabilidad civil ―principal e intereses― derivada de los delitos fiscales”). A su vez, solicita que se suspenda su entrada en la cárcel al “concurrir” los requisitos excepcionales previstos en el Código Penal (ninguna de las penas por separado supera los dos años de reclusión).

El pelotazo millonario

Las irregularidades admitidas por Fernando Martín se centran en el llamado proyecto UE-124 (Unidad de Ejecución 124), “una pieza estratégica de desarrollo urbano” de Arganda, donde “el Ayuntamiento tenía la propiedad mayoritaria del suelo”, en palabras del propio exalcalde Ginés López. Según cuenta el constructor, Correa contactó con él a sabiendas de que su promotora tenía especial interés en hacerse con ese plan de desarrollo urbanístico desde finales de los noventa, y le prometió que podía intervenir ante las “autoridades políticas” del municipio para “garantizarle la adjudicación del concurso”.

El escrito de confesión ahonda en que ya en la primera reunión en el hotel Fénix se pactó que Correa se llevaría una mordida; pero que, debido a la “complejidad” del proyecto por sus “dimensiones”, se sucedieron más contactos para “concretar” el desarrollo del plan y cómo se abonaría la comisión. Se acordaron dos entregas de dinero. “Con su pago fraccionado, Fernando Martín quiso asegurar que, en caso de que surgieran vicisitudes en la ejecución, el Ayuntamiento no pondría pegas”, resalta la defensa del exmandatario del Real Madrid.

De esta forma, según detalla el procesado, un mes después de que el consejo de administración de la Sociedad de Fomento aprobase la adjudicación de las parcelas en favor de Martinsa en noviembre de 2004, se transfirieron los primeros 12 millones de euros a una cuenta de una empresa de Correa en el extranjero. Un año y medio más tarde, en junio de 2006 y ante el avance del proyecto, se le hizo el segundo abono de casi 13 millones de euros “desde la cuenta controlada por Fernando Martín en la entidad Lloyds TSB Bank a nombre de la sociedad Cedargrove INV a la cuenta Soleado que Arturo Fasana, gestor financiero de Francisco Correa, tenía en Suiza”.

Francisco Correa, ante la Audiencia Nacional.
Francisco Correa, ante la Audiencia Nacional.Fernando Villar (EFE)

“En efecto, el proyecto experimentó modificaciones que, al entender de Fernando Martín, respondían a cuestiones meramente comerciales, pero que desde la legislación urbanística suponían irregularidades”, continúa el escrito del constructor, que incide en que se habían concertado con el Ayuntamiento las “condiciones que hacían atractiva la inversión” para su compañía. “Martinsa fue pretendiendo y presentando modificaciones en orden a aumentar el número de viviendas a cerca del doble de las inicialmente previstas, lo cual fue aceptado por el Ayuntamiento de Arganda sin reparo, a la vista del plan preconcebido y de no poner trabas durante la ejecución”.

El reparto de los pagos

Fernando Martín asegura que implicó también en el amaño a otros dos empresarios, que cubrieron una parte de la mordida millonaria: Manuel Salinas y Amando Mayo. “Salinas tenía una empresa que, entre otros, vendía y montaba cocinas en viviendas de nueva construcción, como sería el caso de esta nueva promoción. Por ello, Fernando Martín le ofreció participar en la operación, para lo cual le dijo que él tendría que aportar también una parte importante de la ilícita comisión”. Mayo era un asesor financiero, conocido del promotor inmobiliario.

Según recalca Martín y ratifica Mayo en otro cuarto escrito de confesión, Salinas se hizo cargo del pago de los primeros 12 millones a través de sus cuentas. Y, según la versión de ambos, el abono de los 12,8 millones restantes se hizo de la siguiente forma: Fernando Martín puso siete millones; Mayo, dos millones; y Salinas, otros cuatro millones más.

El aviso a Aguirre y a Rajoy

En 2009, tras el estallido del caso Gürtel, EL PAÍS publicó que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, entonces gerente y tesorero nacional del PP, advirtieron en noviembre de 2004 a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de la parcela municipal UE-124, con respaldo de los principales cargos municipales del PP. Años después, en 2013, Aguirre confirmó esa reunión al declarar en la Audiencia Nacional como testigo: "A finales del año 2004, cuando yo acababa de ser elegida presidenta del PP de Madrid, el entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta, me cita en la sede del partido. Y en el despacho de su presidente, Mariano Rajoy, y en su presencia, me advierte de que en dos municipios de la Comunidad de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos Ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado. [...] La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos Ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado. [...] Inmediatamente llamé a los alcaldes de ambos Ayuntamientos. Primero al alcalde de Arganda, Ginés López, quien me dijo que la parcela ya estaba adjudicada, a precio tasado, que el procedimiento era absolutamente legal y que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos. Esto último resultó ser falso, pero es lo que me dijo. Por indicación del alcalde llamé también a Benjamín Martín, que era el jefe de la empresa de suelo de Arganda, quien me dijo exactamente lo mismo".


Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_