El fiscal pide 15 de cárcel para Luceño y 9 para Medina por la estafa de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid

El fiscal del llamado caso mascarillas de Madrid ha pedido 15 años de cárcel para el comisionista Alberto Luceño y 9 para su socio Luis Medina, a los que acusa de estafar al Ayuntamiento de Madrid con el único objetivo de “enriquecerse exageradamente” en el peor momento de la pandemia de covid, con comisiones y sobreprecios desorbitados en la venta de material sanitario. El ministerio público considera a ambos autores de un delito continuado de estafa agravada y de otro de falsedad en documento mercantil, pero carga las tintas sobre Luceño como urdidor de todo el timo, falsificador y engañador de su propio socio. El escrito precisa que el Ayuntamiento pagó casi 12 millones de euros por mascarillas, guantes y test, de los que 5,1 millones acabaron en las cuentas de Luceño y un millón, en las del hijo del duque de Feria. La Fiscalía precisa que el consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida fue, “con gran diferencia”, el municipio de España que más caras pagó las mascarillas y los test covid. También se solicita que Luceño pague una multa de casi seis millones de euros y que ambos abonen 7,8 millones en indemnizaciones a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que fue la que puso el dinero.

El fiscal Luis Rodríguez Sol ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales un mes y medio después de que el magistrado Adolfo Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, propusiera sentar en el banquillo a los dos comisionistas por la supuesta estafa millonaria que tendieron al Ayuntamiento de Madrid. El fiscal explica que, en marzo de 2020, cuando la pandemia acababa de estallar, España había sido confinada y morían cientos de personas al día, Luis Medina tomó contacto con el Ayuntamiento de Madrid, presentándose como un intermediario que ya vendía a gobiernos europeos, pero con la vista en hacer negocios.

El ministerio público considera que ya estaban tramando “enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”.

A Luceño el fiscal lo acusa de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra la Hacienda `pública, mientras que al hijo del duque de Feria y la modelo Naty Abascal, Luis Medina, lo considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa de material sanitario en la que, según la investigación, ambos se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones. O como decía Luceño, se llevaron ese dinero “pa la saca”. Pero las comisiones no se repartieron por igual: Luceño engañó a su amigo, y se embolsó más de cinco millones, mientras Medina se llevó un millón. Todo dinero de los madrileños.

El escrito detalla que los precios de los materiales sanitarios “los impuso Luceño al Ayuntamiento”, al que aseguró que era lo que pedía el exportador. Pero ocultaba que estaba cobrando el producto con sobreprecio y comisiones para él de “aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test”. En una de las partidas de mascarillas, se lee, el precio real era de 2,68 millones, pero “los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto”. La estafa pudo ser mayor, pero los productos fallaron y la relación decayó.

En su escrito, además de la pena de cárcel, Anticorrupción pide para Luceño una multa total de 5,6 millones de euros, mientras que para Medina solicita 450.000 euros, y reclama que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con la cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento. Además, exige que ambos afronten solidariamente una indemnización de 7,82 millones de euros, cantidad que se eleva en 1,351 millones para Luceño que debería pagar a Hacienda. El fiscal quiere también que se decomisen los bienes actualmente embargados a ambos, así como “cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina”.