Medina dice que “no tenía obligación” de informar al Ayuntamiento de su comisión millonaria por las mascarillas

El empresario Luis Medina, hijo del fallecido decimonoveno duque de Feria y de la modelo Naty Abascal, ha tratado de defenderse este martes desde el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. Durante cerca de una hora, Medina ha declarado ante el tribunal que le juzga por la supuesta estafa que urdió junto a su socio Alberto Luceño contra el Ayuntamiento de la capital en lo peor de la pandemia de coronavirus, cuando se embolsaron seis millones de euros en comisiones por intermediar en la compraventa de material sanitario. El Consistorio mantiene que les engañaron al ocultar que iban a quedarse una parte del dinero. Una imputación que Medina ha intentado contrarrestar. Según su versión, él tampoco le dijo al Consistorio que iba a participar “gratis” en esa operación.

—Pero, ¿en algún momento le dijo [al Ayuntamiento] su interés en la operación? —le ha interpelado el fiscal.

—No. No tenía obligación de decirlo. Tampoco me lo preguntó —se ha escudado el procesado.

La Fiscalía Anticorrupción reclama nueve años de cárcel para Medina por estafa y falsedad documental; y 15 años para Luceño, al que también atribuye un delito fiscal. Al dar por finalizada su investigación, el juez instructor Adolfo Carretero concluyó que los empresarios contactaron en marzo de 2020 con la Administración local (desesperada entonces ante la “imperiosa necesidad” que tenía de obtener un material sanitario que escaseaba) y le hicieron creer que la ayudarían de forma desinteresada. En cambio, según el sumario, inflaron los precios de los productos sanitarios, a la vez que ocultaban que se quedarían con una parte del dinero generado.

Los dos imputados rechazan esa tesis. Es más, Medina ha tratado este martes de hacer hincapié en que, pese a que ganaron una fortuna con ese negocio, ellos querían “ayudar” al Consistorio de Madrid. “Nuestra intención, de verdad, era ayudar para que llegara material. Era nuestro granito de arena a aportar”, ha reiterado el hijo del duque de Feria: “Yo lo que le dije es que venía a ayudarlos”.

A lo largo de su declaración, Medina ha intentado normalizar su actuación en aquellas jornadas de caos sanitario. El hijo del duque de Feria siempre ha negado la estafa y se ha presentado como un hombre de negocios centrado en la importación y exportación, con una intensa actividad en ese momento. “Estábamos tratando tantos productos en un periodo tan corto...”, ha recordado sobre aquella etapa. “El mercado estaba roto. Había una fortísima demanda y no había oferta”, ha expuesto para tratar de justificar la gran cantidad de dinero que se embolsaron por las operaciones con el Consistorio —seis millones de euros entre los dos—. El sumario señala que, además de no advertir al Ayuntamiento de que se llevarían una comisión, inflaron los precios del material suministrado: el de las mascarillas, un 60%; el de los guantes de nitrilo, un 81%; y el de los tests, un 71%.

—¿A qué pacto llegó con Luceño? —se ha lanzado el fiscal.

—No llegué a ningún pacto —ha respondido Medina.

—¿No hablaron de las comisiones que iban a cobrar?

—Por anticipado no podíamos saberlo.

Luis Medina ha descargado en su socio parte de la responsabilidad de la operación, pero sin llegar a atribuirle ningún delito. Según ha asegurado el hijo del duque de Feria, él nunca conversó con la empresa de Malasia (Leno Sdn Bhd) que suministró el material. A su vez, ha tratado de desvincularse de la venta de los guantes y de los tests, alegando que nunca llegó a cobrar una comisión por ellos —aunque la acusación le ha sacado un email para evidenciar que sí tenía la intención de hacerlo—. Y, además, ha aseverado que tampoco se encargó de fijar el precio de las mascarillas: “Eso se lo tendrá que preguntar a Luceño porque yo no participé”, ha remarcado.

Sus palabras han generado un enorme recelo en el ministerio público: “¿Qué tipo de comisiones se manejaban con otros clientes?”, le ha preguntado. “De todo tipo. Había comisiones muy altas”, ha contestado, antes de evitar señalar a su antiguo socio por el reparto del dinero. La Fiscalía sospecha que Luceño le engañó y que él se quedó con la mayor parte: cinco millones de euros, frente al millón que se transfirió a las cuentas de Medina. “Alberto me dice lo que voy a cobrar yo, lo que va a cobrar él...”. ¿Le dijo que iban a ir a partes iguales? “No, se habló de una distribución... [...] Con lo recibido, me di por satisfecho”. Esa frase (“me doy por satisfecho”) la ha repetido varias veces.

Medina ha admitido que se gastó ese millón que ganó en, por ejemplo, un yate que registró en Gibraltar a nombre de una empresa —que tenía entonces junto a su hermano— y al que llamó Feria.

La “elusión fiscal”

La primera parte de la sesión de este martes ha infligido un importante golpe a los intereses de Luceño. Antes de las declaraciones de Medina, el tribunal ha escuchado el testimonio de una inspectora de Hacienda, que ha disparado reiteradamente contra su socio. Según ha dicho, Luceño tejió una trama societaria para eludir el pago de impuestos por las operaciones de la compraventa de material sanitario: tributó a través del IS (Impuesto de Sociedades), en lugar de por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). “Eso le permitió ahorrarse la diferencia entre el 15% [que pagó por el IS] y el 43% [que debía abonar por el IRPF]”, ha subrayado la perito.

Para ello, según concluyó el sumario, Luceño creó “ex profeso” en 2020 una empresa (Takamaka Invest) para poner en marcha un mecanismo de “elusión fiscal”. La técnico ha destacado que esa compañía “simuló” servicios para que pareciera que dicha sociedad se había encargado de la compraventa bajo sospecha, cuando realmente había sido el acusado como persona física quien la había llevado a cabo. En esa línea, las pesquisas apuntaron que Luceño, incluso, creó esa empresa después de haber ejecutado las operaciones y después de haber cobrado las comisiones. El juez instructor calculó que, de esta forma, dejó de pagar a Hacienda más de 1,3 millones de euros.

Dos agentes de la Policía Nacional han declarado también este martes que Luceño poseía varios documentos supuestamente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), entre ellos un carné a su nombre, que son “íntegramente falsos”. La vista seguirá este miércoles con el interrogatorio a Luceño. Una vez que acabe, las partes podrán exponer sus conclusiones e informes finales. Es la última jornada prevista por la Audiencia de Madrid, aunque no se descarta que haya que habilitar otro día.