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El juez propone sentar en el banquillo a Medina y Luceño por la presunta estafa millonaria de las mascarillas

El magistrado Carretero procesa a los comisionistas por embolsarse seis millones de euros tras engañar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia

El comisionista Luis Medina, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en abril de 2022. Foto: KIKE PARA (EL PAÍS) | Vídeo: EPV
J. J. Gálvez

El magistrado Adolfo Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha propuesto este lunes sentar en el banquillo a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, imputados por una supuesta estafa millonaria cometida contra el Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia de covid. El juez da así por terminadas las pesquisas y procesa a los dos empresarios por estafa agravada, falsedad documental y delito fiscal —este último, solo atribuido a Luceño—. Sin embargo, Carretero descarta el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes. Hace meses que ya desechó la tesis de que estuvieran implicados cargos del Consistorio.

A través de una resolución de ocho páginas, el juez describe la intrincada trama diseñada presuntamente por los sospechosos para enriquecerse a costa del erario público. Una idea que brota nada más estallar la crisis sanitaria y decretarse el estado de alarma, cuando millones de españoles se encerraron en sus casas y vivían atemorizados por un virus que arrebató decenas de miles de vidas en el país. Es justo entonces, dice el magistrado, cuando Luceño y Medina se “aprovecharon” de la “imperiosa necesidad” que tenía el Ayuntamiento de la capital por obtener material sanitario; y “urdieron un plan” para suministrar guantes, mascarillas y test de covid al Consistorio, procedentes de una empresa malasia llamada Leno. Ellos fingían que actuaban supuestamente de forma “altruista”, pero inflaron los precios para embolsarse casi seis millones de euros en comisiones.

Ambos intermediarios se beneficiaron de la “laxitud en los controles” de contratación de la Administración, que saltaron por los aires durante la pandemia debido “a la urgencia y necesidad de obtener material sanitario”. Pero los dos socios no jugaron el mismo papel, según describe Carretero. Medina, hermano del duque de Feria, fue el “facilitador”, quien gracias a sus contactos logró desembarcar en el Ayuntamiento. Por su parte, Luceño fue “el auténtico gestor del negocio criminal”, quien mantenía la comunicación con Leno y quien, incluso, llegó a engañar a su socio en el reparto de comisiones. La Fiscalía Anticorrupción señalo que él se quedó con cinco millones, frente al millón que acabó en las cuentas de Medina.

El relato del magistrado es contundente: “Medina, valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del [fallecido] duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión, [...] obtuvo el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida”. El familiar del regidor le facilitó entonces a Medina el email de la persona encargada de la compra de material sanitario en el Consistorio. “De este modo tan rápido y eficaz —al margen del correo general de ofertas del Ayuntamiento y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes—, Medina proporcionó los datos necesarios a su amigo Luceño para que iniciase las gestiones de la oferta del material sanitario”.

En contacto ya con el personal del Consistorio, los comisionistas ocultaron que ellos iban a recibir enormes remuneraciones por las operaciones de compraventa, además de esconder “su nula experiencia en temas de material sanitario”, según incide el juez. Pero además, según apostilla en el auto de procesamiento, engañaron a la Administración al inflar el precio de las mascarillas en un 60%; el de los guantes, en un 81%; y el de los test, en un 71%. Posteriormente, Luceño y Medina entregaron presuntamente a sus bancos documentación falsificada para justificar la ingente cantidad de dinero que habían ingresado.

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Los delitos imputados

La investigación permitió averiguar que Luceño ocultaba en su casa más documentos falsificados, como un carné y una placa del CNI, y 78 versiones de una carta firmada por el alcalde Almeida. También, la Agencia Tributaria concluyó que el socio de Medina había diseñado una trama societaria para defraudar a Hacienda más de un millón de euros.

El juez Carretero atribuye a Medina el delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. A Luceño le imputa los mismos, además de falsedad en documento público y un delito fiscal. El magistrado descarta el blanqueo de capitales: “Los investigados no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones, ni intentaron hacer desaparecer el mismo en el circuito financiero, sino que lo emplearon después de ingresarlo en sus cuentas [...] en la adquisición de los bienes y productos que se detallan minuciosamente en la querella de la Fiscalía Anticorrupción”. Entre otros, los sospechosos adquirieron coches de alta gama, un velero y una vivienda.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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