Rodrigo Rato alega que se “vulneraron” sus derechos al condenarlo a cárcel por segunda vez

Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar (PP), ha lanzado el contraataque contra su segunda condena de cárcel: los cuatro años y nueve meses de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid el pasado diciembre por el supuesto origen ilícito de su fortuna. La defensa del exdirigente popular, que ya fue sentenciado en 2017 a otra pena de cuatro años y medio de reclusión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, alega que el tribunal provincial vulneró varios de sus derechos fundamentales —entre ellos, el de presunción de inocencia— y que, además, cometió “errores” al valorar las pruebas que se presentaron contra él.

En un escrito dirigido a la Audiencia de Madrid, al que tuvo acceso EL PAÍS y donde la defensa avanza que acudirá al Tribunal Supremo, la abogada de Rato enumera las múltiples alegaciones que desarrollará en su futuro recurso. En primer lugar, la letrada María Massó expone que se vulneraron varios derechos de su cliente durante la instrucción y el juicio: entre ellos, el de la inviolabilidad del domicilio, la intimidad y el secreto de las comunicaciones —en la vista ya trató de anular los registros en la vivienda del exvicepresidente—. También asegura que se violaron sus derechos a un proceso con todas las garantías; a “no ser sometido a investigaciones prospectivas”; “a la igualdad en la aplicación de la ley”; y a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (es decir, en caso de duda, fallar en favor del procesado).

A este respecto, la abogada de Rato añade que la Audiencia de Madrid aplicó de forma incorrecta más de media docena de artículos del Código Penal. “Y existen errores en la apreciación de la prueba”, remacha el documento de la defensa. El pasado diciembre, tras conocer la sentencia, el exdirector gerente del FMI la calificó de “injusta”, además de denunciar su “falta de base jurídica”. “Pese a todo, sigo confiando en la justicia”, apuntó.

El tribunal de la Audiencia de Madrid que lo juzgó, presidido por la magistrada Ángela Acevedo, consideró acreditado que el expolítico cometió tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. La condena es muy inferior a la pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó una sentencia de 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares. La fiscal que ha llevado el caso, Elena Lorente, acusó a Rato de haber gestionado un “enorme patrimonio en el extranjero” y de haber eludido impuestos a través de un entramado societario, desde al menos 1999 y hasta 2015. Por ello, le atribuyó un fraude a Hacienda de unos 7,5 millones de euros. El ministerio público ha anunciado también su recurso ante el Tribunal Supremo, que se centrará en el delito de blanqueo, según confirmaron fuentes jurídicas.

Tras celebrar el juicio —que duró cinco meses (un total de 56 sesiones comprendidas entre el 15 de diciembre de 2023 y el 17 de mayo de 2024)—, el tribunal entendió que Rato ocultó sus fondos al erario público, pero que solo se daban los requisitos legales para castigar penalmente en tres años: en 2006, cuando ya era directivo del FMI, y en 2013 y 2014, cuando prestó trabajos de asesoramiento a empresas.

Sobre el primer ejercicio, la Audiencia de Madrid resaltó que, aunque residía en Washington, “su principal fuente de actividad económica” seguía estando en España: “Las sociedades que le pertenecían o en las que participaba, sus cuentas corrientes y productos bancarios españoles, los inmuebles de su propiedad o de la de sus sociedades, y sus inversiones financieras”. El exministro controlaba “personalmente” todos los movimientos, ya que daba “órdenes e instrucciones” directas a los empleados de sus sociedades, según señaló la sentencia, que concluyó que fue incorrecta la declaración tributaria especial que presentó al acogerse a la amnistía fiscal que impulsó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sobre los otros dos ejercicios, la Audiencia asumió la tesis de Anticorrupción y la Abogacía del Estado y responsabilizó al exdirigente del PP de no tributar adecuadamente los trabajos de asesoramiento a empresas como Telefónica. Rato facturó dichos servicios a través de una de sus sociedades, como si fuera esta la que los realizó, cuando realmente los hizo él. Por tanto, el tribunal consideró que el exbanquero debía haber incluido estos honorarios en sus declaraciones de IRPF.

La baja condena también se debe a que el tribunal aplicó una rebaja a la pena por corrupción entre los negocios por dilaciones indebidas. De este modo, los magistrados estimaron una de las exigencias de la defensa del también expresidente de Caja Madrid y Bankia por los más de nueve años que ha durado el procedimiento —la investigación por el origen de su fortuna se inició en abril de 2015—. Sin embargo, rechazó el resto nulidades en el procedimiento planteadas sobre los registros de su domicilio y oficinas, así como las críticas a los investigadores, que ahora se elevan al Tribunal Supremo.