La Policía concluye que los documentos del CNI encontrados al comisionista Alberto Luceño son falsos

Un nuevo frente se le abre a Alberto Luceño, el comisionista investigado por estafar supuestamente al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario defectuoso en lo peor de la pandemia, junto a su socio Luis Medina. La Policía Nacional ha comunicado que los documentos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) intervenidos a Luceño son “íntegramente falsos”. Los agentes llegan a esa conclusión tras analizar al detalle la “tarjeta de identidad profesional del CNI” y la “placa” que se encontraron en casa del empresario durante un registro, según consta en un informe enviado al Juzgado de Instrucción 47 de la capital, que mantiene imputados a los dos sospechosos.

Este informe, elaborado por la Policía Científica y al que tuvo acceso EL PAÍS, inflige al socio de Medina un duro varapalo. Mientras Luceño trata de presentarse como un experimentado “agente” en la exportación de productos, los indicios contra él se acumulan en el sumario. De hecho, los investigadores también han sospechado que el comisionista, u otra persona de habla hispana, se encuentra tras los correos electrónicos remitidos al juzgado en nombre del empresario asiático San Chin Choon para respaldar la versión de los dos imputados. “[Esos emails] presentan varias incorrecciones gramaticales que evidencian que han sido redactados por alguien que no solo no habla correctamente inglés, sino que tiene el español como lengua materna”, expuso la Fiscalía Anticorrupción en un escrito.

Fue dicha posibilidad la que provocó, precisamente, que el juez Adolfo Carretero autorizara los registros del domicilio y la empresa (Takamaka Invest S. L.) de Luceño. Una orden que se ejecutó el pasado 22 de septiembre. Durante dicho operativo, los agentes se llevaron tres cajas de cartón llenas de efectos informáticos, además de dos bolsas de plástico con documentación “en formato papel”, según consta en las actas que levantaron las fuerzas de seguridad. Pero también se encontraron con un material que no esperaban: los documentos del CNI, así como “seis hojas con impresiones de imágenes” del “CNI, DSN (Departamento de Seguridad Nacional), Ministerio de Defensa y Cuerpo Nacional de Policía”.

Tras analizar los documentos, los agentes han averiguado que Luceño se presentaba en la tarjeta de identidad del CNI como “asesor de seguridad”. También han concluido que ese carné y la placa son falsos. “Se han detectado una serie de irregularidades” en ellos, aunque presentan “semejanza con los auténticos” para hacerlos pasar por verdaderos, según resume la Policía.

Entre otros aspectos, los investigadores destacan que el carné no incluye un chip que lleva este tipo de identificaciones oficiales, y “en su lugar presenta la leyenda ‘asesor de seguridad”. Además, “el holograma ha sido simulado mediante impresión y no cumple los requisitos técnicos de los dispositivos ópticamente variables”, apostilla el informe, que añade: “En el reverso aparece simulada, en la esquina inferior izquierda, una imagen codificada con la leyenda ‘Reino de España’, la cual solo debería ser visible con una lente descodificador y no a simple vista”.

Sobre la placa, la Policía Científica explica que, “si bien en una primera comprobación presenta similitudes con las auténticas (material metálico, color dorado, escudo del CNI...)”, al efectuar un examen detallado se “constatan una serie de discrepancias relativas a su característica morfológica y estética, como son el tamaño, forma y disposición de los rayos dorados que se superponen en el centro, la Corona Real y el color de la leyenda del escudo del CNI”. Igualmente, le falta un código alfanumérico que este tipo de identificación incluye en el reverso.

El juez mantiene imputados a Medina y Luceño por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios se embolsaron casi seis millones de euros al engañar al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y pruebas en la primera fase de la pandemia. “Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado”, recalcó el instructor en una resolución: “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los test en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”.